El fiscal pide cárcel para un alcalde por asfaltar vías pecuarias

El alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera, se enfrenta a tres años de cárcel por haber construido y asfaltado sobre varias vías pecuarias para dar servicio a una urbanización. Esa es la pena que pide para él la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid por un delito continuado contra la ordenación del territorio. El fiscal, César Estirado, considera en su escrito de acusación que además "concurre el agravante de prevalimiento de funciones públicas". Rivera es alcalde independiente de Torremocha de Jarama (769 habitantes) desde hace tres décadas.

La urbanización, Los Tomillares-El Jaral del Pajarito, se extiende por dos términos municipales, Torremocha y Torrelaguna. Empezaron a construirse casas de manera ilegal en los ochenta, la Comunidad las regularizó en 1997 y Rivero asfaltó los accesos sobre antiguas vías pecuarias.

Una orden de la Consejería de Urbanismo de enero de 1997 también aprobó modificaciones puntuales en el planeamiento urbanístico de las dos poblaciones. El fiscal asegura que Rivera, siendo alcalde de Torremocha y presidente del consorcio urbanístico Los Tomillares, promovió las obras de acondicionamiento de la urbanización. Esos trabajos consistieron en la canalización de agua potable en la vía pecuaria Colada del Chifladero, en Torrelaguna, "con daño y eliminación de enebros, con zanja de 1,5 metros de ancho y 1.300 de longitud", según describe el escrito del fiscal.

También se levantó una caseta de obra de 3 - 3 - 3 metros sobre la vía pecuaria Colada de San Sebastián, en Torrelaguna, y otra de las mismas dimensiones junto con un depósito de agua de 10 metros de diámetro y tres de alto sobre la vía pecuaria Colada de las Calerizas, en Torremocha. Se realizaron también obras de urbanización y asfaltado en dos kilómetros de longitud y 10 metros de ancho en la Colada de San Sebastián para dar acceso a la urbanización y se cubrieron 200 metros de longitud y 10 de ancho en la Cañada de las Calerizas, detalla la Fiscalía.

80.000 euros de aval

"El acusado", asegura el escrito, "promovió la ejecución de tales obras a lo largo del año 2002, al menos hasta julio de dicho año". El fiscal incluye la estimación de lo que costaría devolver a su estado original las vías pecuarias: 80.000 euros. El escrito solicita que las obras vayan a cargo del acusado y le pide una fianza por esa cantidad como aval.

El alcalde de Torremocha aseguró ayer estar muy sorprendido por la petición de pena del fiscal. "Es algo desproporcionado", añadió al teléfono. "Fue la Comunidad de Madrid la que aprobó el proyecto. ¿Se supone que ellos me aprueban la calificación urbanística y yo no puedo dar servicio a la población que vive ahí? Que no me carguen el muerto a mí".

El escrito del fiscal, sin embargo, deja bien claro que tanto el PONP como la orden de Urbanismo "excluyen de forma palmaria del ámbito de dicho planteamiento urbanístico las vías pecuarias incluidas en la urbanización". La acusación particular, la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya, pide cuatro años de cárcel y el pago de la reparación del daño causado. El proceso lleva ya nueve años de retraso, causado por las "tácticas dilatorias" de la defensa, según el abogado de la asociación, Juan Manuel López.