El PP se opone a reformar la ley del galego como piden los demás partidos

La primera ley de la historia de Galicia que consagró el derecho a hablar y escribir en gallego y el deber de la Xunta de proteger la lengua hermana del portugués cumple 30 años intacta. Se aprobó entonces por unanimidad y las tres décadas han pasado por ella sin visos de que se reedite ese consenso para modernizarla. El BNG acaba de llevar al Parlamento una propuesta de reforma, pero los populares ya adelantan su rechazo. “Este no es el momento para empezar hablar de modificar esa ley”, afirma Agustín Baamonde, portavoz de Cultura del grupo parlamentario del PP, el partido que tiene la llave para mudar la norma. El resto de partidos (PSdeG, AGE y BNG) y A Mesa pola Normalización Lingüística tienen claro, sin embargo, que el aumento de competencias del Gobierno gallego, las nuevas tecnologías y las dificultades que se siguen constatando para que el gallego sea una lengua normal han dejado obsoleta una ley que es hija de los precarios equilibrios de los albores de la democracia. Al nuevo presidente de la Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, tan delicado le parece el asunto que evita dar una opinión sin consensuarla antes con su equipo de gobierno.

“La prueba de la debilidad de esta ley es que hay una persona sentada en el banquillo por defenderla”. Carlos Callón, portavoz de A Mesa y de la plataforma Queremos Galego, se refiere a sí mismo. Fue denunciado por un juez al que criticó por presumir de que incumplía la norma y usaba el topónimo La Coruña en sus resoluciones judiciales. Callón sostiene que el gallego es la lengua más desprotegida del Estado, en desventaja por ejemplo con el aranés, un dialecto occitano que se habla en el Valle de Arán, en Lleida, y en el que se pueden realizar trámites administrativos con gran facilidad. La marcha convocada ayer en Santiago por Queremos Galego reunió a miles de ciudadanos y a representantes de todas las siglas excepto las del PP, que fue diana de todos los dardos en discursos, pancartas y consignas. Y es que la formación en el gobierno de la Xunta y el resto de partidos parecen vivir en países distintos.

Los partidarios de reformar la ley de normalización del gallego alegan que vivir las 24 horas en esta lengua es imposible y animan a intentarlo a quien no lo crea. Enumeran escollos para ver una película en el cine –incluso si uno se conforma con subtítulos-, para realizar papeleos, para declarar en un juicio, para formalizar trámites en una notaría… El PP lo niega. “No veo para nada esa desprotección, ahora mismo se puede hacer cualquier cosa en gallego”, afirma Baamonde. “El problema es que los que quieren vivir permanentemente en gallego quieren que el castellano se reduzca a una lengua marginal y viceversa. La clave es llegar a la esencia del bilingüismo: capacitación en los dos idiomas y que cada uno use el que quiera”.

La principal divergencia entre el PP y la oposición es precisamente quién rompió el consenso lingüístico. Los populares señalan al decreto que durante el gobierno bipartito de PSOE y Bloque estableció que en la escuela se debían impartir en gallego al menos la mitad de las asignaturas, una discriminación positiva extraída del Plan de Normalización Lingüística aprobado en 2004 por unanimidad y que los populares, con todo, siguen reivindicando. Para explicar esta contradicción, el portavoz del PP esgrime que como la norma del bipartito ordenaba que todas las materias troncales se diesen en la lengua propia de Galicia, en la práctica se otorgaba una prioridad excesiva al gallego. La oposición, sin embargo, tiene claro que fue el de Feijóo el primer partido que blandió la lengua como arma de guerra para agitar y dividir al electorado y, como finalmente ocurrió, recuperar la Xunta.

“La lengua no debe ser un elemento de conflicto ni político ni jurídico. Feijóo persigue todo lo contrario”, lamenta el socialista Francisco Caamaño, quien destaca que la prioridad para Galicia en política lingüística es “trabajar para volver al consenso” del Plan Xeral de Normalización Lingüística impulsado por Manuel Fraga. “A partir de lo dispuesto en ese plan no tenemos reparo alguno en trabajar para mejorar y actualizar la ley de normalización”, añade Caamaño.

Alternativa Galega de Esquerda (AGE) también cree que la Lei de Normalización Lingüística necesita un remozado porque en treinta años no ha logrado su objetivo. Y la base, explica el diputado Xabier Ron, debe ser aquel plan de 2004 que impulsó Manuel Fraga y en el que, entre otras muchas cosas, ya se recogía lo que el bipartito convirtió en norma en 2007: que en colegios e institutos el gallego fuese la lengua de al menos la mitad de las asignaturas, una medida que después el PP de Feijóo revocó. “Es necesario abrir el debate sobre la reforma de la ley de normalización, que todo el mundo sepa qué quiere este Gobierno de la lengua más allá de su retórica floral”, reivindica Ron.

La propuesta de reforma del BNG extiende la obligación de utilizar el gallego a todos los cargos públicos de la Xunta, a las empresas adjudicatarias de obras, servicios públicos o asistencias técnicas. Y faculta al Gobierno autónomo para “hacer cumplir” con la toponimia oficial. Para los nacionalistas, la Xunta no está siquiera acatando el mandato del Estatuto de Autonomía. “Reivindicamos que las instituciones, empezando por la Xunta, cumplan con las obligaciones estatutarias que tienen para poner el gallego en el lugar que le corresponde”, afirmó ayer Xavier Vence, portavoz nacional del Bloque. El PSdeG ve en el texto presentado por el BNG similitudes con la ley de normalización catalana de 1998. AGE aplaude que la propuesta abarque todos los usos sociales, el camino para que el gallego deje de ser una “lengua minorizada”: “Se necesita una discriminación positiva para lograr equilibrio, cooficialidad real, que es lo que dice el Estatuto”, reclama Ron. “La oficialidad de ahora”, coincide Carlos Callón, “es una pantomima”.

Treinta años después de la aprobación de la norma que proclamó como únicos topónimos oficiales las denominaciones en gallego, la Wikipedia sigue afirmando que en Galicia existen lugares llamados Mellid, Mugía y Viana del Bollo. “Así es como constan en el listado del Ministerio de Administraciones Públicas”, lamenta el portavoz de Queremos Galego, “y de ahí es de donde los saca, por ejemplo, Microsoft”, esa empresa que en 1983, cuando nació la Lei de Normalización Lingüística, ni siquiera había inventado Windows.