caso invercaria

El expresidente de Invercaria alega que las inversiones estaban justificadas

Pérez Sauquillo comparece ante el juez acusado por malversación y falsedad El ex alto cargo abre las comparecencias de los siete primeros imputados

Pérez Sauquillo, a su llegada esta mañana a los juzgados de Sevilla.
Pérez Sauquillo, a su llegada esta mañana a los juzgados de Sevilla.Paco Puentes

"Invercaria no ha efectuado un dispendio del erario público, no se ha tirado con la pólvora del rey". El expresidente de la empresa pública de la Junta Invercaria Tomás Pérez Sauquillo, ha rechazado con esas palabras la principal acusación de malversación de fondos públicos durante su gestión (2005-2010) y por la que ha comparecido ante el juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez. El magistrado investiga la supuesta concesión discrecional de préstamos y el incumplimiento de las normas de contratación por esta sociedad de capital riesgo, que gestionó 60 millones para 276 proyectos.

La primera cita con el juez de Pérez Saquillo, también imputado por falsedad y tráfico de influencias, ha durado siete horas y ha sido para aclarar la participación de Invercaria en la empresa FIVA (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía), una compañía en Internet que carece de página web y fracasó pese a la inversión pública de la Junta de 1,6 millones. La policía denunció en un duro informe que la financiación de FIVA había sido “muy irregular”, censuró la ausencia de criterios para las inversiones, beneficiar a ciertas empresas pese a los “signos manifiestos de crisis económicas” y vulnerar los principios de funcionamiento de la Administración. A partir de ahora, el ex alto cargo de la Junta volverá al juzgado para aclarar las inversiones de Invercaria en un gran número de empresas, cuestionadas por la Fiscalía Anticorrupción.

La principal explicación que ha dado Pérez Sauquillo para desvincularse de FIVA es que nunca ejerció de “presidente ejecutivo” porque “no llevaba FIVA y no era el alma visible” de la sociedad. Respecto al fracaso de FIVA, se lo ha achacado a la dejadez del socio tecnológico Novasoft, que retrasó durante meses la entrega del software, hasta que finalmente abandonó el proyecto. “No prosperó como se esperaba”, ha señalado. Pérez Sauquillo ha puntualizado que él tuvo la idea de la empresa FIVA y en la elección de esos socios, el ex alto cargo implicó a la Consejería de Innovación y ratificó su declaración policial. En ella había alegado que el diputado y exconsejero de Innovación Francisco Vallejo “tenía un conocimiento cercano y directo de las operaciones realizadas entre Invercaria y FIVA”.

Pérez Sauquillo ha echado balones fuera y ha dicho que su patrimonio personal no se había visto beneficiado por su labor al frente de Invercaria, sino que había disminuido, y se ha presentado como una víctima de una guerra política entre partidos. “No soy nada político y no entiendo cómo se ha montado este lío, no sé quién lo ha montado”, ha asegurado para definir el caso denunciado por Anticorrupción ante el juez tras un informe muy crítico de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sobre el supuesto descontrol de los fondos, ha alegado que él instauró un sistema de control interno de las inversiones y una auditoría anual externa. Cuando el juez le ha inquirido sobre la necesidad de “instaurar o mejorar mecanismos de control ante el incremento de inversiones con deterioros” [es decir, el aumento de inversiones por parte de la Junta en proyectos que habían resultado fallidos], el ex alto cargo ha dicho que no lo recordaba.

Respecto a una supuesta falta de diligencia en la gestión subrayada por el juez, Pérez Sauquillo ha minimizado las acusaciones y ha alegado que “las irregularidades formales” como “omisiones de fechas y ausencias de firmas” en las actas de los Consejos de Administración de FIVA, debían ser “errores formales”. El ex alto cargo ha situado al ex secretario general de Innovación Ángel Garijo como “el más interesado en que el proyecto FIVA fuera viable”.

El acusado ha negado que Invercaria dispusiera de fondos en partidas inferiores a 450.000 euros para “eludir” los controles, ya que las ayudas superiores a esa cantidad debían ser aprobadas por el Consejo Rector de la agencia pública Idea y por encima de 1,2 millones por el Consejo de Gobierno de la Junta.

Sobre unos gastos sin justificar realizados con la tarjeta de crédito, Pérez Sauquillo ha admitido que se habían perdido unas facturas, y que él había pagado de su propio dinero antes de que el escándalo saltara a los medios.

Denuncia contra un exdirectivo por robo de datos

El expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo avanzó ayer que denunciará al exdirectivo de la sociedad Cristóbal Cantos por “desaparición de expedientes y documentación” de la empresa pública. El ex alto cargo sostiene que Cantos sustrajo expedientes de manera ilegal antes de que denunciara la supuesta reconstrucción de expedientes por parte de la firma. Cantos grabó dos conversaciones con la expresidenta Laura Gómiz en las que esta admitía que si se comprometiera “con la ética” no trabajaría en Invercaria.

Tras estas grabaciones realizadas el pasado invierno en el despacho de Gómiz, Cantos abandonó la sociedad y demandó a la empresa por despido nulo, una denuncia archivada por el juez. Tras salir el directivo de Invercaria, el PP difundió el contenido de las conversaciones pero con una edición que incluía 13 cortes en la charla entre la expresidenta y el exdirectivo. En la conversación, Cantos lamentaba la supuesta reconstrucción de expedientes por parte de la cúpula de la empresa, un trabajo que Invercaria justificó como una adaptación a la nueva base de datos de los expedientes, que debieron ser modificados para su posterior análisis.

El PP utilizó con insistencia las grabaciones como un arma electoral durante la última campaña electoral autonómica, destacando la falta de rigor de un alto cargo de la Junta que demostraba su falta de compromiso con la ética. Ahora Cantos ha sido aupado como director financiero de la Zona Franca de Cádiz. Cantos dirigirá el equipo técnico del área financiera de la Zona Franca, un consorcio con participación del Ayuntamiento de Cádiz (PP) y cuya gestión anterior será enjuiciada este mes por una supuesta malversación de 20 millones de euros.

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