El PSM recurre al Constitucional la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles

El Partido Socialista de Madrid ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que salió adelante el año pasado con el rechazo en bloque de la oposición y el respaldo del Partido Popular. La normativa permite construir, a partir de más de seis hectáreas, en suelo rural que no esté protegido ambientalmente y con una superficie máxima de ocupación del 1,5%. Los propietarios del suelo correrán con todos los gastos derivados del suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía, recogida de basuras, transportes y accesos. En un primer momento, la ley planteó dejar construir en suelo rural protegido, siempre que se dispusiera de una parcelita de al menos 10 hectáreas. Lo mismo daba que estuviera en un paraje que se hubiera librado de la mano del hombre.

Aunque la Comunidad rectificó ese punto inicial, el más controvertido de la nueva legislación, con cuya aprobación Esperanza Aguirre cumplió una de sus promesas electorales en la campaña de 2011 —“desarrollar una nueva ley de urbanizaciones sostenibles en el ámbito rural”— los socialistas madrileños entienden que el objetivo de la norma “es en realidad la pretensión de creación ex novo de una nueva clase de suelo [el rústico residencial] y en todo caso un nuevo uso para los terrenos que se encuentren en suelo rural”. Así lo recoge el documento que el PSM registró en el Tribunal Constitucional el pasado 27 de marzo contra los artículos 1, 2, 4, 5 y 7 de la ley. El recurso lo firman 50 senadores socialistas, encabezados por los tres de Madrid: Tomás Gómez, Maru Menéndez y Enrique Cascallana.

“La nueva ley impugnada pretende una modificación mediante la adicción de un nuevo uso al suelo clasificado como rural: viviendas rurales sostenibles. Más allá de concepciones posibilistas de la ley, pues en ningún lugar de la ley se describen características sostenibles, en la práctica se crea un uso residencial en el suelo rústico”, resume el texto.

Antonio Fernández Gordillo, diputado del PSM, añade otra perspectiva: “La nueva ley establece un aberrante silencio positivo ante la petición de licencias urbanísticas; si el alcalde no da la licencia correspondiente para construirse en suelo rural, esta se construirá por silencio administrativo”. La normativa permite edificar a los propietarios de las 13.102 parcelas rústicas existentes de más de seis hectáreas.