La crisis como pretexto

Cinco años de crisis en la mochila dejan claro que los efectos del vendaval traspasan el ámbito estrictamente económico. Y en no pocas ocasiones, la recesión se ha empleado como pretexto. El IV Informe de federalismo fiscal del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) desmenuza la forma en la que, según sus autores, el contexto económico ha llevado a una “recentración” del Estado que llega al nivel municipal. Ello ha ocurrido en España, pero también en Dinamarca, Italia, Grecia, Reino Unido o Noruega. La diferencia entre esos países estriba en los motivos, que como apunta uno de los trabajos —de Gustavo Canavire-Bacarreza (Universidad EAFIT) y Jorge Martínez-Vázquez (Georgia State University)— pueden ir desde “el oportunismo político” hasta “el uso de la política fiscal como instrumento de estabilización”.

El catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona (UB), Albert Solé, explicó en la presentación del informe que el “momento excepcional” que supone una recesión permite a la Administración central justificar esos procesos, junto a la presión que ejercen instituciones e inversores de fuera de España. “El Gobierno central tiene tiene compromisos internacionales en control del déficit, pero estos pueden llevarse a cabo cooperando, negociando o con el ordeno y mando”, aseguró Solé. La catedrática de Hacienda Pública, Núria Bosch, afirmó comprender que se produzca esa recentralización de forma temporal en ese “momento excepcional” para controlar los excesos de déficit, aunque consideró “no deseable” que esa situación se prolongue. “Al Gobierno ya le va bien la coyuntura porque no cree en el Estado de las Autonomías”, afirmó refiriéndose al caso de España.

En un artículo, Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo Santiago, recuerda que había “dos enfoques” para abordar el proceso de consolidación presupuestaria: uno, el federal, que pasaba por dar más “autonomía” y “lealtad” a las comunidades; y otro, el de centralizar, vigilar e incluso suspender el autogobierno. “El Gobierno central se ha decantado por el segundo camino”, sostiene, sin ocultar “su enfoque partidista” cuando el día antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera reúne a todos los consejeros de Hacienda del PP, lo cual “revela un escaso aprecio por las formas y la lógica de un estado descentralizado”.

En el informe, que en ocasiones anteriores ha examinado la financiación autonómica o local, participan también el director del Instituto de Estudios Autonómicos, Carles Viver Pi-Sunyer, y el jefe del Área de Desarrollo Autonómico de la institución, Gerard Martín. Ambos analizan las medidas que se han ido adoptando desde 2008 y que, en su opinión, han contribuido a la recentralización. Los autores del artículo consideran que los planes de estímulo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fueron el primer paso del proceso al ejecutarse sin que las comunidades mediaran entre el Ejecutivo central y los ayuntamientos.

Otras medidas, apuntan, fueron la atribución a las autonomías de “más de dos tercios de la desviación presupuestaria” cuando el Gobierno rindió cuentas en Bruselas, un “endurecimiento” de sus objetivos “por encima de los del Estado”, la reforma constitucional de 2011 o la reforma de las cajas, que supuso “una improtante pérdida de poder económico y político” por parte de las comunidades, algunas de las cuales incluso se han planteado devolver competencias a la Administración central.

La tendencia, no obstante, llega también los municipios. Ollé y Bosch analizaron la reforma de la Administración Local propuesta por el Gobierno. Ollé consideró que, además de “reducir la autonomía local” y dejar sin solventar la “racionalización” del mapa local, la reforma “refuerza las diputaciones”, el nivel que ha sido más “cuestionado” por los ciudadanos.