20 millones para frenar la pérdida de empleo en la ayuda a domicilio

Las medidas que poco a poco se van conociendo del decreto ley contra la exclusión social, que la Junta prevé aprobar la próxima semana, van dirigidas a los sectores de la sociedad que más vulnerables son ante la crisis. Así ocurre con el plan de “solidaridad alimentaria”, que forma parte de este programa de acción que han diseñado PSOE e IU, socios en el Gobierno andaluz. Así ocurre también con la parte de este decreto dedicada a la creación de empleo.

De los 100 millones de presupuesto con los que cuenta todo el plan, 60 están destinados a este asunto. Veinte de ellos se dedicarán al empleo que se genera a través de la aplicación de la Ley de Dependencia, que con las últimas restricciones impuestas podría verse afectado.

La idea de la Junta es abrir

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, estima que la decisión del Gobierno central de bajar la intensidad del servicio de atención domiciliaria podría suponer que entre 4.000 y 5.000 trabajadores se queden en la calle. Una vez fuera, estos empleados, la mayoría mujeres, tiene un complicado encaje en el mercado laboral. “Son mujeres, de más de 50 años y sin formación”, apunta la consejera. Además, en muchos casos, el sueldo de estas empleadas de atención domiciliaria es el único que entra en sus casas, con lo que el riesgo de caer en la exclusión aumenta para este colectivo. “Si pierden el trabajo, se irán directamente a la cola de la emergencia social”, apunta.

Estos son los argumentos que ofrece la consejera para explicar el destino de esos 20 millones de euros que su departamento transferirá durante este año a los Ayuntamientos y a las Diputaciones, que se encargan de contratar los servicios de ayuda a domicilio. “Esos 20 millones permitirán recuperar a unas 2.000 o 2.500 trabajadoras”, sostiene Montero.

Su departamento estima que las últimas restricciones en la aplicación de la Ley de Dependencia podrían acarrear que “la bolsa de ayuda a domicilio cayera un 35%”. Esto, afirma Montero, implicaría que se pasara de los 2,5 millones de horas mensuales de atención domiciliaria a los 1,5 millones, con el consiguiente recorte en el empleo que implicaría, algo que también ha sido denunciado por las empresas del sector.

Pero la consejera asegura que, de momento, ese recorte se está consiguiendo esquivar. Según Montero, desde su departamento se estaba pidiendo ya a los Ayuntamientos y Diputaciones que no aplicaran el nuevo cálculo a la baja de esta prestación, ya que estaba previsto que el plan contra la exclusión incluyera esos 20 millones para este asunto.

Los otros 40 millones del decreto destinados a medidas de empleo también irán a los municipios y a los sectores de población en riesgo. La idea de la Junta es abrir una convocatoria de empleo, a la que deberán apuntarse los Ayuntamientos.

Cada contrato será de mil euros, incluyendo

Se ofertarán, según Montero, contratos entre 15 días y tres meses. Cada contrato será de mil euros, incluyendo las cuotas a la seguridad social, con lo que los empleados recibirán el salario mínimo.

La titular de Salud sostiene que solo se impondrán dos requisitos a los Ayuntamientos: que los trabajos sean de “índole social” y que no se utilicen para “sustituciones del personal municipal contratado”.

Respecto a los empleados que podrán beneficiarse, el plan está destinado a “aquellas personas sin ingresos que se han quedado fuera del mercado laboral”, detalla la consejera. “Los que no disponen ya de rentas ni de prestaciones”, añade. Los contratos se gestionarán a través de los servicios sociales de los Ayuntamientos, que deberán emitir un informe previo. “El objetivo es que esas personas tengan un ingreso digno”, sostiene Montero, quien alerta del problema que está sufriendo la clase media al haberse cerrado para muchos el mercado laboral.