El Ayuntamiento admite que violó la ley al no preservar un edificio histórico

El hundimiento de la Casa de la Duquesa de Sueca, un edificio del año 1850 protegido por su valor histórico, ha sido fruto del abandono reiterado y negligente del Ayuntamiento de Madrid, que conocía el progresivo deterioro del palacio desde hace un cuarto de siglo, pero no hizo nada para frenarlo. El exalcalde José María Álvarez del Manzano (PP) lo expropió en 1998. Entonces ya pesaba sobre el inmueble un expediente de ruina; el Ayuntamiento, incluso, había tenido que llevar a cabo ya actuaciones urgentes por motivos de seguridad ante la negativa de los propietarios a hacerlo.

Un informe municipal realizado en abril de 1998 mostraba “el agravamiento de los daños detectados en anteriores inspecciones”, la primera de ellas realizada justo 10 años antes. Álvarez del Manzano decidió entonces expropiar el edificio, pagando por él cuatro millones de euros. Sin embargo, en lugar de rehabilitarlo, el Ayuntamiento dejó que se fuera arruinando hasta un punto “irreversible”, tal y como señalan los informes del 2 y 29 de abril a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Esos documentos describen los daños que sufre y el riesgo que supone para la seguridad de los edificios colindantes, entre ellos un instituto público, y conminan a tirar abajo gran parte del inmueble histórico. El propio Ayuntamiento reconoce, incluso, que ha quebrantado tanto la Ley del Suelo como la Ley de Patrimonio Histórico, que le obliga a conservar el edificio.

10 años de deterioro previo. La primera actuación registrada en el expediente data de agosto de 1988, cuando una inspección constató el hundimiento y pudrición de varios muros y galerías. Meses después se aprobó la adopción de medidas de seguridad por ejecución subsidiaria; es decir, ante la negativa de los propietarios a resolver el problema lo hacía el Ayuntamiento, y luego les pasaba la factura. Estos solicitaron sin éxito en 1991 que se declarara el estado de ruina, probablemente para tirar abajo el edificio y aprovechar el solar, ubicado en el número 2 de la plaza del Duque de Alba. Recibieron, además, la factura de esa obra: 480.000 euros. Sin embargo, en 1998, una nueva inspección municipal mostró el “agravamiento” de los daños ya detectados, lo que obligó a otra actuación urgente por ejecución subsidiaria. Finalmente, ese mismo año el Ayuntamiento decidió expropiar el edificio para hacerse cargo de él directamente.

10 años de abandono oficial. Álvarez del Manzano quería ubicar allí la sede de la Concejalía de Asuntos Sociales. En 2003, cuando Alberto Ruiz-Gallardón (PP) le sustituyó en la alcaldía, decidió en cambio rehabilitarlo para crear viviendas para jóvenes, amén de una escuela infantil o de música o una biblioteca. El proyecto, encargado a Álvaro Siza, costaría 12,6 millones y estaría listo en 2006. Pero el suelo tenía entonces uso dotacional, y el trámite urbanístico se demoró. El edificio se dejó a su suerte.

En 2007, un juez dio la razón a los antiguos propietarios y dictó que se les devolviera el inmueble, al no haberse hecho nada de aquello para lo que se expropió. En medio de un sinfín de pleitos para acordar el precio y las condiciones de la devolución, el edificio siguió abandonado.

Riesgo para las personas. El área de Urbanismo redactó un informe el pasado 2 de abril tras recibir una alerta del distrito Centro sobre “el posible riesgo” que supone el edificio para el vecino instituto público San Isidro. El palacio, de 7.202 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.966 metros cuadrados, “ha sufrido un avance considerable en su grado de deterioro”, constata el informe. “Se han producido hundimientos parciales de fachadas y cubiertas que suponen un riesgo grave para los edificios colindantes”, añade. “Los daños detectados son los mismos ya relacionados en el informe del 2 de agosto de 1988, pues desde entonces no se ha acometido ninguna obra de reparación. La estabilización del edificio corresponde a intervenciones de carácter provisional con más de 15 años de antigüedad, sin que haya mediado desde entonces ninguna revisión de dichas medidas de seguridad”, concluye el informe.

“La total ausencia de conservación implica que varias partes del inmueble suponen un riesgo para personas y bienes en las parcelas y espacios públicos colindantes”, dictan los técnicos de Urbanismo, señalando, entre otras zonas de peligro, el patio y capilla del instituto, la plaza del Duque de Alba y una decena de edificios de viviendas. En una primera inspección, se colocaron vallas en el patio del colegio para evitar riesgos; pero una visita posterior llevó a ampliar aún más el perímetro de protección.

Culpa del Ayuntamiento. Urbanismo decidió finalmente en un informe del 29 de abril que, ante el “agravamiento continuo de los daños”, cuya “evolución es impredecible a corto plazo”, y dado que “la situación es especialmente grave y supone un riesgo continuo de nuevos hundimientos”, “se estima necesario declarar el estado de ruina física inminente parcial del edificio” y “proceder a la demolición” en un plazo máximo de cinco días. Las obras ya han comenzado. El propio informe de Urbanismo reconoce la culpa del Ayuntamiento. Reseña que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid especifica que “los propietarios de edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos”. Y que la Ley regional de Protección del Patrimonio dicta además: “Los propietarios de bienes integrantes del Patrimonio Histórico están obligados a conservarlos, mantenerlos, custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro de conformidad”. Concluye así el informe municipal: “El deterioro y el agravamiento de los daños existentes en la finca de referencia son fruto del total abandono en el que se encuentra la edificación. (…) El incumplimiento del deber de conservación de esta edificación implica además de los problemas de seguridad derivados, un incumplimiento en el deber de protección del Patrimonio Histórico”.