El BNG salva al alcalde de Ourense pero exige responsabilidades políticas

El BNG salvó al alcade de Ourense, el socialista Agustín Fernández, acosado por los gastos en fiestas, gintonics y cubatas o las consumiciones en chiringuitos de playa de Mallorca pagados con fondos públicos. El pleno solicitado por el PP para reprobarle y expulsarle se quedó en nada gracias a los votos de Xosé Somoza, Susana García y Ximena González, los ediles nacionalistas de la corporación. Junto a los socialistas, y cumpliendo un acuerdo de su Consello Local, el BNG permitió la continuidad de Fernández al frente del consistorio.

 Sin embargo, los nacionalistas han puesto condiciones. Piden al PSdeG que se reintegre el dinero destinado a “gastos impropios”, responsabilidades políticas y la elaboración de una normativa que regule el uso de estos fondos. Tras el pleno, su portavoz, Xosé Somoza, aclaró: “No vamos a pedir la cabeza de nadie, pero alguien se tendrá que ir a casa”. El nacionalista dedicó ocho de los doce minutos de intervención a criticar a PP y Democracia Ourensana (DO). A los primeros por presentar “una moción de censura encubierta” y por ofrecerles un gobierno de concentración “24 horas después” de llamarles “mamarrachos”. A los segundos por utilizar sus fondos públicos para pagar la licencia de emisión de una televisión local.

El Bloque pasó de puntillas por el supuesto préstamo de 21.000 euros concedido por el PSdeG a un funcionario que no figura en su contabilidad. Sin embargo, los restantes grupos de la oposición pusieron en duda su legalidad. Para el PP, las cuentas del PSOE suponen una “hecatombe municipal” y Fernández es “un alcalde desnortado” incapaz de dirigir el gobierno. “Estamos ante una presunta falsedad en documento público”, acusó Rosendo Fernández, el líder local de los conservadores. Susana Gómez, portavoz de DO, insistió en pedir explicaciones al regidor sobre el préstamo al funcionario. Incluso destapó gastos del BNG mientras ocupó la tenencia de alcaldía destinados a “autobombo en una televisión local con 7.500 euros semanales”.

Los socialistas rebajaron el tono. La agrupación decidió apartar temporalmente de la portavocía a la edil Áurea Soto, después de que el pasado viernes se negase a pedir disculpas y, horas más tarde, el alcalde la corrigiese a través de un comunicado. El concejal José Ángel Vázquez Barquero, que ocupó la portavocía ejercida habitualmente por Soto, pidió disculpas matizando que su grupo actuó “bajo el marco legal” porque “no está prohibido el uso” que los socialistas dieron al dinero. “Nos faltó algo de sentidiño”, aclaró con tono sereno. El alcalde acusó al PP de lanzar “sospechas sobre cosas raras” en referencia al préstamo. Además destacó que durante una reunión con el líder local del PP mostró los registros bancarios que refrendan ese crédito, extremo negado por los populares. En su intervención, Fernández sacó a relucir los papeles de Bárcenas y comparó el préstamo del PSOE con el concedido por los conservadores al actual presidente del Senado, Pío García Escudero. Remató su intervención asumiendo las exigencias del BNG, aunque no aclaró qué parte del dinero se reintegrará o cuáles serán las responsabilidades políticas que asumirán los socialistas.

Durante el pleno, nadie se salió del guión elaborado por el PSdeG. Los ediles deben aparentar unidad a pesar de los profundos e irreconciliables enfrentamientos. Internamente, un sector del partido asegura que las amenazas del BNG (tumbar los presupuestos) motivaron el reagrupamiento escenificado el pasado domingo en una foto del alcalde junto a Pachi Vázquez. Otra facción del partido explica que, tras esa instantánea y el apoyo expreso de la dirección gallega, se esconde un acuerdo para el control del PSOE local ante las próximas elecciones municipales. Ahora está en manos de los críticos con el secretario general. Pero la herida interna sigue pasando factura. El pasado lunes, el regidor se reunió con Alfredo Pérez Rubalcaba para tratar la crisis. En la agenda de la agrupación local sigue anotada la expulsión del partido de Susana Bayo, la edil que pidió las cuentas a través del registro municipal a la que señalan como la filtradora del caso.