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RAFAEL VICENTE QUERALT | SÍNDIC DE COMPTES

“Avisamos de la caída de ingresos en 2007, pero no nos hicieron caso”

Insiste en la necesidad de una nueva ley de fiscalización para ganar en efectividad

El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt.
El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt.

Diez años al frente de la Sindicatura de Comptes son más que suficientes para conocer al dedillo las cuentas de la Generalitat y sus entresijos. Rafael Vicente Queralt (Castellón, 1942) es síndic major desde 2003. Ha presenciado el desplome de la economía valenciana y avisado de lo que estaba por venir con parecido efecto de quien tira piedras a un océano. Por ello insiste en la necesidad de una nueva ley de fiscalización para ganar en efectividad. También está en una posición de lujo para detectar irregularidades y así se hizo, hace más de seis años, con los contratos de Nóos. Pero cuando se habla de denunciar responsabilidades apela: "Somos un órgano fiscalizador, ni somos jueces ni policías".

 Pregunta. Hace ahora un año abogaba por la política del 'bien restar' ante la crisis. ¿Diría que la Generalitat lo está haciendo bien?

Respuesta. Dije en Les Corts que no bastaba con los recortes, los ahorros y los ajustes presupuestarios. Hay que empezar a hacer una política más inversora, de apoyo a pequeñas empresas y que aflore el crédito más barato. Pero lo hecho hay que terminarlo.

P. El consejero de Hacienda ha dicho que no va a consentir más ajustes en servicios fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. ¿Lo cree viable?

R. Si se hace la otra política y se compatibiliza, sí. Pero también ha dicho que hay que dosificar el déficit. Las tres cosas unidas (terminar recortes, más políticas agresivas de inversión y una flexibilización del déficit autonómico), permitiría una mejor situación. Es difícil porque la falta de ingresos está cuestionando mucho cualquier política.

“Desde la Sindicatura reclamamos una ley de fiscalización para tener más eficacia”

P. En sus informes lleva alertando desde 2007 de la caída de ingresos. ¿No se hizo caso?

R. Dijimos que los ingresos caerían un 8 y un 10 % acumulado y eso es gravísimo en un presupuesto público. La caída era una evidencia difícil de ver en 2007 y nosotros lo dijimos y lo reiteramos al siguiente. ¿Por qué no nos hacen caso? No lo sé. Es evidente que hace falta actualizar los órganos de control externo en general. Desde el consejo de la Sindicatura venimos pidiendo una ley general de fiscalización. Creo que a través de ella se podría conseguir que nuestros informes tuvieran una mayor efectividad, no sé si llamarlo vinculante o no, pero sí una mayor efectividad. No creo que esté entre las preferencias legislativas ahora pero creo que deberá plantearse, de una vez por todas, una ley de estas características.

P. La Sindicatura también vio irregularidades en los contratos con Urdangarín desde 2004, criticó las "debilidades enormes" de los convenios con Emarsa, la Ciudad de la Luz, CACSA, etc. ¿Por qué no se denuncian directamente estas anomalías cuando se detectan?

“Somos un órgano fiscalizador. Ni jueces, ni policía. Eso es lo que dice la ley”

R. Nosotros somos un órgano fiscalizador, ni somos jueces ni policías. Somos órgano fiscalizador y la ley dice que nos pronunciemos sobre la imagen fiel de las cuentas y su imagen financiera y de legalidad. Revisamos los expedientes desde un punto de vista fundamentalmente administrativo. Nuestros informes van al Tribunal de Cuentas donde hay un fiscal. Es ahí donde debe ejercerse la jurisdicción contable, que nosotros no la tenemos atribuida. Cuando salen irregularidades, defectos o deficiencias lo decimos, pero de ahí a pronunciarse sobre algo ilícito, si es una evidencia palpable lo decimos, pero si no nos limitamos a lo que dice la ley. Por ejemplo, en el caso del Valencia Summit dijimos que no se acreditaba la necesidad del gasto, ni el precio… y ahí nos paramos. Cualquier tipo de investigación posterior lo debe hacer un juez.

