“Urge un pacto social ante la situación de emergencia”

Antonio Morales Lázaro (Almería, 1941) colgó la toga de fiscal hace año y medio tras más de cuatro décadas dedicadas a la carrera judicial. De familia humilde, este declarado fiscal progresista, es un firme defensor del servicio público y gratuito de la Justicia. Fue magistrado de trabajo, juez de menores, fiscal de menores y dirigió la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga durante dos años y nueve meses hasta que se jubiló. Entre 2001 y 2003 fue presidente nacional de la Unión Progresista de Fiscales. Aún recuerda en Barcelona las primeras reuniones clandestinas “sin que yo lo supiera”, matiza, de Justicia Democrática, un movimiento a favor del Estado de Derecho en los años 70 al que cuenta que asistía captado por sus compañeros Carlos Jiménez Villarejo (primer fiscal anticorrupción) y José María Mena (ex fiscal superior de Cataluña). Casado y con cinco hijos, está volcado en su actual labor social como presidente de Cruz Roja en Málaga y en sus aficiones, como la cultura. Durante 12 años dirigió el Ateneo de Málaga, institución que vela por la cultura de la ciudad.

Pregunta: Usted fue un adelantado de la democracia ¿Cómo ve la actual sociedad?

Respuesta: En una deriva muy peligrosa por la crítica y el desprestigio de las instituciones democráticas y de los partidos políticos. En ocasiones es como un atentado hacia la democracia cuando, en realidad, ésta actúa como una excavadora que saca a la luz la basura del sistema. Ahora es difícil ocultar algo, y eso es gracias a la democracia y al trabajo de los medios de comunicación.

P. ¿Hacia dónde tiene que evolucionar la sociedad andaluza en los próximos años?

R. Tiene que poner las miras en la cohesión social. El aislamiento y la individualización nos llevan al desastre. Precisamente ahora no estamos en el desastre absoluto porque estamos en una sociedad bien armonizada donde ponemos en valor, entre otras cosas, a la familia. Tenemos talento suficiente para salir de la crisis económica pero también es necesario exigirnos más. Hace falta un pacto social riguroso entre los partidos políticos porque estamos en una situación de emergencia. Los partidos deben despojarse de sus intereses particulares por ganar votos y los políticos deben tener conciencia de que son los que pueden acabar con la corrupción. Es necesaria una transparencia real, no de boquilla.

P. Afirmó que la corrupción es el cáncer que devora el sistema democrático, ¿ese cáncer ha ido a peor?

R. Por supuesto. Jesús Gil (alcalde de Marbella entre 1991 y 2000) fue un adelantado en esto. Era una persona acostumbrada a la corrupción. Un día pensó que no tenía necesidad de corromper a nadie, que era más sencillo hacerse alcalde y eso fue una escuela de aprendizaje de lo que ha ocurrido después. Los corruptos han terminado instalándose en los cargos más importantes de la política y del sistema democrático. También hay que reconocer que los votantes no han actuado con todo el rigor que debían. Tendrían que haber penado al corrupto y no habríamos llegado a casos como los de Valencia o Ponferrada donde una persona condenada consigue gobernar, e incluso con mayoría absoluta.

P. Fue el fiscal que llamó a declarar a Jesús Gil y Julián Muñoz tras la bronca que ambos mantuvieron en televisión en 2003. ¿Espera una sentencia ejemplar del caso Malaya?

R. Debe ser ejemplar y con seguridad que lo será. Ha sido un proceso judicial muy largo y, a mi entender, están bastante acreditados los delitos cometidos por los imputados. Debe además servir para dar importancia social de que los delitos de corrupción son de lo más grave que hay.

P. ¿Le sorprendería que Iñaki Urdangarín o Isabel Pantoja no fueran a prisión?

R. Para mí sería una conmoción y una decepción terrible. No creo que ocurra. El sistema jurídico tendrá muchas deficiencias pero es muy serio y riguroso. El hecho delictivo que supuestamente han cometido es muy grave, sobre todo social y económicamente. Si no somos capaces de actuar aquí con rigor, el sistema democrático está en peligro.

P. Durante su etapa como fiscal jefe, Málaga fue de las pocas jefaturas del país que mantuvo abiertos los casos de bebés robados. ¿Se acabará haciendo justicia?

R. En este tema soy un poco pesimista. La tendencia en muchos juzgados de España es la de archivar argumentado que ha prescrito el delito. Considero necesaria la investigación porque hay casos donde aparece con claridad que no hubo enterramientos ni hay inscripciones en los registros correspondientes. Yo siempre consideré que eran unos delitos denominados permanentes, como los delitos dolosos y que, por tanto, no podían prescribir. Al final eso fue lo que recogió la Fiscalía General del Estado, la tesis de la fiscalía malagueña. Además, percibí que las víctimas de estos delitos no buscaban el castigo o la sanción. Buscaban la verdad, la transparencia. Consideré oportuno que se les diera el amparo judicial para que se pudiera desarrollar la oportuna investigación.

P. ¿Las tasas judiciales aliviarán la saturación de los juzgados?

R. Las tasas son un auténtico disparate. Afectan al principio de igualdad. Se están poniendo límites al derecho constitucional de defender tus intereses legítimos en función de tu condición económica. Dicen que la Justicia es gratuita, pues será en determinados casos en los que no exceda de una cantidad de ingresos. Creo que es algo inconstitucional; de ahí que se hayan tenido que retocar la medida porque hace aguas por todas partes.

P. ¿Cómo valora la sentencia de la UE que considera abusiva la ley española de desahucios?

R. Es magnífica y supone todo un alivio. Hay una situación desigual entre los contratantes de una hipoteca y las entidades financieras. La sentencia viene a decir que se están imponiendo cláusulas exageradamente abusivas por la condición superior de los bancos. Con esta resolución, los jueces tienen una base para detener los injustos desahucios que han provocado la muerte de muchas personas.