La policía investiga si Charlín blanqueó tres millones de euros en China

La Audiencia Nacional investiga la que parece ser la última aventura financiera del clan de Los Charlines. Cuando todavía acumulan deudas millonarias por multas derivadas de condenas por narcotráfico y blanqueo, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía descubrió inversiones de la familia en la República Popular China, supuestamente realizadas en medio de los procesos judiciales que vienen arrastrando desde la década de los años noventa.

 La Operación Repesca de julio de 2010, en la que fueron de nuevo implicados en el delito de blanqueo prácticamente todos los miembros de la familia de narcotraficantes, puso al descubierto 58 inmuebles valorados en más de 12 millones de euros y otros trees millones en depósitos bancarios en Suiza. Siguiendo la pista de estas propiedades, se localizó un apéndice de sus negocios de cocederos de mariscos en la ciudad portuaria china de Quingdao, que desarrollaron para poner a salvo de la justicia una parte de su dinero oculto.Esta fábrica de transformación de productos del mar, un sector en el que Los Charlines han demostrado una larga experiencia, se compró a principios de la pasada década con una inversión no superior a los 300.000 euros. La investigación se centra ahora en la presunta venta de esta fábrica, gestionada por los hijos de Manuel Charlín, una operación en la que habrían multiplicado por 10 su precio de origen. Qingdao, una de las ciudades más grandes de China, está situada en la costa noreste y ubicada en la provincia de Shandong. El puerto donde la famosa saga familiar abrió su negocio de mariscos precocinados y congelados se sitúa en el puesto 14º en volumen de contenedores en el mundo, con sus 15 terminales y sus 72 muelles de amarre. Es el segundo puerto en China por volumen de toneladas, 100 millones anuales, lo que hace de este puerto un centro neurálgico en el transporte marítimo en la costa del Pacífico Oeste.

Precisamente este hallazgo ha sido determinante para que el Tribunal Supremo le diera la razón a un juzgado de Vilagarcía y que sea la Audiencia Nacional y no la de Pontevedra la que juzgue por segunda vez a Los Charlines por blanqueo de dinero. El auto estima las alegaciones del fiscal antidroga Luis Uriarte, que planteó el conflicto de competencias hace más de un año en base a que los negocios de Los Charlines exceden el territorio nacional y porque fue en Madrid donde se instruyeron las causas matrices sobre esta organización. El auto entiende que la Operación Repesca por la que en 2010 fueron detenidos e imputados otros cinco miembros del clan y embargados por segunda vez bienes que consiguieron recuperar en subastas públicas es una segunda fase de la que en 1995 ordenó el entonces juez Baltasar Garzón. Este último patrimonio intervenido es el quee no pudo ser decomisado cuando la familia fue juzgada en 2004 porque el Supremo revocó parcialmente la sentencia.

“Si era competente para conocer de estos hechos carecería de sentido negar ahora competencia para conocer de los sucesivos actos de blanqueo descubiertos con posterioridad”, señala el fallo del Supremo dictado en marzo pasado. “Basta con remitirse a los hechos referidos a la existencia de cuentas en Suiza y a la titularidad de una empresa de transformación de productos del mar en China”, añade la Sala. Este segundo proceso abierto contra Los Charlines comenzó nada más conocerse la resolución firme en 2007, que fue en realidad una batalla ganada por el clan en los más de 20 años que lleva peleando en los tribunales desde la Operación Nécora. El alto tribunal acordó el embargo y no el decomiso de todo el patrimonio comprado por la familia después de 1991.

La investigación que durante casi tres años se instruyó bajo secreto de sumario tenía como objetivo detectar posibles bienes ocultos de la organización que le permitieron recuperar empresas que le habían sido embargadas en el juicio. Pujando en las subastas a través de testaferros, Los Charlines pagaron, por ejemplo, 800.000 euros por el cocedero Sochar, puja en la que participó Teresa Charlín, el único miembro de la familia que había sido absuelta por el Supremo por blanqueo. Otra prueba de la rápida recuperación económica del clan cuando se creía prácticamente arruinado fue la puja en subastas de bateas que le habían pertenecido, por lo que llegaron a presionar a posibles adjudicatarios, vecinos de la comarca, para que no participasen, alterando así el precio de los concursos públicos.

En julio de 2010, la Operación Repesca se saldó con la imputación del patriarca Manuel Charlín y su hija Josefa, que se encontraban todavía en prisión, y otras nueve personas, entre ellas cuatro miembros del clan, como Teresa Charlín, varios empresarios, abogados y testaferros, implicados en delitos de estafa, blanqueo y delito fiscal. La mujer de Charlín, también imputada, falleció el pasado año. La Brigada de Delitos Económicos de la policía necesitó dos años para analizar toda la documentación intervenida de los 60 inmuebles que todavía estaban bajo la tutela de Los Charlines. La Agencia Tributaria ya vendió en sucesivas subastas una parte de los embargos de 2007 y recaudó por ello 2,8 millones de euros, aunque todavía quedan sociedades por liquidar y la subasta de los espléndidos chalés donde actualmente viven los miembros de la familia.