La sinfonía uniformista
El PP reactiva el nacionalismo españolista para frenar su caída libre en los sondeos electorales
A la ley contra las lenguas catalana y aragonesa en Aragón, la declaración de las Cortes valencianas contra la denominación País Valencià y los sucesivos pasos para la degradación de la oficialidad del catalán en Baleares le siguió la semana pasada la aprobación por el Gobierno de España de la ley Wert que, entre otras cosas, recorta en beneficio de la lengua castellana el papel de las demás lenguas en la enseñanza.
El común denominador de estas medidas es que han sido aplicadas por el PP en los respectivos ámbitos parlamentarios y de gobierno. Es decir, que responden a una precisa orientación política y programática de la derecha española. Pero no es la primera vez que en estas tres comunidades se activan al unísono los mecanismos específicos de anticatalanismo que anidan en determinados sectores de cada una de ellas y que cuentan con el apoyo del regionalismo españolista en Aragón y Valencia. Se han reactivado también al mismo tiempo los discursos anticatalanistas de gobiernos regionales como los de Extremadura, Galicia y la región de Madrid, todos dirigidos también por el PP. El resultado es que en los medios de comunicación con sede en las respectivas capitales, incluidas las televisiones públicas, suena en la actualidad una verdadera sinfonía anticatalanista. Han subido sensiblemente de tono las acusaciones de insolidaridad dirigidas contra Cataluña habituales en estos medios, adobadas en esta ocasión en las regiones limítrofes con las de imperialismo e incluso de colonialismo.
El azar ha querido que la enésima cruzada para arrinconar al idioma catalán coincide con el bronco debate sobre el techo de déficit público de las comunidades para 2013
No es que sea precisamente una novedad. Está en los libros de historia. La melodía debe de provocar el éxtasis de Javier Arenas, el vicesecretario general de política autonómica del PP, un político comprometido desde hace tiempo con la máxima de que la única lengua obligatoria debe ser la castellana, aunque sea para los funcionarios en las comunidades cuya lengua propia es otra. Arenas es el director de esta orquesta desde el partido y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría lo es desde el Gobierno de España. Como hicieron con tanta eficacia para ellos cuando combatían el proyecto de Estatuto de Cataluña de 2006.
El azar ha querido que la enésima cruzada para arrinconar al idioma catalán haya coincidido en parte con el bronco debate sobre el techo de déficit público de las comunidades para 2013. Esto ha provocado la mezcla de argumentos de base financiera y otros estrictamente políticos. Todos han gozado de fácil expansión porque esta batalla llega después de un año de bombardeo contra el nacionalismo catalán y su principal dirigente en la actualidad, Artur Mas, el malo-malísimo que primero tuvo la inaudita osadía de pretender igualar la financiación de la Generalitat con la de Navarra y Euskadi y, al no lograrlo, se propuso nada menos que preguntar en las urnas a los catalanes si querían seguir siendo ciudadanos del Estado español o no.
Hay causas de otro tipo que explican tanto empeño anticatalanista del PP, en caída libre en los sondeos sobre intención de voto
El reparto del déficit público es una de las causas de que la sinfonía suene a todo volumen, pero también hay otras. Una es el ya citado designio del ministro Wert de garantizar la hegemonía social de lengua castellana en Cataluña. Otro es la creación de algo parecido a un cordón sanitario que separe a Cataluña de sus vecinos eliminando los elementos comunes de tipo cultural-lingüístico que han persistido durante siglos, negando incluso el nombre de la lengua catalana. Pero hay también causas de otro tipo que explican tanto empeño anticatalanista del PP, en caída libre en los sondeos sobre intención de voto. Una es el grave desprestigio de sus principales gobiernos regionales (Valencia, Galicia, Madrid, Murcia, Baleares), provocado por los numerosos casos de corrupción y por el rebote en ellos del monumental escándalo de la financiación ilegal del partido. Y otra es la imposibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy de articular un relato positivo y creíble sobre su política económica, la que debía sacar a España de una crisis a la que nadie ve la salida antes de que haya elecciones. Para las primeras, las europeas, falta solo un año, luego vendrán las locales y regionales en 13 comunidades, en mayo de 2015, y medio año después, elecciones generales.
Esta es la perspectiva. Ante ella, el PP reactiva un recurso que nunca ha abandonado pero que modula según las circunstancias: el de erigirse en baluarte del nacionalismo español más conservador en abierta confrontación con el catalán. El Estatuto de Cataluña fue la excusa que le permitió activarlo contra Rodríguez Zapatero. Ahora es el referéndum soberanista y el reparto del déficit presupuestario entre las comunidades. Y, siempre, la hegemonía política de la lengua castellana en la antigua Corona de Aragón.
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