La Junta exige a Rajoy en los juzgados la inversión que prevé el Estatuto

Se acabó la espera. La Junta de Andalucía, a través del consejero de Economía, Antonio Ávila, ha formulado el requerimiento previo al contencioso administrativo para exigir al Gobierno central el pago de las inversiones previstas en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, una norma que obliga al Estado a destinar a Andalucía durante siete años un porcentaje de inversión acorde al peso poblacional en el conjunto del país, en torno al 17,8%. En los ejercicios 2008 y 2009 la Intervención General del Estado certificó que la desviación entre lo realmente gastado y lo correspondiente por ley era de 1.504 millones.

El requerimiento fue registrado el pasado viernes y está dirigido a la Secretaría de Estado de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. En el escrito, Ávila recuerda que el equilibrio territorial es una obligación constitucional y que la disposición adicional es una norma con rango de ley orgánica, por lo que exige la constitución de la comisión bilateral que "vele" por el cumplimiento de ambos preceptos. Esta comisión, según explica el consejero en el escrito, ya cuenta con los interlocutores designados desde 2007, pero no se ha constituido.

Ávila entiende este incumplimiento como una "infracción del principio de cooperación y lealtad institucional" incluido en artículo 103 de la Constitución.

En función de estos argumentos, la Junta requiere al Gobierno central, a quien le corresponde la presidencia de la comisión bilateral, que la convoque "en el plazo máximo de un mes".

También reclama en el requerimiento que el Gobierno le remita la información correspondiente a la inversión "realmente ejecutada" durante 2010 y 2011, que debería haber sido recibida hace casi un año y cuya falta es interpretada por Ávila como otro ejemplo de "vulneración del principio de lealtad institucional". El consejero explica que la ausencia de esos datos impide calcular los recursos que le corresponden a la Comunidad y exige que sean remitidos en dos semanas, como máximo. Aprovecha para recordar que antes de final de mes, la Junta debería contar con los datos correspondientes a 2012.

El requerimiento de la convocatoria de la comisión bilateral y de la información es el fundamento previo del contencioso administrativo preparado por la Junta para reclamar las inversiones previstas en la ley.

Economía llegó a barajar la posibilidad de recurrir al Constitucional, pero se ha decantado finalmente por esta vía contenciosa. La Administración andaluza reclama las inversiones para generar actividad y porque lo establece un Estatuto aprobado por las Cortes Generales, por el Parlamento andaluz, por todos los partidos políticos y en referéndum.

La Junta considera que no se trata de un problema de crisis, ya que la norma habla de porcentaje y no de cantidades, por lo que la Junta reclama la ejecución en Andalucía del 17,8% de las inversiones previstas por el Estado para el conjunto del país. El pasado año, según los cálculos de la Junta, el porcentaje de gasto estatal se quedó a dos puntos y medio del obligado por la ley.

La disposición adicional tercera fija la obligación de inversiones de acuerdo a la población para un periodo comprendido entre 2008 y 2014. Los dos primeros años se acordó, con la certificación de la Intervención General del Estado, que la desviación había sido de 1.504 millones. Esta cantidad no se incluyó en los siguientes presupuestos y el Gobierno del PP no ha intervenido ante este incumplimiento. Es más, ni se ha previsto en los Presupuestos Generales de 2012 y 2013.