Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La gestión de 128 millones en Agricultura fue un descontrol total

Una auditoría interna constató las irregularidades sin que se tomaran medidas

José Ciscar, responsable ahora de la consejería niega conocer los hechos

La extinta Consejería de Agricultura, ahora insertada en la de Presidencia, destinó a todo tipo de fines impropios los 128 millones de euros de ayudas al desarrollo local que gestionó para el periodo 2008-2013, según revela la abundante documentación que obra en poder de la fiscalía de Valencia. El vicepresidente y consejero de Presidencia, José Ciscar, aseguró este viernes desconocer los hechos investigados. Sin embargo, un informe de auditoría interna de Agricultura al que ha tenido acceso este diario revela que buena parte de las irregularidades fueron advertidas sin que se tomaran medidas al respecto.

La inspección interna tiene 41 páginas, lleva los anagramas oficiales y el lema de “borrador”. Se refiere específicamente al sistema de control establecido por la consejería para asegurar el buen fin de la línea de subvenciones cofinanciada por Bruselas, que resulta estar lleno de agujeros desde la primera página. “La fecha de elaboración y aprobación del Plan (de Control) por el órgano competente está escrita a mano”. “El índice del plan no coincide con el contenido del mismo”. “A lo largo del plan se hace referencia a normativa derogada que ya no es de aplicación. Además, se ha detectado la ausencia de estos de referencia entre la normativa señalada”, arranca la auditoría.

La ley obliga a “realizar controles sobre el terreno sobre al menos el 2% de los expedientes aprobados para el pago”; y “controlar al menos el 5% de los gastos financiados por el (fondo europeo) Feader. “Sin embargo, en la extracción de la muestra de expedientes”, “no consta el cumplimiento de estos requisitos”. La inspección también alerta de que Agricultura no conservó, como es “obligatorio”, la base de datos utilizada para seleccionar la muestra aleatoria de expedientes. Ni dicha muestra cumplió el mandato de elegir proyectos de todas las sublíneas financiadas. Ni hay “constancia de los criterios utilizados para la selección de los expedientes que constituyen la parte aleatoria de la muestra”. Tampoco, concluye el informe, se revisó “sobre el terreno”, una vez terminados los proyectos, “su efectividad”.

“Impreciso y vago”

La auditoría solo analiza uno de los cerca de mil proyectos cofinanciados por la UE, en la línea llamada Ruralter-Leader. Se trata del expediente RTL-09-08-007 concedido al Ayuntamiento de L’Orxa (El Comtat), que dirige el popular Juan Guillermo Moratal.

“A la vista de la certificación presentada por el Ayuntamiento “resulta sorprendente que la subdirección de Desarrollo Rural haya admitido dicho documento como justificación de una subvención, dada su imprecisión y vaguedad”.

La Oficina de Supervisión de Proyectos realizó “una larga serie de observaciones”. Pese a ello se dieron las ayudas sin que constase “dicha modificación”.

El Ayuntamiento no ofreció “ningún documento justificativo de los precios” que figuran en el proyecto, “ni de las ofertas solicitadas”.

La auditoría dedica dos amplios capítulos a repasar la increíble forma en que Agricultura organizó físicamente los controles. “Los inspectores carecen de los medios técnicos necesarios para llevar a cabo los controles”. “En algunos casos (como en Alicante), no disponen ni siquiera de cámara fotográfica en la que conste la fecha de realización del control, debiendo hacer las fotos con su propio móvil. Y, en general, no disponen de equipos básicos como son GPS, prismáticos o medidores de distancia”. Después de decir lo anterior, el autor del informe afirma que esa falta de instrumental “no es impedimento para la realización adecuada” de los controles.

Pero prosigue: “Dada la evidente carencia de personal para la realización de los controles sobre el terreno y a posteriori y la necesidad de finalizarlos antes del 31 de diciembre de 2012, tuvo que designar tres técnicos ajenos a ella para su realización”. “No existe nombramiento de los técnicos”, y sus designaciones “fueron verbales en los tres casos”.

Esto es, tres personas, una por provincia, debían revisar sin los medios necesarios una muestra representativa de centenares de proyectos subvencionados. Y además: fueron nombrados en diciembre de 2012, los de Castellón y Alicante “después del día 15 del citado mes”; y los controles debían estar finalizados “antes del 31 de diciembre de 2012”. “Resulta evidente la escasez de tiempo del que disponían para llevarlos a cabo, más aún teniendo en cuenta el desconocimiento total por su parte de los expedientes a controlar”.

Los tres inspectores no tuvieron ni medios, ni tiempo, ni formación

El informe advierte de que tras “las entrevistas con los técnicos se constata la falta de formación adecuada” de la elegida en Alicante: “Su formación es licenciada en Veterinaria, sin ninguna formación específica en las materias objetos de control, lo cual condujo incluso a tener problemas de interpretación de las instrucciones recibidas para realizar los controles”.

El inspector de Castellón tampoco revisó, como exige la Ley, “los documentos contables y de pago, ni el cumplimiento de la normativa” de los proyectos. Agricultura les dio, además, unas “instrucciones” para hacer los informes que cambió después, cuando buena parte de los controles ya se habían hecho.

El dinero de Bruselas, para apaños

I. Z., Valencia

La documentación que investiga la fiscalía de Valencia y también la Oficina Antifraude de la UE (OLAF), a la que se la ha remitido el ministerio público, revela que las millonarias ayudas para estimular la economía de las zonas valencianas de interior, concedidas por la Consejería de Agricultura y cofinanciadas por Bruselas, se destinaron, en realidad, a costear toda clase de apaños. Sobre todo municipales y, con gran diferencia, de Administraciones del PP, partido que gobierna la gran mayoría de Ayuntamientos.

En plena crisis (el periodo de las ayudas es 2008-2013), el departamento que dirigía la exconsejera Maritina Hernández, diputada de las Cortes Valencianas, destinó los fondos para activar la economía a financiar la renovación de mobiliario de asociaciones de amas de casa, ayudar a asociaciones de madres y padres de alumnos, o facilitar a peñas taurinas la compra de pirámides, en las que los toros suelen encaramarse durante los festejos. Todo ello incompatible con la estricta normativa europea.

Los fondos de Bruselas se usaron para erigir una chocante escultura del general carlista Ramón Cabrera en el castillo de Morella —promovido por el alcalde de Todolella, del PP— y grabar documentales turísticos que aparentemente iban a distribuirse en televisiones locales de EE UU.

Agricultura admitió una solicitud del Obispado de Tortosa-Castellón por la que, como si se tratara de una pyme, se pagaron 2.400 euros para poner ordenadores en parroquias. Y se financiaron rehabilitaciones de zonas de culto en Iglesias, vetadas por la normativa de la UE al no inscribirse en actuaciones que estimulen la economía.