Los altos cargos de Blasco imputados por el fraude de la cooperación se contradicen

Prácticamente todas las personas que han formado parte en la última década del círculo de confianza político de Rafael Blasco, exconsejero de la Generalitat, exportavoz del PP en las Cortes Valencianas y ahora diputado autonómico, han sido imputados, como le ha ocurrido a él mismo, en la causa que investiga el desvío de cerca de seis millones de euros de los fondos que la Generalitat destinaba al desarrollo en el Tercer Mundo entre 2008 y 2010. El último ha sido Xavier Llopis, jefe de gabinete de Blasco cuando este concedía las ayudas de cooperación como consejero de Solidaridad y Ciudadanía. Llopis se ha labrado una trayectoria en la editorial Campgràfic, pero también ha acompañado a Blasco, la persona que más veces ha sido consejero de la Generalitat (siete), en algunos de sus cargos. El exjefe de gabinete declaró ayer como imputado en la causa y, según fuentes jurídicas, contradijo a otro alto cargo de aquella época imputado: Alexandre Català, que fue subsecretario de la consejería.

En el reciente interrogatorio al que fue sometido por la juez instructora y las acusaciones, Català reconoció haber firmado un documento remitido a la fiscalía a finales de 2010 con el que el departamento de Blasco intentó aplacar las sospechas que afectaban a la gestión de las ayudas de cooperación. En octubre de ese mismo mes, el PSPV-PSOE había llevado a la fiscalía abundante información sobre la primera gran operación del supuesto fraude, en la que se utilizó a una pretendida fundación cultural llamada Cyes. Català afirmó, sin embargo, que él no redactó el informe, sino que se limitó a estampar su firma, y que el verdadero autor fue Llopis.

El exjefe de gabinete fue preguntado ayer por la cuestión y, según fuentes jurídicas, rebatió la versión de Català sobre la autoría del documento, aunque su explicación no resultó muy convincente. A diferencia de muchas otras personas del círculo de Blasco, que aparecen repetidamente en el voluminoso sumario de la causa, Llopis es mencionado en contadas ocasiones.

Una de ellas fue en la declaración como testigo de Sergio Aguado, que era jefe de área de Cooperación en la consejería y fue uno de los cuatro empleados públicos que se enfrentaron abiertamente a Blasco por el empeño de éste en conceder 1,66 millones de euros de subvención a la Fundación Cyes en 2008, pese a no cumplir los requisitos exigidos por ley. Entre ellos, el de experiencia previa que, según la Intervención General del Estado, consta en la norma de forma “lo suficientemente nítida para que no procedan razonamientos interpretativos que justifiquen su admisión”. De los 1,66 millones solo 43.000 euros llegaron a su destino en Nicaragua (para abrir pozos y mejorar la agricultura). El resto sirvió para comprar dos pisos con plazas de garaje en Valencia y engordó la cuenta de una de las sociedades de Augusto César Tauroni, cabecilla de la trama.

Aguado, como los otros tres cargos y funcionarios que se opusieron a los designios de Blasco, abandonaron poco después el departamento. Pero antes de que eso ocurriera, según su declaración, Llopis los convocó a una tormentosa reunión con el entonces consejero. Según los cuatro testigos, en el encuentro, al que también asistió Llopis, Blasco les presionó para que desbloquearan la concesión de las ayudas a Cyes, preguntándoles si nunca habían aprobado una subvención a la que le faltase un requisito y amenazándoles con rastrear en todo su trabajo previo en busca de irregularidades.