La izquierda reclama a Mas que acabe con los conciertos con colegios de élite

El Gobierno catalán escenificó anoche un frente común contra la ley Wert por ser una ley retrógrada, suponer el desmantelamiento de la inmersión lingüística y del modelo de escuela catalana. El Ejecutivo basa su estrategia en que el citado proyecto de una ley sectorial vulnera el Estatuto e invade puntos que ni siquiera el Tribunal Constitucional se atrevió a tocar. La consejera de Educación, Irene Rigau consideró que la ley Wert es “inaplicable”. Rigau basó su esperanza en tres puntos: en la unidad de las fuerzas políticas —todas menos PP y Ciutadans— y de la comunidad educativa (profesores y padres); en los recursos ante el Constitucional y en la habitual lentitud de la aplicación de las reformas educativas que este caso prevé para el curso 2015-2016.

Mas logró que la izquierda —PSC, ERC, Iniciativa y la CUP— y la comunidad educativa se sumaran a un frente para presentar “resistencia” contra la ley Wert tanto por atacar la inmersión y por ser un proyecto de involución ideológica. El plan es que los grupos presenten enmiendas aunque no quedó claro si lo harán conjuntamente o por separado. “Lo importante es la unidad de acción”, dijo Jordi Turull, de CiU, que puso el acento en el consenso frente al silencio del resto de partidos. Si las enmiendas fracasan —como es de suponer— el Gobierno de Mas, el Parlament y al menos el PSC irán al Alto Tribunal.

Rigau llegó al encuentro con una propuesta de enmiendas bajo el brazo. El documento incluía modificar 12 artículos relacionados con la distribución de materias en el currículo escolar, la creación de dos itinerarios diferenciados a partir de cuarto de ESO o la supresión de la asignatura de Religión porque la escuela catalana se define como laica. El punto clave es la propuesta de modificación de la disposición 38, que aborda el uso de las lenguas cooficiales. Todos los partidos creen que fulmina la inmersión lingüística que, además de preservar la lengua catalana, funciona desde hace 30 años como modelo de cohesión social. La ley Wert garantiza la escolarización en castellano, aunque sea pagando 5.000 euros por alumnos en plazas de escuelas privadas —el Gobierno central adelantará el dinero y lo detraerá de las transferencias a la Generalitat—.

El PSC e Iniciativa ya habían mostrado sus recelos a asistir a una nueva cumbre convocada por Mas y avisaron que no aceptarían que se quedara solo en una foto. Las direcciones de ambos partidos no habían ocultado su enorme incomodidad al oponerse radicalmente a los recortes que aplica Rigau. La reunión tuvo dos partes: una primera dedicada a diseccionar la LOMCE y una segunda para tratar de los ajustes. Fue entonces cuando Joan Herrera, líder de Iniciativa, planteó cancelar los conciertos con colegios de élite que separan por sexo. El ecosocialista propuso invertir esos recursos, que calcula al año en 30 millones de euros, en becas-comedor y en contratar a más profesores que puedan cubrir las bajas por enfermedad (no se cubren hasta el undécimo día). El PSC y la CUP reivindican también la supresión de los acuerdos, que Rigau rechazó.

Los conciertos con los colegios de élite quedaron consagrados en la Ley de Educación de Cataluña, en 2009, en época del Tripartito y fue aprobada gracias a los votos de PSC, CiU y ERC. Iniciativa no la apoyó. Tras cargar contra la LOMCE, por permitir que la Iglesia entre en las aulas, Pere Navarro, líder del PSC, se desmarcó de la LEC, que impulsó el entonces consejero socialista Ernest Maragall. El líder del PSC presentará en el Parlament dos propuesta de modificación del texto: una para cancelar los conciertos y otra para que Rigau no suprima ninguna línea en una escuela sin negociar con el Ayuntamiento afectado.

Yo ya estaba en contra de la LEC cuando la aprobó el PSC", alega Pere Navarro

Navarro decidió, por tanto, modificar una ley del propio PSC y se escudó afirmando que siempre se había opuesto a ella. “Las leyes tienen que adecuarse al momento actual y a las necesidades sociales”, dijo señalando que no se pueden mantener conciertos con colegios elitistas cuando se cierran líneas educativas; no se apoya a las guarderías y se reducen las becas-comedor. La petición cayó en saco roto: Rigau reiteró ayer que no retocará esos acuerdos firmados por el tripartito al alegar que tienen una vigencia de cuatro años y no es hora de revisarlos.

Pese a sus granes diferencias en los recortes —Jordi Turull, de CiU, las calificó de “matices”—, todos los partidos coincidieron en criticar la LOMCE por considerarla una ley ideológica “retrógrada”, “involucionista” y porque atenta el autogobierno. La unanimidad fue total en defensa de la inmersión y el rechazo a segregar alumnos por lengua o conocimiento. El Ejecutivo de Mas también pide que se mantenga el reparto actual de los contenidos: el 55% los decide el Estado y el resto, la comunidad y los centros. Con la reforma, el Gobierno se asigna el control de los contenidos de las asignaturas troncales, las que tendrán mayor peso en el horario.

“Si la LOMCE se aplica en cinco años los niños catalanes no sabrán el nombre de nuestros ríos, nuestras comarcas y no conocerán a Salvador Espriu”, aseguró la consejera, que aspira a que no prospere la implantación de dos itinerarios en cuarto de ESO para separar a los alumnos que sigan sus estudios en el bachillerato o la FP; y rechaza las reválidas finales de ESO y bachillerato para para pasar curso. ”Es una ley que va en contra de la escuela comprensiva e inclusiva”, lamentó Oriol Junqueras, de ERC. “Hay que combatir la LOMCE con todas las fuerzas”, señaló Herrera. “Esa ley es como un golpe de Estado y el Gobierno [DE MAS] no nos ha dicho que hará cuando entre en vigor”, dijo Arrufat.