El BNG propone obligar a las contratas de la Xunta a que usen el gallego

Ninguna mayoría parlamentaria desde 1983 se ha atrevido a tocar la norma que ese año, con Gerardo Rodríguez Albor de presidente de la Xunta por Alianza Popular, proclamó que la lengua gallega es la “mayor y más original creación colectiva” de Galicia, la “verdadera fuerza espiritual” del país y un pilar imprescindible para sacar a la comunidad histórica de la “marginación cultural” y la “depauperización interna” que impuso el centralismo castellano desde los Reyes Católicos. Ayer el Bloque presentó, como ya hizo sin éxito en 1993 y en 2003, una propuesta para reformar la Lei de Normalización Lingüística. “El futuro del gallego no depende solo de las leyes, pero sin ellas no podremos invertir la tendencia negativa en su uso”, justificó la diputada nacionalista Ana Pontón.

 La propuesta legislativa del BNG incluye la obligación de “todos” los cargos públicos de la Xunta de utilizar el idioma propio de Galicia, tanto oralmente como por escrito, siempre que estén en el desempeño de sus funciones. El texto presentado ayer hace especial hincapié en la extensión del uso del gallego en la contratación pública y establece que esta deber ser la lengua que empleen las empresas contratadas por la Administración autonómica en los “estudios, proyectos, trabajos, asistencias técnicas o cualquier otra encomienda”, incluida la atención a los usuarios, la documentación pública y la publicidad.

Ahora que el PP ha vuelto a blandir la L en A Coruña, una obsesión del exalcalde socialista Francisco Vázquez que empezó a desfallecer cuando este tuvo que soltar el bastón de mando en 2006, el BNG quiere facultar por ley a la Xunta para frenar este tipo de desmanes lingüísticos. La proposición de ley de los nacionalistas va más allá de la mera declaración de los topónimos gallegos como los únicos legales que incluye el texto vigente. Obliga a la Xunta a “cumplir y hacer cumplir” el uso y difusión de estos topónimos, instando a los Ayuntamientos a corregir tanto las rotulaciones urbanas como los carteles de sus sedes, así como todos los documentos oficiales.

Los nacionalistas defienden que el Gobierno gallego debería incluso facilitar “asistencia técnica y económica” para que las estaciones de autobuses, las empresas de transporte de viajeros y mercancías, las industrias, los comercios, las sociedades deportivas y las firmas informáticas respeten las denominaciones geográficas en gallego, las únicas legales.

El Bloque propone que las emisoras de radio o cadenas de televisión que dependan de una concesión autonómica emitan en gallego al menos un 50% de sus programas, informativos y anuncios. Y que el idioma propio de Galicia se use como mínimo en la mitad de las asignaturas de todas las etapas educativas, como establecía el decreto del bipartito que Feijóo tumbó tras ser elegido presidente.

La exdiputada del BNG y sociolingüista Pilar García Negro, que acompañó a Pontón en la presentación, sostiene que la ley de 1983 estaba plagada de buenas intenciones pero “sin objetivos debidamente establecidos en el tiempo”. Treinta años después, destacó, “el gallego no es una lengua normal y recibe un plus de agresiones”.