El alcalde de Torremocha acusado de delito urbanístico

Hoy se celebra la vista oral en el Juzgado número 10 de lo penal de Madrid contra el alcalde de Torremocha de Jarama, el independiente Carlos Rivera, por un presunto delito en el que se investiga su participación en la ocupación de unos 1.600 metros de varias vías pecuarias. La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid le ha imputado un delito contra la ordenación del territorio, infracción por la que pide tres años de prisión y una fianza de 80.000 euros como aval para las medidas de restauración del medio natural. Con el agravante de aprovecharse de su condición de cargo público para la comisión de los hechos.

El procedimiento se inició en 2001, tras una denuncia del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madria a la que unió la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya. La acusación mantiene que Rivera era presidente del Consorcio Los Tomillares, una urbanización que se construyó de forma ilegal en la década de los ochenta y que transformó varias vías pecuarias para convertirlas en calles y accesos sin tener ninguna autorización.

Además de asfaltar los caminos públicos, introdujo diversas canalizaciones y construyó casetas y un depósito en la Cañada de las Calerizas, la Colada de San Sebastián y la Colada del Chifladero, que discurren por los términos de Torremocha de Jarama y Torrelaguna.