La patronal pide a González que deje de discriminar a los parados más precarios

Los sindicatos y los empresarios se reúnen para trasladar a Madrid el acuerdo nacional sobre la vigencia de los convenios

Los líderes de CC OO y UGT de Madrid, durante la reunión con la CEIM.
Los líderes de CC OO y UGT de Madrid, durante la reunión con la CEIM.ALVARO GARCÍA

Esta vez también los empresarios se quejan del Gobierno. El presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, llamó la semana pasada al jefe del Ejecutivo regional, Ignacio González, para pedirle que se deje de discriminar a los parados que ya no cobran ninguna prestación a la hora de trasladar los ofertas de trabajo que se reciban en las oficinas de empleo.  Tras reunirse esta mañana durante una hora con los líderes de CC OO, Jaime Cedrún, y UGT, José Ricardo Martínez, Fernández ha pasado de largo sobre el asunto, que zanjó con un "creo que ya se ha corregido", pero en conversación posterior ha comentado que él mismo llamó a González para que se retirara esa práctica, que atribuyó a un exceso de la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño.

Cedrún y Martínez fueron más explícitos a la hora de calificar esa actuación del Gobierno regional, que éste atribuyó a un programa piloto dentro del Plan de Empleo regional, y reclaman que no se siga esa línea ni siquiera de forma experimental en las cuatro oficinas en las que según la consejería se había implantado, porque no es "ético", dijo Martínez. "Es que el objetivo del plan de empleo es justo el contrario, priorizar a los que ya no tienen prestación", añadió Cedrún.

La reunión de esta mañana en CEIM ha servido para que los agentes sociales retomen el diálogo (los tres destacaron su importancia) y se citen para el jueves con el fin de trasladar a Madrid el acuerdo alcanzado el viernes pasado a nivel nacional para mantener la vigencia de los convenios colectivos. Según explicaron Martínez y Cedrún, hay pendientes de renovar unos 200 convenios que afectan a más de 300.000 trabajadores. Sin el pacto para mantener la vigencia, a partir del 8 de julio esas personas se quedarían sin convenio, en virtud de la reforma laboral del Gobierno del PP. El pacto salva las condiciones de los trabajadores mientras se negocian los nuevos convenios, que acabarán en un proceso de arbitraje y mediación en caso de que se vea imposible el acuerdo.

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