El Supremo rechaza el recurso de la Xunta contra el decreto del carbón

En 2010, As Pontes y Cerceda se pusieron en pie contra el decreto del carbón, un reglamento energético que prioriza la quema del fósil nacional frente al importado, el que alimenta las calderas de las térmicas gallegas que ya agotaron sus minas de lignito.

El Real Decreto (134/2010) fue una medida puntual del último Gobierno de Zapatero para regular el mercado energético y taponar la herida da de las cuencas mineras de Asturias y León, que veían como se acumulaban toneladas y toneladas de carbón que las eléctricas no compraban porque contamina más que el que procede de Indonesia o Estados Unidos. Una maraña de recursos paralizaron su aplicación durante cinco meses.Tres años después, el Tribunal Supremo acaba de rechaza el recurso que la Xunta interpuso en octubre del 2010 -al que se adhirieron los dos municipios coruñeses afectados- contra un decreto que, en el papel, perjudicaba a las centrales gallegas. El Alto Tribunal considera que los efectos “potencialmente adversos” que tendría sobre la libre circulación de mercancías son insuficientes para sobreponerse al régimen de ayudas autorizado.

El gobierno gallego, que llegó a vaticinar el “cierre” de las dos plantas, alegó que tendría efectos negativos sobre las plantas y el empleo en las dos comarcas, además de restar mercancía a los puertos que importan el mineral. Durante meses, hubo concentraciones, encierros de los transportistas, caminatas y movilizaciones unitarias en los dos pueblos mineros lideradas por dos alcaldes socialistas, Valentín Formoso y José Liñares, que llegaron hasta la puerta del Ministerio de Industria. Amainaron cuando una comisión creada específicamente para analizar los efectos de la aplicación comprometió ayudas para compensar a los afectados que no fueron necesarias.

Las tres grandes eléctricas -Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Endesa- también acudieron al Alto Tribunal contra un decreto que tenía el visto bueno de la Comisión Europea y elevaron sus quejas a Estrasburgo. Con los datos del balance eléctrico del 2011 y 2012 que elabora el gestor técnico, el Supremo entiende que el consumo de energía generada por el fósil importado también se incrementó en los dos ejercicios. En octubre del 2011, la central pontesa había inyectado a la red un 6% más de electricidad que el año anterior. En una segunda sentencia, la sala de lo contencioso administrativo del Supremo también inadmite otro recurso al decreto que había interpuesto la asociación comarcal de afectados por el decreto.