La Generalitat recurre para mantener el contrato de ATLL en manos de Acciona

La Generalitat ha presentado finalmente este mediodía su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar la cancelación del contrato de gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), en manos de Acciona desde el 1 de enero. De esta forma, el Gobierno catalán intenta evitar que se ejecute la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que consideraba que la oferta liderada por el consorcio constructor incumplía uno de los puntos del pliego de condiciones del concurso, el que se fijaba en el plan de ejecución de obras.

Los servicios jurídicos de la Generalitat mantienen que la interpretación realizada por el OARCC es "un error manifiesto", por lo que apuestan por el recurso de reposición ante el TSJC y avisan que, en el supuesto de que su recurso sea desestimado, presentarán batalla ante el Tribunal Supremo. Además, el gabinete jurídico contraviene la interpretación de los autos anteriores del alto tribunal, que aseguraba que ejecutar el dictamen del OARCC no suponía "graves perjuicios para el interés público" porque, la de Agbar, que podía asumir el contrato. 

No lo interpreta así la Generalitat, haciendo referencia al informe técnico con el que justificó las puntuaciones de la oferta técnica del concurso. Agbar obtuvo 4 puntos por su planteamiento de calendario de obras, mientras que la puntuación de Acciona fue de cero puntos. Pero en bos análisis la Generalitat considera que ambos consorcios efectuaron propuestas que modificaban la propuesta de referencia contenida en el anexo 9 del pliego de condiciones, por lo que si el OARCC hubiera dictaminado sobre la oferta de Agbar, tendría que llegar a las mismas conclusiones y eliminarla.

Así, el concurso quedaría desierto, con lo que ello supondría para la Generalitat. Debería devolver los casi 300 millones que ingresó cuando se firmó el contrato y anular los 1.000 millones de todo el contrato que se apuntó en la liquidación del Presupuesto para enjugar el déficit. Y en el caso de que tuvieran que efectuar el traspaso del contrato a Agbar, el Ejecutivo autonómico advierte que habría un sobrecoste de 956,3 millones respecto a la oferta de Acciona que deberían asumir los usuarios domésticos e industriales de la red de ATLL.