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El juez imputa al menos tres delitos a 14 exediles de Reus por el ‘caso Shirota’

Este viernes declara el exalcalde, Lluís Miquel Pérez, por avalar con tres millones a una empresa

El juez imputa al menos tres delitos a los exdiles de Reus (Baix Camp) que votaron a favor de avalar con tres millones de euros públicos a Shirota Functional Foods, una empresa dedicada a la investigación nutricial y que era mixta, de capital público y privado. Regidores que integraron el anterior tripartito de Reus (PSC, ICV y ERC) están acusados como mínimo de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario, según fuentes judiciales.

Las declaraciones de los 14 exconcejales se iniciaron el martes. Este miércoles, durante la segunda jornada de comparecencias, el juez del Juzgado Número 3 de Reus y la fiscalía interrogaron a seis de ellos: El ex edil de Vía Pública, José Magrazó (PSC); la ex concejal de Promoción y Turismo, Martina Garcia (PSC); el ex edil de Urbanismo, Jordi Bergadà (ERC); además de la ex responsable de la cartera de Participación, Pilar Pérez (ICV); el ex concejal de Juventud y Medio Ambiente, Ernest París (ICV), y el ex regidor de Deportes, Joan Anton Verge (PSC). García en la actualidad sigue siendo edil en el Consistorio en la oposición y Bergadà está imputado además en otra causa por cobrar facturas supuestamente ilegales de Tecnoparc, un parque tecnológico participado por el Ayuntamiento. Este proceso también se enmarca dentro de las presuntas irregularidades detectadas en Innova, el holding de empresas municipales de Reus.

 “No puedo entrar a valorar respecto a otros imputados, pero mi cliente no cometió ningún delito” dijo Mar Matías, abogada de Magrazó. El juez pregunta a los exconcejales por el aval otorgado el 29 de febrero de 2008 a Shirota. Ese día la junta general de Innova durante un pleno dio luz verde al aval con los votos de los 14 integrantes del Gobierno local, entre los que se encontraba el exalcalde, Lluís Miquel Pérez (PSC). Ratificaron, así, el acuerdo del consejo de administración del holding tomado un año antes, en donde se había propuesto firmar la operación de Shirota. El Consistorio asumió todos los riesgos en la aventura empresarial, a pesar de que no contaba con una participación mayoritaria en la sociedad. Shirota sobrevivió gracias a créditos y subvenciones hasta que el actual gobierno de Reus, formado por CiU y el PP, decidió liquidarla por encontrarse la sociedad prácticamente en la bancarrota. El Ayuntamiento negoció con los bancos y transformó el aval en un crédito que la ciudad pagará a lo largo de una década.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y es una pieza separada del 'caso Innova'

“Mañana mismo voy a pedir el archivo de las diligencias porque no veo ningún tipo de responsabilidad en lo que se refiere a mi cliente, él solo se ocupaba de los temas deportivos. Quizás se da el caso de que se tomaron algunas decisiones de manera no correcta, pero no es suficiente para abrir una causa penal”, explicó Aitor Macías, abogado de Verge. El interrogatorio de este implicado apenas duró diez minutos. Pero no ocurre así con los integrantes del tripartito que más responsabilidades tenían en Innova, que se extienden mucho más. De hecho, algunos de los máximos dirigentes del Consistorio durante el pasado mandato podrían estar siendo investigados por hasta seis delitos, según fuentes judiciales.

Este viernes está citado a declarar Pérez, además del ex número dos del PSC en el Ayuntamiento, Eduard Ortiz, y la ex regidora de Cultura, Empar Pont (ERC).

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y es una pieza separada del caso Innova, en el que se investigan pagos de 720.000 euros que Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y exresponsable de Innova, habría abonado al exdirector del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) y expresidente de Shirota, Carles Manté. Prat y Manté, que fueron detenidos en febrero, quedaron en libertad provisional imputados en seis delitos: malversación de caudales públicos, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios, blanqueo y contra la Hacienda pública.

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