P. Tras casi una década auditando las cuentas de la Generalitat, ¿le extraña tanto caso de presunta corrupción?

R. Me extraña, sí. (Silencio).

P. ¿Por qué?

R. Hablando más como interventor que como síndico, he pasado por muchos ayuntamientos, la universidad, diputación… y lo que he visto siempre es una gestión rigurosa y seria. No sé si ha coincidido mi paso por la Sindicatura para que aparecieran estos casos, pero en mi experiencia de 44 años en la administración he visto gente entregada en los ayuntamientos, en diputación… y de esos sitios nunca ha tenido que salir ningún tipo de actuación ni siquiera meramente sospechosa. Y eso es lo que puedo decir. ¿Me extraña? Sí, me extraña que hayan surgido tantas cosas.

“Me extraña que exista tanto caso de corrupción en la Comunidad”

P. También alertaron año tras año de la necesidad de gestionar mejor RTVV, ¿hubiera sido necesario hoy un ERE tan sangrante de haberse hecho caso?

R. No lo sé. Nosotros, en personal le dedicábamos bastantes páginas a alertar sobre este tipo de gestión, pero no sé lo que hubiera podido pasar. Espero que a partir de ahora hagan caso a nuestros informes y que no haga falta otra reforma.

P. El Tribunal de Cuentas de Italia va a juzgar a Calatrava por "daño" al erario público por el puente de Venecia. En sus informes también ha alertado de irregularidades en contratos con el arquitecto valenciano, ¿cabría esperar algo similar?

R. No lo sé. Nuestros informes siempre han puesto de manifiesto lo que han visto. Efectivamente en esta materia hemos hecho algunas consideraciones, pero yo no lo sé, el tiempo de la justicia es lento.

“Desmoraliza que no se penalice a los ayuntamientos que no rinden cuentas”

P. ¿Qué dificultad hay para que no se haya abordado un cambio en la legislación para que las recomendaciones de los tribunales de cuentas sean obligatorias y bajo pena de sanción?

R. Nosotros hacemos unas 300 recomendaciones al año y algunas se repiten año tras año. Aunque parezca reiterativo, me remito a esa futura ley que no nos han atendido, venimos recomendando que se limiten por lo menos las subvenciones a aquellos ayuntamientos que no rinden sus cuentas. Hasta ahora no se ha puesto en práctica y es desmoralizante.

P. ¿Qué efectos tendrá en las cuentas la reestructuración del sector público, el FLA y el pago a proveedores?

R. Las tres medidas son fundamentales. Hice una previsión de que se notaría sensiblemente en la liquidación del año pasado y no fue así. Pero espero que en el año 2013 sí, porque muchos de los procesos se han alargado y sus efectos están empezando a verse este año.

P. Pero también se ha incrementado la deuda con estas medidas.

R. La deuda y los intereses. Es verdad que los préstamos que se dan son con interés bajo y a un plazo largo y eso habrá que ir previéndolo en los futuros presupuestos, pero creo que es asumible.

P. De momento, la comunidad ha duplicado el objetivo de déficit.

R. Es que hay que revisar la atribución del déficit discriminado por autonomías. No es lo mismo un déficit igual para todos que en función de otros parámetros que habrá que establecer. Espero que esto se haga y se haga bien. Si el déficit se coordina con una financiación adecuada, creo que saldremos con más éxito del que estamos cumpliendo ahora, que es excesivo.

P. ¿La Generalitat va a poder pagar toda la deuda contraída en estos años?

R. Seguro que sí. Creo que el gobierno valenciano ahora está adoptando medidas que nos tienen que llevar a atender todas estas deudas contraídas. Lo primero que se ha hecho es liquidar todo lo anterior y, a partir de ahí, ajustarse a lo que ingresa.

P. ¿Y qué horizonte contempla?

R. No lo sé. A mí me gustaría verlo.

P. ¿Qué papel han tenido las empresas públicas en las cuentas?

R. Desde el punto de vista cuantitativo, no es significativo. De 14.000 millones de euros son 2.600, pero yo siempre he dicho que si se crean para evitar controles de la administración, algo no funciona. Las empresas públicas nacen para la huida del derecho administrativo. Si se crean para obviar controles, mal. Si se crean para ser más eficientes, bien. Pero al final, ha habido un poco de todo, empresas que incluso tienen ganancias y un montón que no han funcionado bien y se están reestructurando. Las empresas públicas no son incompatibles con la administración pero deben someterse a un control indudable análogo al de la administración.

P. ¿Qué efectos tendrá la reforma de la Administración?

R. Me sorprende que se inicie la reforma con la que menos significación tiene, porque solo es un 10% del gasto. Hay que hacer una reforma de toda la administración, de las tres.