Andalucía propone al Gobierno una moratoria para la técnica del ‘fracking’

Ni un no rotundo, ni un sí definitivo. La Junta de Andalucía pretende buscar una tercera salida para la controvertida técnica del fracking, la extracción de gas no convencional a través de fractura hidráulica. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se decanta por una moratoria hasta que se despejen las dudas medioambientales que existen y esté claro el horizonte normativo.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo se reúne este lunes con los consejeros de todas las comunidades autónomas en Madrid. El tercer punto de la Conferencia Sectorial de Energía hace referencia a esta técnica de extracción de hidrocarburos. Fuentes del Gobierno andaluz apuntan a que, en ese encuentro, la consejería pedirá al ministro que decrete esa moratoria. Paralelamente, el departamento de Antonio Ávila está barajando hacer lo mismo dentro de la comunidad. Los gobiernos regionales también tienen competencias en la concesión de los permisos de explotación.

Es complicado saber qué saldrá de la conferencia sectorial de este lunes. Porque hay posiciones dispares.

Por un lado, el Gobierno central está despejándole el camino a las empresas que quieren emplear esta técnica, que despierta muchos recelos entre los grupos ecologistas. En el Congreso de los Diputados se está tramitando un proyecto de ley sobre sistemas eléctricos que incluye modificaciones en la normativa ambiental y de hidrocarburos para encajar el fracking. Pero, paralelamente, algunas comunidades están dando pasos en sentido contrario.

Cantabria, una comunidad gobernada por el PP, ha sido de las que más rotundamente se ha posicionado en contra. Su Parlamento aprobó por unanimidad a principios de abril vetar el uso de la fractura hidráulica. En el caso de Cataluña, el Parlament, con los votos de CiU y PP, ha rechazado seguir ese mismo camino. Sin embargo, la Generalitat acaba de anular el permiso que había concedido a una empresa que planteaba utilizar esta técnica y planea hacer lo mismo con otras dos concesiones.

El debate también está abierto dentro de Andalucía, donde la Junta aún no ha fijado oficialmente una postura. Se han constituido varias plataformas contrarías al fracking y los Ayuntamientos de varios municipios se han manifestado abiertamente en contra. Los detractores sostienen que se pueden provocar importantes daños a las bolsas de aguas subterráneas, que podrían resultar contaminadas con los productos químicos que se utilizan. Los defensores afirman que el gas no convencional puede sacar a España y a la comunidad de la dependencia energética que padece.

IU, socio del PSOE en la Junta de Andalucía, apuesta abiertamente por el veto. Esta formación ha presentado en el Parlamento regional una proposición no de ley parecida a la que se aprobó en Cantabria.

En la tramitación de esta proposición han surgido problemas, ya que IU rechazaba que fuera la comisión de Economía la que analizara este asunto. La coalición cree que es un problema fundamentalmente medioambiental. Y, finalmente, será la comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la que debatirá la proposición en unos días.

De momento, en la comunidad no hay permisos concedidos para explotar yacimientos mediante fractura hidráulica. Sin embargo, sí se han otorgado permisos de investigación a varias empresas especializadas en fracking que podrían utilizar esta técnica en sus sondeos.