El Gobierno retirará competencias a los municipios que no sean solventes

La Generalitat acelera la redacción de la Ley de Gobiernos Locales de Cataluña para tener una regulación propia para sus municipios, antes de que el Gobierno central haga efectiva su reforma local. El Ejecutivo catalán ha remitido ya el borrador de la futura ley a las entidades municipalistas, que preparan las alegaciones a la norma antes de que vuelva a la mesa del Consejo Ejecutivo.

La Ley catalana persigue que los Ayuntamientos sean solventes, acabar con la duplicidad de servicios públicos y evitar la creación de estructuras que no sean estrictamente necesarias. En la redacción de la ley se deja entrever una exigencia: que los Ayuntamientos no hagan más de lo que permitan sus presupuestos. Por ello, la Generalitat impondrá más control en los servicios públicos, y transferirá sus funciones a los consejos comarcales si no cumplen con los requisitos mínimos.

La organización comarcal ganará peso ejecutivo, pero tendrá menos estructura política. Para simplificar la administración, la Generalitat dificulta con la ley la creación de nuevos municipios y comarcas y pone coto a la proliferación de consorcios público-privados. Con la aplicación de todas estas medidas, el Gobierno catalán pretende lograr un ahorro en los próximos años de hasta 1.000 millones de euros.

Auditoría de los servicios públicos. El Gobierno catalán obligará a los consistorios a someter a una auditoría sus servicios públicos, para asegurar que cumplen con su función, no entran en duplicidad y son solventes económicamente. La Generalitat obligará a que los servicios sean revisados mínimo una vez cada cuatro años, durante el año siguiente a las elecciones municipales. El objetivo, apuntan fuentes del Gobierno catalán, es que los propios Ayuntamientos tomen la iniciativa y cedan las competencias que no puedan asumir. Si los servicios no cumplen con la auditoría el Gobierno catalán transferirá automáticamente las competencias a los consejos comarcales.

Refuerzo de las comarcas. Las comarcas catalanas —excepto la pirenaica Vall d’Aran, con regulación propia— ganarán peso ejecutivo al tiempo que perderán estructura política: la reforma local eliminará mil cargos electos en los consejos comarcales y convertirá su dirección en un consejo de alcaldes. Pero, en cambio, su peso se reforzará al asumir las competencias de los municipios que no sean capaces de costearlas. El Consejo de Alcaldes tendrá un voto proporcional a la población de cada municipio.

Gerentes por concurso. Para despolitizar los consejos comarcales, la ley también obligará a que los gerentes de estos entes supramunicipales, pese a ser cargos de confianza, sean elegidos mediante concurso público y que deben acreditar que están capacitados para el trabajo.

Modificación comarcal. Con la reforma desaparecerá el consejo comarcal del barcelonés, cuyas competencias asumirá el Área Metropolitana de Barcelona. La ley marca que si una comarca tiene todos sus municipios incluidos en un área metropolitana, se elimina el consejo comarcal. Este apartado también obligará a modificar la composición de las comarcas colindantes con Barcelona: el Baix Llobregat, el Maresme, y el Vallès Occidental. Estos consejos comarcales —el del Baix Llobregat es el más grande en Cataluña— quedarán reducidos porque los municipios que rodean Barcelona compartirán competencias en el Área Metropolitana. Por ejemplo, Cornellà de Llobregat formará parte de la AMB y dejará de ser miembro del consejo comarcal del Baix Llobregat, si la ley se aprueba en los términos en los que está redactada. Eso reducirá al mínimo los consejos comarcales. Pero un portavoz del Gobierno aclara que las comarcas seguirán siendo las mismas: que pese a los cambios en los consejos, los niños en la escuela seguirán aprendiendo las divisiones comarcales tal como se conocen hoy.

Coto a la creación de municipios y comarcas. Mazazo para los catalanes que reivindican, por ejemplo, la creación de la comarca del Moianès o del Lluçanès. Para simplificar administraciones, la norma imposibilita, en la práctica, la creación de nuevos municipios y comarcas, al establecer un mínimo de población de 10.000 habitantes para los pueblos nuevos y de 15.000 para las comarcas. Además, los nuevos municipios y comarcas solo se aprobarán si son económicamente viables. Las mancomunidades de municipios también quedan limitadas, ya que solo se podrán crear para los servicios que no puedan ser gestionados por comarcas o veguerías.

 Fusión. El Gobierno catalán propondrá, a partir de la ley, la fusión de Ayuntamientos: de los 947 municipios catalanes, 738 tienen menos de 5.000 habitantes. La norma abre la puerta a las fusiones por motivos históricos, identitarios, geográficos o económicos. El Departamento de Gobernación ya tiene sobre la mesa una primera fusión, la de los Ayuntamientos de Esterri d'Âneu, Guingueta d'Àneu, Espot y Alt Àneu.

Freno a la creación de los consorcios. Los consorcios que los municipios crean, la mayoría de las veces junto a empresas privadas, para ofrecer sus servicios también estarán limitados. Estos organismos públicos solo podrán ofrecer servicios que no pueda dar el consejo comarcal que toque al municipio. Además, sus cuentas deberán ser revisadas por la administración y se suspenderán automáticamente si en dos años consecutivos, o tres años en un lustro, cierra sus cuentas con déficit. También se prevé la penalización por no cumplir con las obligaciones de la Sindicatura de Cuentas. Para crear un consorcio, los promotores deberán elaborar una memoria que justifique su necesidad y someterla a juicio de la Generalitat.

Duplicidades. La norma marca que las leyes que rigen las competencias locales deberán fijar a qué administración corresponde ofrecer cada servicio. Si una competencia está asignada a un ente supramunicipal (comarca, área metropolitana, o veguería), tendrá “carácter excluyente”, es decir, que no la podrán ofrecer los municipios. Las localidades sí que podrán prestar servicios que no estén asignados, siempre que sus cuentas estén saneadas y se garantice la calidad del servicio.

Veguerías. Las veguerías están pendientes de un cambio en la norma estatal para poder sustituir a las provincias, pero la Generalitat ya incluye su regulación en la ley de Gobiernos locales. Las siete veguerías se encargarán de gestionar territorialmente los servicios de la Generalitat. El consejo de veguería también tiene potestad para delegar a las comarcas el ejercicio de funciones de cooperación y asistencia municipal y la gestión de los servicios mínimos de cada municipio.