La fiscalía pide más de 1.500 millones de fianza para la cúpula de Vitalia

Vuelven las cifras astronómicas al caso de los ERE. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de 1.500 millones para los seis directivos imputados en la causa que formaban parte de la cúpula de la consultora Vitalia, la más beneficiada por los ERE fraudulentos. La cifra de 1.544 millones engloba las seis fianzas, una cantidad que busca asegurar una compensación por el daño causado a las arcas públicas a través del fondo de los ERE, nunca para eludir la prisión preventiva, que afecta ahora mismo a tres de ellos. Los otros tres imputados se encuentran en libertad con cargos.

El verano pasado tanto el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como el ex director general de Trabajo Javier Guerrero batieron récords con fianzas civiles de 807 y 686 millones, por su supuesta responsabilidad en las pólizas de un fondo que tanto la juez como la fiscalía consideran por completo ilegal.

Hace un mes y medio, la Guardia Civil detuvo a los seis directivos de Vitalia en la Operación Heracles, destinada a identificar a los “verdaderos beneficiados” del fondo de los ERE fraudulentos a través de las sobrecomisiones con cargo a los fondos públicos de la Junta de Andalucía. Alaya acusó entonces a los exdirectivos de delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación y asociación ilícita, entre otros.

La magistrada subrayó la capacidad de Vitalia para “presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica, habiéndose acreditado indiciariamente hasta el momento, el caso del Sr. Guerrero”. De este modo, la juez Alaya avanzaba una corrupción promovida desde Vitalia gracias a la connivencia de cargos de la Junta.

Hoy la juez instructora escuchó a las partes, Anticorrupción y las defensas, en una comparecencia para establecer las medidas cautelares por la responsabilidad civil de los acusados: Eduardo Pascual, María Vaqué,  Antonio Albarracín y su esposa María José Marcos, Jesús Bordallo y Roser Massa.

Anticorrupción comenzó su intervención con la advertencia de que las fianzas civiles que ha pedido, “previsiblemente” se incrementarán en el futuro, una vez que concluyan las diligencias de investigación que el juzgado lleva a cabo a través de la Guardia Civil.

Para los directivos Pascual y Vaqué, ambos imputados también en el caso Eurobank instruido en la Audiencia Nacional, el ex director comercial Antonio Albarracín y el delegado en Andalucía Jesús Bordallo, la fiscalía ha detallado una misma fianza: 258 millones de euros, una cifra que la Junta abonó a las aseguradoras Generali y Fortia Vida por pólizas intermediadas por el grupo Vitalia, a las que hay que añadir un tercio de la suma previsto por ley. Anticorrupción aclara que a ese dinero habrá que sumar más adelante las pólizas de la aseguradora Apra Leven, también propiedad del grupo Vitalia, pero que aún no han sido cuantificadas. Eso sí, la fiscalía ha avanzado que hay 21 millones en sobrecomisiones datadas por la Dirección General de Seguros. “Estas sobrecomisiones han permitido el enriquecimiento ilícito, no solo del imputado y del resto de personas a las que se refiere la presente comparecencia, sino de otros agentes, sociedades y entidades que están siendo objeto de investigación”, reza el acta de la audiencia, bajo secreto de sumario, respecto a Albarracín.

Sobre Bordallo, el ministerio público subraya que el imputado jugó “un papel relevante” en relación con los intrusos, que supusieron un pago ilegal por parte de la Junta de 2,6 millones.

Mientras, la fianza civil para Massa, administradora de sociedades del grupo Vitalia, asciende a 161 millones, resultado de los 120 millones tramitados a través de las firmas que administró. Asimismo, la fiscalía ha fijado la fianza de la mujer de Albarracín, María José Marcos, en 5,2 millones gracias a la facturación de la sociedad Permar 21, que el matrimonio creó supuestamente a espaldas de Vitalia para acaparar más beneficios.

Ante las acusaciones de la fiscalía, las defensas han alegado “la absoluta indefensión” de los acusados, debido al secreto sobre las actuaciones, que les impide combatirlas. Los abogados han pedido a la juez que por un “criterio elemental de prudencia” debería ignorar la petición de 258 millones y atenerse a la cifra de 2,6 millones relativa a los intrusos.