La Comunidad pondrá a la venta 3.000 pisos del Plan Joven

El Plan Joven de la Comunidad de Madrid cuenta con 13.000 viviendas. De ellas, 9.000 son de promotoras privadas, 3.000 pertenecen al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), el mayor promotor público de viviendas de España, y las mil restantes son de promotoras públicas municipales. Con la idea de obtener liquidez con la que construir nuevas viviendas protegidas y acondicionar otras de las que gestiona, el Ejecutivo de Ignacio González pretende sacar a subasta pública esas 3.000 residencias del parque del IVIMA.

La intención del Gobierno regional es que las 32 promociones que comprenden las 3.000 viviendas, ubicadas en 11 municipios, sean compradas por promotoras privadas (tanto españolas como extranjeras), que estarían obligadas a mantener a los inquilinos las mismas condiciones de alquiler y opción de compra. Esto es, que no les podrían subir el precio, por lo que podrían ejercer el derecho a compra por la cantidad ahora estipulada. Las viviendas del Plan Joven son pisos de uno y dos dormitorios con un tope de 70 metros cuadrados de superficie. Sus habitantes pagan de 370 a 520 euros al mes en función de la localidad en que se encuentran y la superficie útil.

La venta de los 3.000 pisos de la red del IVIMA se engloba dentro de la modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública que el Gobierno madrileño pretende aprobar de forma inminente. Otra de las novedades que contempla es que los mayores de 35 años puedan ejercer el derecho de compra de las 1.839 viviendas protegidas del Plan Joven en régimen de alquiler con dicha opción ya en el primer año de arrendamiento, sin tener que esperar al quinto, sexto o séptimo año como sucede en la actualidad. Suprimida la barrera de la edad, el resto de requisitos se mantendrían: unos ingresos inferiores a 5,5 veces el indicador de renta IPREM, el índice de referencia nacional para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Otra es no tener propiedades en la comunidad ni ser titular de viviendas protegidas en España.

En mayo de 2012 el Consejo de Gobierno “animó” a los inquilinos de 9.155 viviendas del IVIMA a comprarlas —no era obligatorio—, con unos precios inferiores hasta en un 60% a los del mercado libre. Del precio final se descontaría los alquileres pagados en los dos años anteriores. La media a pagar, según la entonces consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, sería de 55.401 euros, garaje incluido. Los compradores potenciales debían llevar alquilados “una media de 11 años, tener un buen historial de pagos y contar una renta media de 227 euros mensuales”. Mariño firmó en junio de ese año un acuerdo con nueve entidades bancarias para facilitar unas condiciones especiales de financiación a los interesados.

La Administración autonómica busca de esa manera un ahorro notable en gastos. “Así ganaremos liquidez y reduciremos gastos en mantenimiento de bienes inmuebles para poder seguir realizando políticas de vivienda en la Comunidad”, argumentó entonces Mariño, que habló de hasta 500 millones de euros. Entre ellos, según detalló, los 10 millones que el IVIMA pagó en 2010 en IBI.