La operación contra la falsificación de recetas de Huelva acaba con 16 implicados
El fraude por falsificación y hurto continuado de prescripciones y sellos médicos supera los 300.000 euros
Un total de 16 personas están supuestamente implicadas en la red desmantelada por la Guardia Civil en Huelva —aunque también se extendió a Sevilla— y dedicada al hurto y falsificación de recetas médicas, con lo que llegaron a defraudar a la Seguridad Social más de 300.000 euros. Entre los acusados se encuentran dos médicos, tres farmacéuticos y 11 visitadores.
Esta red expedía de forma fraudulenta recetas que cumplimentaban a nombre de jubilados o expacientes fallecidos para dar salida a medicamentos de precios elevados, entre 50 y 300 euros, que acababan en su mayoría en la basura puesto nadie los requería realmente.
La red llegó a estafar al Servicio Andaluz de Salud y a la Seguridad Social en apenas diez meses 300.000 euros con más de 3.000 recetas fraudulentas. Los identificados como supuestos beneficiarios de la red están en libertad con cargos de hurto continuado de recetas y sellos médicos, receptación, falsedad en documento público, denuncia falsa, estafa al Servicio Andaluz de Salud, usurpación de estado civil y delito de cohecho.
Uno de los objetivos de este fraude era incrementar los ratios de venta de determinados medicamentos para influir de forma artificial en el mercado farmacéutico. Los médicos y los boticarios implicados aportaban los listados de pacientes, las recetas y los medicamentos. Los visitadores correspondían con viajes, regalos y dinero, según la policía.
Para darle carácter oficial llegaron a falsificar el sello con los datos profesionales de los médicos a los que se suplantaba para elaborar las recetas. “Nadie pagaba nada, únicamente el SAS”, indicó Pedro Hidalgo, responsable policial de la investigación.
Las pesquisas se centraron en uno de los médicos, precisamente quien denunció el robo de recetas al verse cercado. Los agentes sospecharon de este facultativo, quien figuraba como el que mayor número de prescripciones expedía de la provincia pese a contar con una plantilla de 600 enfermos.
La investigación también llevó a una farmacia de la capital onubense donde la titular del establecimiento expendió recetas fraudulentas con la única intención de aumentar los ratios de determinados productos. La boticaria rellenaba los datos de los pacientes con la información facilitada por el visitador. Ninguno de estos usuarios admitió haber consumido los medicamentos prescritos a su nombre
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