La ayuda para discapacitados con empleo en empresas cae el 36% en dos años

Laura trabaja en el grupo cárnico Viñas desde 2009. Crea cajas para las piezas de vacuno, que luego etiqueta. La joven, de 30 años, tiene una discapacidad intelectual que no le impide llevar una vida laboral normal. Antes estuvo siete años en una fábrica de chocolate. “¿La diferencia? Olía mejor”.

La asociación Sant Tomàs, que opera en Osona, es la responsable de su integración laboral. Laura es una persona productiva. Cobra un salario y paga impuestos como los 120 trabajadores, cuatro discapacitados, del grupo Viñas. “Hacen bien su tarea y, además, cohesionan al equipo. Al principio temía la reacción de sus compañeros, pero todos hicieron piña. Ayuda que Sant Tomàs esté encima”, dice el director financiero, Joan Valls.

Hay 28 entidades sociales en Cataluña que llevan a cabo tareas de empleo con apoyo, una metodología que facilita la incorporación al trabajo de colectivos con limitaciones fisicas, psíquicas o sensoriales. “Es un traje a medida para cada persona, a la que acompañamos a lo largo de su vida laboral, en una empresa”, resume Glòria Canals, directora de la fundación Aura, presidenta de la Asociación Catalana de Empleo con Apoyo (ACTAS) y pionera de su desarrollo en España, en 1989. “Prestamos apoyo individual a la persona y a la empresa que la contrata. Un sustento diverso, flexible y compartido”, añade.

En teoría el empleo con apoyo, junto a los centros especiales de trabajo (CET), garantiza la integración del colectivo. “En la práctica la metodología nunca ha sido dotada de políticas económicas fuertes que lo garanticen”, plantea Anna Gutiérrez, directora de Eina, el servicio de formación y orientación laboral de Sant Tomàs, donde atienden a 65 hombres y 57 mujeres.

Solo 698 personas con discapacidad intelectual fueron contratadas el año pasado, el 12% menos que en 2010

En Cataluña hay 47.268 personas con discapacidad intelectual. De ellas 8.700 trabajan, mayoritariamente en los CET. Cuando la destrucción de empleo está a la orden del día, conseguir que se incorporen a la empresa es complejo. “Desde 2009 tenemos más gente en formación, más dificultades para colocarla y más despedidos, como Laura, que lo fue junto a sus compañeros cuando la fábrica hizo un ERE”, dice Montse Coll, técnico de inserción en Eina.

Solo 698 discapacitados intelectuales consiguieron un contrato en una empresa el año pasado, el 12% menos que en 2010, según Actas. El descenso va en paralelo al recorte de las subvenciones de Empresa y Empleo. Si en 2010 las entidades recibieron 3,5 millones de euros, dos años después bajaron a 2,2 millones, un 36% menos. “Año tras año bajan, lo que implica que cada vez hay menos trabajando”, lamenta Canals.

También hay un problema de distribución de los fondos en políticas activas de empleo, donde está la partida para el colectivo. El Estado está obligado a subvencionar el 50% del salario mínimo interprofesional de los CET. “Sin embargo no llega nunca, se queda en el 40%, y destina el dinero a lo que es de obligado cumplimiento. Es decir, no hay recursos para el empleo con apoyo porque las transferencias son insuficientes desde el principio”, explica Rosa Cadenas, presidenta de Dincat.

A los recortes se suman los impagos desde 2010, que ascienden a 4,1 millones de euros. Ahora, con los Presupuestos de la Generalitat prorrogados, las subvenciones son inexistentes y, desde el 1 de abril las entidades carecen de recursos. “Nunca sabemos cuando se convoca ni tan siquiera si recibiremos la subvención. El año pasado no se aprobó hasta diciembre. Ahora estamos igual, pero las necesidades existen siempre”, explica Jordi Lartuna, director de la fundación l’Heura del Vallès.

En Cataluña hay 28 entidades sociales que llevan a cabo tareas de empleo con apoyo

Fundada en 1977, esta escuela de educación especial en Terrassa (160 alumnos) cuenta con el servicio de integración laboral Binomis. “Nuestra tarea es conectar la formación con el trabajo. Les prestamos apoyo a lo largo de tiempo para que puedan trabajar y relacionarse socialmente”, añade Xavier Ejarque, técnido de un servicio, que atiende a 75 personas. Entre ellos, a Igor. El joven, de 22 años, trabaja de mozo de almacén en la sede de las zapaterías Casas. “Es mi primer contrato. Ante hice prácticas en una carpintería. Aquí hago de todo, lo que me mandan, como alimentar el sistema para distribuir los zapatos en cada tienda. Me encanta”.

Toni Casas, tercera generación de esta empresa familiar con 280 trabajadores, considera que sus siete empleados con discapacidad “son válidos para su tarea. Es evidente que la ley nos obliga, pero cubrimos de sobras el cupo. Lo hacemos por responsabilidad social. Es nuestra obligación. Más aún en los tiempos que corren”. Las empresas con más de 50 empleados tienen que contratar a una persona con discapacidad, según la Ley de Integración Social del Minusválido. El incumpliento de la LISMI es, sin embargo, la norma. También lo era antes de la crisis.