Los médicos ultiman el recurso judicial contra la privatización de hospitales

Los médicos de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las principales organizaciones impulsoras de la marea blanca contra la privatización de la gestión sanitaria en Madrid, están ultimando el recurso judicial que presentarán antes del 7 de junio contra los pliegos del concurso de la Comunidad de Madrid. Así lo explicaron ayer a sus asociados durante una asamblea multitudinaria en el Colegio de Médicos, donde resumieron las principales conclusiones del segundo informe jurídico elaborado por un bufete de abogados y financiado con las aportaciones voluntarias de sanitarios y ciudadanos.

El informe considera que los pliegos de la privatización de la gestión de seis hospitales --que afectará a 1,2 millones de madrileños-- tienen "vicios de tal envergadura que los hacen absolutamente ilegales", porque lo que se privatiza "no es la gestión, sino la asistencia sanitaria de Seguridad Social, lo que invade competencias del Estado", afirmaron los portavoces de Afem. El recurso contencioso administrativo que presentará Afem "en breve" se basará en este informe, elaborado por el bufete López Rodó & Cruz Ferrer. El trabajo se titula Inconstitucionalidad e ilegalidad de los pliegos para la contratación de la concesión del servicio público de atención sanitaria especializada correspondiente a seis hospitales por la Comunidad de Madrid. 

“El objetivo no es la concesión de los servicios", afirma el informe. "Lo que la Consejería quiere es que las empresas concesionarias le aseguren que el coste de la asistencia sanitaria a la población 'protegida' por cada hospital que va a ser privatizado no supere las primas por cápita que les pagará cada mes. Estamos hablando de 1.150.000 personas. El objetivo es el coste no la prestación del servicio sanitario y eso es muy importante. De hecho, gran parte de la asistencia sanitaria se seguirá prestando por los grandes hospitales públicos de Madrid, que son los únicos que disponen de determinados Servicios”, explicó Afem en un comunicado.

Dos portavoces de la asociación explicaron en la asamblea la diferencia entre el aseguramiento del coste y la prestación efectiva del servicio. Según señalaron, la Comunidad de Madrid adelantará a las empresas concesionarias el pago de las primas por el coste total del servicio, incluidos los 280 millones de euros anuales que seguirán prestando los hospitales públicos tradicionales. Esto es lo que se conoce como facturación intercentros. Si uno de los hospitales de gestión privatizada envía a su población asignada a otro centro, debe pagar los costes. La Comunidad de Madrid asegura que esta es la mejor manera de incentivar para que la atención sea buena y ningún paciente quiera ir a otro hospital. El informe de Afem considera que adelantar el dinero por prestaciones que seguirán desempeñando los hospitales públicos no es correcto.  

La tesis central del Informe, explica el comunicado, es que "el contrato no constituye una concesión de servicio público sino un contrato de seguro de salud. Con la peculiaridad y el agravante de que la Comunidad de Madrid está asegurando la Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social y creando un régimen especial parecido al de las Mutualidades de los empleados públicos. O sea, que lo que se privatiza no es la sanidad sino la Seguridad Social, invadiendo competencias que la Constitución asigna claramente al Estado".