Cuando el enemigo está en casa

A golpe de resoluciones, Juan Antonio Gallo Sallent se ha convertido en los últimos meses en un auténtico martillo para los consejeros del Gobierno de Artur Mas. Su gran peculiaridad, no obstante, es que él no actúa extramuros de la Generalitat. Es uno de sus altos funcionarios: dirige el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), conocido desde que en enero pasado dictaminó que la gran privatización del Ejecutivo, la concesión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona por casi mil millones de euros, se tenía que anular. La negativa del Gobierno a asumir la resolución del organismo ha generado una situación sin apenas precedentes que se alargará durante años en los tribunales, quizás en el Supremo.

No es el único contrato público que el OARCC ha convertido en un problema para el Ejecutivo. Meses antes una resolución dictada por Gallo dejaba también en entredicho el negocio de las comunicaciones de la Administración autonómica que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) dio a Telefónica. Y el último martillazo data de la semana pasada, cuando el ente decidió también dejar sin sentido la privatización de la gestión de un ambulatorio de L’Escala al grupo privado Eulen, tras el recurso presentado por la Fundació Salut Empordà.

Esa última resolución también la firma Gallo. Como todo en el OARCC. Este licenciado en Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Derecho Administrativo e interventor de la Generalitat desde 1999 es director y único juez de un ente que nació en junio de 2012. Es un organismo unipersonal cuyas decisiones tendrían que ser ejecutivas, que ha tumbado contratos multimillonarios y que recibe más de un recurso diario sobre algún contrato público.

Desde el nivel autonómico hacia abajo quedan incluidas todas las Administraciones. Para hacerse una idea de los volúmenes: según la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública (OSACP), solo en 2011 la Generalitat adjudicó 6.100 contratos, un volumen inferior a años anteriores por la crisis y las políticas de contención. Y hay que sumar diputaciones, consejos comarcales, ayuntamientos y las entidades dependientes. En plena crisis por el contrato de ATLL, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, aseguraba que los litigios por concursos eran habituales. A Gallo no le falta trabajo.

“El OARCC es como un McDonald’s, acabas una hamburguesa y ya tienes que hacer otra: quizás la siguiente sea con queso”, indican fuentes próximas a la entidad. En sus primeros siete meses de vida recibió 129 recursos, pero solo el de ATLL generó un gran vendaval político. Hasta el punto que la dependencia orgánica del OARCC del Departamento de Presidencia —y del ex secretario del Gobierno y ahora consejero de Justicia Germà Gordó— generó suspicacias en torno a la independencia del ente y la división en el Gobierno sobre qué empresa debía ganar la mayor de las privatizaciones: Acciona o Agbar. “El OARCC es totalmente independiente”, dicen esas fuentes.

El organismo que dirige Gallo recibe al menos un recurso cada día sobre algún contrato público

En su último informe, la OSACP aconsejaba la necesidad de redimensionar el OARCC y convertirlo en el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. La modificación no tardará demasiado en llegar. De esa forma, serán tres los vocales que firmarán cada resolución. Uno seguirá siendo Gallo, cuyo cargo tiene vigencia por cinco años renovables. La segunda vocalía la tendrá la técnica que ahora ya trabaja en el organismo y uno tercero podría ser elegido a instancias de las asociaciones de municipios. Y, sobre todo, la elaboración de los fallos será más rápida que los 30 días actuales.

Solo así se garantizará lo que demandaba la directiva europea que instaba a crear una suerte de tribunales administrativos que pudieran frenar contratos públicos con agilidad si se determinaba que en el tránsito de su adjudicación no se habían cumplido los requisitos o si estos contaban, ya de partida, con algún fallo. Esa velocidad es imprescindible para evitar que la anulación de concursos irregulares acabe siendo imposible si pasa mucho tiempo, ya que su cancelación sería más onerosa para la Administración que en primera instancia. Justo lo contrario de lo que estaría sucediendo ahora con ATLL, si bien la Generalitat defiende en este caso que no darle el contrato a Acciona supondría dejar el concurso desierto porque Agbar, el otro licitante, tampoco cumpliría las condiciones.