Las pulgas acosan a sus señorías

El desprendimiento de unos cascotes de la fachada de la Ciudad de la Justicia de Valencia el pasado día 8 fue el detonante. Su resultado: tres heridos. Aún estaba reciente el penúltimo susto. El desplome en abril de una parte del falso techo de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Y cerca quedaba el antepenúltimo sobresalto. La caída el pasado año de un trozo de cornisa de 300 kilos del Palacio de Justicia de Alicante.

Sindicatos y oposición atribuyen estos accidentes a una cadena de deficiencias derivada de la tijera. La Consejería de Gobernación y Justicia ha invertido este año en el mantenimiento de los 65 edificios judiciales un millón de euros, un 23% menos que en 2012. El Consell tilda el recorte de “ahorro” y lo justifica por la reducción de los bloques de contratación que, por primera vez, gestiona una empresa. Una misma firma se encarga de la revisión de estructuras y la supervisión de ascensores, sistemas de refrigeración y electricidad en los 36 partidos judiciales. Este trabajo se completa con la labor de 41 operarios de la Generalitat dedicados al “día a día”. Desde reparar una cerradura a cambiar una bombilla.

El dispositivo resulta “insuficiente” para atenuar las “graves deficiencias” que padecen los edificios, según el PSPV. Y se transforma en un “problema” cuando se trata de solventar unas averías que tienden a eternizarse. Desde la detección de un fallo hasta su solución pueden transcurrir “años”, según el sindicato CSIF, que achaca la tardanza al retraso del Consell en autorizar el presupuesto para reponer una pieza defectuosa.

En el mapa de las carencias destacan las instalaciones judiciales de Alicante

En el mapa de las carencias destaca Alicante, que arrastra desde hace más de una década la promesa incumplida de levantar la Ciudad de la Justicia, un edificio destinado a albergar la Audiencia Provincial y el Registro Civil. El Palacio de Justicia de Benalúa, asentado sobre la antigua cárcel provincial, sufre fallos de climatización y plagas de pulgas en sus calabozos, según UGT. Justicia califica esto último de “exageración”, dice que desinfecta las instalaciones tras recibir el primer aviso y anuncia un “proyecto de reforma integral de refrigeración”, del que no concreta plazos.

Las instalaciones de la Fiscalía de Alicante, que carecen de acceso para discapacitados, obligan a compartir despacho a ocho fiscales que, en ocasiones, también se turnan en el ordenador. Un agente judicial minusválido precisaba hace un año la ayuda de sus compañeros para subir los expedientes. La escalera no estaba adaptada, según Juan Pedro Pelegrín, de UGT.

Las pulgas y cucarachas también pululan por el juzgado de guardia de Alicante, según el sindicato. Las dependencias del juzgado de lo Social, en la calle de Pardo Jimeno, tienen grietas y falla su climatización. Pelegrín recuerda que el edificio permaneció “siete años” sin aire acondicionado. “La consejería se excusaba en que tenía que traer una pieza de Alemania”, añade. Tras la reposición, el sistema volvió a averiarse hace un año.

En el Registro Civil de Alicante una fuga de agua dañó cajas de archivadores. El recinto almacena libros de nacimiento, matrimonio y defunción. Sólo están digitalizados los documentos posteriores a 1950. En los archivos reposa la partida de defunción del poeta Miguel Hernández.

El edificio de 114.000 metros cuadrados de la Ciudad de la Justicia de Valencia arrastra “desde hace meses” una avería en dos de sus diez compresores de calefacción y aire acondicionado. Con la llegada del calor la saturación de las máquinas en funcionamiento podría provocar un bloqueo de la climatización, según Santiago Alegre, de UGT, que asegura que la Consejería le reconoció hace dos meses que no tenía fondos para el arreglo. El Consell no habría autorizado su reparación, según CSIF. Los trabajadores se quejan también de deficiencias en los accesos, barandillas rotas y fallos de iluminación en un edificio inaugurado en 2003. Justicia desmarca el último desprendimiento de la tijera presupuestaria y recuerda que en el complejo trabajan 10 operarios de mantenimiento.

Los trabajadores del Palacio de Justicia de Orihuela están hacinados

La sede de la Fiscalía de Gandia, ubicada en dos viviendas de alquiler, resulta de difícil acceso para mayores y personas con discapacidad. El PSPV denuncia que los expedientes se amontonan en pasillos y armarios de cocinas y baños. Faltan grapadoras, archivadores, bolígrafos, carpetas. Escasean los sellos del registro de entrada. Según CSI-F, las averías de dos ascensores del edificio principal de los juzgados de Gandia han causado la suspensión de juicios y declaraciones. Los elevadores llegarán “el próximo mes”, según la consejería.

El Palacio de Justicia de Dénia se inauguró hace más de una década y nunca se ha sometido a tareas de mantenimiento, según el sindicato. La consejería responde que hay un operario para estas funciones “de forma permanente”. La iluminación de las dependencias es deficiente, sus cuartos de baños encadenan averías, y las lluvias provocan filtraciones, según UGT. Un problema similar atenaza al Palacio de Justicia de Ontinyent, cuyas salas de espera y vistas se encharcan. Justicia replica sin dar detalles que “estudia” el caso tras realizar una inspección.

La Ciudad de la Justicia de Valencia ha sufrido varios desprendimientos

El hacinamiento afecta a los trabajadores del Palacio de Justicia de Orihuela, que carece de estanterías en su archivo y tiene filtraciones. UGT denunció que en los juzgados de instrucción 1 y 2 ocho funcionarios comparten un espacio diseñado para cuatro.

El Palacio de Justicia de Alcoi debe subsanar sus fallos para cumplir con una Inspección de Trabajo. Unas deficiencias que —según el sindicato— abarcan desde la ausencia de salida de emergencia, la falta de adaptación para personas con discapacidad o la inexistencia de un plan de prevención de riesgos laborales. Además, un fiscal comparte su pequeño despacho con voluminosos servidores informáticos. Y los funcionarios utilizan cajas de cartón a modo de baldas de estantería para almacenar documentos, según UGT. Los funcionarios de Torrevieja también optan por soluciones caseras. Separan la distancia entre el juzgado de lo Penal y el de Violencia sobre la Mujer con una hilera de expedientes de un metro de altura, según el sindicato.

Desde el departamento de Serafín Castellano admiten que la crisis ha paralizado la construcción de nuevas infraestructuras. “Si el mantenimiento era malo antes de la crisis, ahora es muy malo”, sentencia la portavoz de Justicia del PSPV, Verónica López, que teme que la situación empeore “por la progresiva privatización de los servicios”.