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Buenaventura dice que permitió la caza de aves con pega como “experimento”

La exdiputada de ICV declara que los permisos que concedió fueron de forma "acotada"

La exdiputada por ICV Núria Buenaventura.
La exdiputada por ICV Núria Buenaventura.

A pesar de que Núria Buenaventura estaba al frente de la Dirección de Medio Natural cuando se prohibió la caza de aves con pegamento, la exdiputada ecosocialista (ICV) aseguró ayer ante la juez que las más de 3.000 licencias que ella misma concedió en 2009 para atrapar aves protegidas con esta técnica eran un “experimento”, y que su decisión se “ajustaba a derecho”. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona la llamó ayer a declarar en calidad de imputada por un presunto delito de prevaricación por conceder permisos para cazar aves protegidas mediante la técnica de la liga, prohibida por las legislaciones catalana, española y europea.

Buenaventura quiso dejar claro que la prueba que aprobó sirvió para demostrar que este tipo de caza no es selectiva, por lo que en 2010 no concedió más licencias. Asimismo, la exdiputada ecosocialista aseguró que su “experimento” es legal, ya que la directiva europea permite excepciones a la restricción del uso de pegamentos en la caza, siempre y cuando sean para fines de investigación o educativos. “En todo momento todas las actuaciones fueron controladas por agentes de Agentes Rurales”, matizó la imputada.

“La concesión de las licencias respondía también a una recomendación del Síndic de Greuges”, explicó la exdiputada, que, a pesar de conceder 3.374 permisos, calificó su medida como “acotada” a un grupo de gente especializada en la caza con liga. Según Buenaventura, su decisión de aprobar las licencias estuvo motivada por la obligación que tiene la Generalitat de dar respuesta a las peticiones del Defensor del Pueblo catalán.

La abogada de la imputada, Mercè Claramunt, aseguró, tras la declaración ante la juez, sentirse contenta porque su clienta había podido dar su versión de los hechos, y se mostró convencida de que la magistrada archivaría el caso.

El fiscal catalán de Delitos contra el Medio Ambiente Antoni Pelegrí, comenzó a investigar la decisión que en julio de 2009 tomó la ecosocialista. Pero al año siguiente tuvo que trasladar el caso al Tribunal Supremo, ya que Buenaventura fue elegida diputada en el Congreso en sustitución de Joan Herrera, que dejaba su escaño para presentarse como cabeza de lista de ICV en los comicios catalanes. En las últimas elecciones generales, Buenaventura no se presentó por estar imputada.