La reforma local limitará el sueldo de alcaldes y concejales, salvo en Barcelona

Se acabó la figura de los alcaldes o concejales que también son cargos públicos pagados en los Consejos Comarcales. La Ley de Gobiernos locales de Cataluña que prepara el Gobierno catalán eliminará los 1.034 cargos públicos pagados que hay en los 40 Consejos Comarcales de Cataluña, lo que supondrá un ahorro de 12 millones de euros. El organismo de gobierno de estos entes pasará a ser un Consejo de Alcaldes (con voto proporcional a la población de cada municipio) que tomará las decisiones y un gerente que llevará el día a día: un cargo directivo eventual y elegido por concurso público. En síntesis: la cúpula de un Consejo Comarcal funcionará como si fuera un consejo de administración.

Además de esta, el borrador de la futura ley local prevé la desaparición de los consejos comarcales del Área Metropolitana y el hecho de que la Generalitat podrá limitar el sueldo de los alcaldes y concejales. Una limitación de la que se libran Barcelona (regulada por la Carta Municipal propia) y la Vall d’Aran (por su régimen especial) y que se fijará anualmente en los presupuestos de la Generalitat. Los presupuestos también limitarán las dietas por asistencia a entes locales y se fijarán en parte teniendo en cuenta los ingresos del ente en cuestión. El borrador no fija cuáles serán estos topes en las retribuciones.

La Vicepresidenta y consejera de Gobernación de la Generalitat, Joana Ortega, explicó ayer durante un desayuno informativo en Barcelona que el ejecutivo busca también ahorrar mil millones en empresas municipales mediante fusiones o eliminación de estas empresas (cuando haya duplicidad de funciones entre organismos), que beben de ingresos propios o aportados por sus ayuntamientos y la Generalitat. En este sentido, también especifica la prohibición de crear nuevas mancomunidades o consorcios cuando el nuevo ente desarrolle una competencia de la que ya se encargue otro o pueda ser realizada por el consejo o el área metropolitana.

Ortega avanzó las principales novedades de la futura ley y aseguró que el borrador es fruto de competencias que reconoce el Estatuto de 2010 y resaltó que no han sido recurridas. Además defendió que la futura ley es fruto de un proceso participativo "más que notable" en el que han sido consultados desde expertos hasta entidades municipalistas pasando por "un altísimo número de responsables municipales y comarcales". La Ley, dijo, prepara "la administración local del futuro" y persigue simplificar estructuras administrativas y evitar duplicidades organizativas y de actuación; asegurar la seguridad financiera y la eficiencia en la prestación de servicios; y fomentar la transparencia y la participación en el mundo local, a la que se exigirá constantemente que rinda cuentas. Ortega mantuvo que las administraciones creadas en la última década no son sostenibles y que la "contención y austeridad son garantías de futuro".

A falta del dictamen jurídico, el departamento de Gobernación tiene previsto llevar el anteproyecto de Ley de Gobiernos Locales a la reunión del ejecutivo catalán en pocas semanas. La idea de la Vicepresidenta es que el texto entre en el Parlament antes de verano.