La Xunta legalizará todas las minas y abrirá nuevas con el mínimo papeleo

Industria pone en manos de las empresas la ordenación del caos en el sector

Cantera y escombrera de Pizarras del Oribio, en Lampazas ( Samos)
Cantera y escombrera de Pizarras del Oribio, en Lampazas ( Samos)XOSÉ MARRA

Con más de una década de retraso, la Xunta ha puesto en marcha el plan con el que se pretende poner orden en la jungla de las explotaciones mineras, un sector que, como reconocen las propias empresas, ha funcionado y crecido en los últimos años sin los preceptivos permisos. Y la alternativa por la que se decanta el Gobierno gallego para reglar el negocio consiste en una legalización masiva de las canteras existentes y en una simplificación “máxima” del papeleo necesario para explotar nuevos yacimientos. Estas medidas se unen a los cambios legislativos que aprobó en 2010 el Ejecutivo de Feijóo, que abren la vía para que las compañías puedan actuar incluso en suelos especialmente protegidos por su valor ecológico, paisajístico o costero.

 La Consellería de Industria ha cedido a las empresas mineras la voz cantante en la planificación administrativa del negocio. Es la Cámara Oficial Minera de Galicia, un organismo creado en 1925 para agrupar a las empresas del sector, la que dirige el estudio previo para la redacción del denominado Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia, un documento que estará por encima de las normativas municipales y que fijará dónde y cómo se podrá explotar la riqueza minera de la comunidad. El primero de estos informes —el llamado documento de inicio de la evaluación ambiental estratégica del plan— es una loa a la trayectoria de estas empresas que choca con los desmanes ambientales y urbanísticos que se han conocido en los últimos años, desde el paraje protegido que arrasó en la Serra do Xistral la cantera que surtió de cuarcita a la Cidade da Cultura hasta los daños ambientales irreversibles que han causado las explotaciones de pizarra según una tesis doctoral de la Universidade da Coruña dirigida por el catedrático Juan Ramón Vidal Romaní en 2011. “El sector minero es pionero en la protección del medio ambiente, como ya queda recogido en el artículo 5 de la ley preconstitucional que regula el sector, Ley 22/1973, de minas”, se puede leer en el texto colgado en la web del Gobierno gallego.

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El documento de inicio del plan admite que “un número importante” de las actuales explotaciones “se encuentra en situación irregular”, por lo que se “establecerá el proceso para que las actividades extractivas carentes de licencia urbanística municipal o de otros documentos preceptivos puedan obtenerlos”. Los autores, contratados por dos consultoras y dirigidos por la Cámara Minera, critican las “dificultades” de la empresas para obtener permisos y la “sobreabundancia” y superposición de normas. Un indicio del nivel de irregularidades en el que se mueve el sector es que en 2002, cuando se abrió la primera vía de legalización, fueron 300 explotaciones las que solicitaron los permisos que les faltaban. Para reflejar la complicada situación jurídica de las minas en Galicia, el documento analiza 112 explotaciones elegidas al azar. De ellas, al menos 71 carecen de licencia de actividad y como mínimo 64 no cuentan con permiso urbanístico. Por si fuera poco, 57 de las 112 están en suelo rústico de especial protección y, de estas últimas, 29 invaden parcelas tan protegidas (en espacios naturales, con gran valor paisajístico, a menos de 200 metros de la costa o de interés patrimonial) que con la actual normativa son ilegalizables.

El mandato legal para preparar el Plan Sectorial de Actividades Extractivas se remonta a 2002 pero, aunque este documento era imprescindible para la ampliación y apertura de nuevas minas, la expansión del negocio no se ha frenado. “La ausencia de este instrumento ordenador en este largo período de tiempo obviamente no ha impedido la exploración, investigación y explotación de la riqueza minera, pero dificulta que su ejercicio se desarrolle dentro de los canales de claridad y certeza jurídica”, afirma el documento avalado por el Gobierno gallego. Según los datos recogidos en el documento, están vigentes actualmente en Galicia 240 permisos de investigación y exploración de posibles yacimientos (solo en los últimos cuatro años se han presentado 40 solicitudes para extraer metales) y 802 derechos mineros de explotación y aprovechamiento. Constan 304 explotaciones registradas con algo más de 4.500 trabajadores (frente a los 6.800 de 2007)

El documento que sirve de base al plan minero de la Xunta sostiene que el futuro del sector pasa por resucitar antiguos yacimientos de metales o explotar nuevos filones aprovechando el alza de precios y aplaude el desembarco de multinacionales. Tal es el entusiasmo por estos negocios, que se hace una “especial” y errónea mención a la mina de oro de Corcoesto pretendida por la canadiense Edgewater. El texto da por hecho de que el proyecto ya ha sido declarado proyecto industrial estratégico, un título que está aún en tramitación. Industria ha esgrimido que se trata de un “error” y que esa alusión será modificada. Los técnicos dirigidos por las empresas mineras emplazan a la Xunta a garantizar la “máxima simplificación administrativa” en el papeleo necesario para explotar el subsuelo, ya que calculan que la tramitación ambiental de una mina en Galicia se prolonga hoy en día durante 37 meses, un plazo, a su juicio, “excesivo”.

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