El PNV rompe una ‘tregua’ de dos décadas sin recurrir al Constitucional

El Gobierno del PNV ha promovido en apenas 30 días cuatro recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra decisiones del Estado que, según el Ejecutivo nacionalista, suponen una invasión de competencias y vulneran el autogobierno vasco. Este hecho supone la vuelta del PNV a la vía de la litigiosidad con el Estado, a la que había renunciado de forma drástica cuando a comienzos de los noventa anunció de forma muy solemne que “nunca más” iba a recurrir al Constitucional porque este tribunal era un “árbitro comprado”.

El gabinete de Urkullu ha decidido ahora decir basta a más de dos décadas de tregua y poner a prueba la imparcialidad del alto tribunal. Están recurridos los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y 2013, y sendos decretos que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el año pasado: el que eliminó la paga de Navidad de 2012 a los funcionarios y otro referido a la gestión de la ayuda de los 400 euros a parados de larga duración. Algunos de estos pleitos de inconstitucionalidad fueron abiertos por el anterior Ejecutivo presidido por el socialista Patxi López.

En contra de su pasado más reciente, el PNV ha seguido la inercia u optado por cambiar su criterio. El Departamento de Justicia considera que la nueva estrategia es coherente con la decisión del actual Ejecutivo de “defender a ultranza el autogobierno ante las invasiones de competencias”, tal y como expuso el portavoz y consejero Josu Erkoreka a mediados de febrero pasado en el Parlamento. Proclamó que en adelante se iba a ejercer “un control escrupuloso de las disposiciones y actos estatales” que podían afectar a las competencias vascas y se reaccionaría contra los mismos, tanto “en el plano preventivo” mediante la negociación en la comisión bilateral, como “en el reparador” con actuaciones procesales “ante el Constitucional”.

Antes de ocupar su cargo, cuando era diputado en el Congreso, Erkoreka desconfiaba del Constitucional, y lo calificó como “un árbitro sectario” que “no asegura objetividad, imparcialidad e independencia”.

El Ejecutivo ve razones para adoptar ahora este nuevo criterio

El último precedente en el que un Gobierno presidido por el PNV acudió al TC fue en 2003 para recurrir la ley de Partidos Políticos, aunque no fue por una invasión de competencias estatutarias, sino por la vulneración de derechos humanos.

El PNV fue respetando aquella decisión histórica del Gobierno de José Antonio Ardanza de dar la espalda al Constitucional, en un gesto con el que los nacionalistas pretendían quitarle legitimidad a este tribunal. La declaración institucional que ponía fin a la vía de la litigiosidad se aprobó a comienzos de los noventa por el consejo de gobierno, a propuesta del entonces titular de Justicia, Juan Ramón Guevara, y a raíz de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que negaba la transferencia a Euskadi de los medios personales de la Administración de Justicia. Se consideró que el vaso estaba colmado después de “una sucesión de sentencias más que discutibles en temas importantes”, recuerda ahora Guevara.

Erkoreka desconfió del alto tribunal por considerarlo un “árbitro sectario”

En esos años, los magistrados del alto tribunal acumulaban casi un centenar de contenciosos promovidos por el País Vasco. “Muchas resoluciones y sentencias”, dice Guevara, “se resolvían con votos particulares en contra bastante contundentes y muy bien argumentados por miembros del Constitucional”. Fue una época, añade el exconsejero, en la que se deslizó alguna declaración “muy desafortunada”, como la del entonces ministro del ramo, Fernando Ledesma, cuando quiso justificar aquella reforma del Poder Judicial que impedía la transferencia: “Llegó a decir que el estatuto vasco había ido demasiado lejos en esta materia”.

Aquel portazo que el PNV dio al Constitucional ha durado hasta hoy, aunque el Gobierno de Urkullu no guarda muchas esperanzas de éxito. El propio Erkoreka ha declarado que no espera ganar los recursos porque el Constitucional es “un tribunal de Estado”.