La Generalitat desoye en cuatro ocasiones a la justicia en la adjudicación de ATLL

La Generalitat ha levantado un muro casi infranqueable en torno a su decisión de adjudicar a Acciona la privatización de la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la empresa pública encargada de la captación del agua que después consumen casi cinco millones de catalanes. Agbar, que también pujó por la mayor concesión de la Administración catalana hasta ahora, ha chocado contra esa muralla. Pero también lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha tenido que solicitar hasta en cinco ocasiones al Departamento de Territorio la documentación completa con la que Acciona ganó el concurso, especialmente la oferta técnica de Acciona. El último auto en el que la demandó fue entregado el pasado 19 de marzo. Fuentes de la Generalitat aseguran que durante todo el proceso se han facilitado los papeles requeridos.

Agbar inició los trámites para poder consultar la oferta de Acciona el pasado mes de noviembre, una vez que Territorio ya había adjudicado el concurso a Acciona. Después de semanas denunciando que la oferta vencedora era inviable financieramente, el grupo que preside Ángel Simón reclamó ver la oferta para armar el recurso que llevó ante el Órgano de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), el ente de la Generalitat que fiscaliza los contratos autonómicos y que ha acabado tumbando el contrato.

Los abogados de la compañía pudieron ver parte de la documentación, pero no en su totalidad, por lo que acabó pidiendo amparo ante el TSJC. El alto tribunal le dio la razón hasta en dos ocasiones con sendos autos, pero Agbar no pudo disponer de la documentación. Pese a ello, el recurso presentado prosperó y el OARCC le dio la razón parcialmente y resolvió que la adjudicación debía anularse porque Acciona no cumplía el calendario de inversiones.

La Generalitat se ha negado en todo momento a facilitar la documentación basándose en la “confidencialidad” de la oferta. El TSJC ha puesto en duda la validez de ese argumento una vez que el concurso estaba y, por tanto, el factor competencia había sido superado. Incluso demandó a la consejería que ahora pilota Santi Vila que remitiera al alto tribunal la documentación y que sería este el que decidiría qué partes podían ser consideradas confidenciales y qué otras no. Ni así lo consiguió. En el último auto los magistrados alertan que para una autoridad judicial solo es confidencial un “secreto oficial”, que no es el caso, y considera que cabe admitir la petición de Agbar.

El Gobierno sostiene que las cosas deben quedarse tal y como están, con el contrato actual

La compañía desconocía ayer si el último fallo del TJSC dará frutos y si la Generalitat ha remitido o lo hará en los próximos días todo el expediente al tribunal. Lo que sí conocieron es que el litigio por Aigües Ter-Llobregat va para largo, porque el Gobierno catalán no parece dispuesto a ejecutar la resolución de su Órgano de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), como falló la semana pasada en un auto el TSJC.

Si fuera así el contrato firmado con Acciona debería pasar a manos de Agbar. Esa opción, que las consejerías de Territorio y Economía sopesaron por primera vez la semana pasada, ha sido finalmente descartada. El portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, anunció que la Generalitat recurrirá ante el TSJC y ante el Tribunal Supremo, si fuera necesario, para salvaguardar “el interés público”.

Ese “interés público” se explica tanto en lo que afecta a la prestación del servicio —Acciona ofreció unas tarifas del agua más baratas que Agbar—, como a la situación económica de la Generalitat, que se ha beneficiado de la privatización para enjugar casi 1.000 millones de déficit. Pero Homs también argumentó la decisión de su Ejecutivo en la interpretación que han acabado realizando los servicios jurídicos de la Generalitat, según la cual las cuatro interlocutorias del TSJC rechazaran todas las medidas cautelares planteadas por la Generalitat, Acciona y Agbar. Las tres primeras —de la Generalitat y de Acciona— perseguían paralizar la resolución del OARC, mientras que la de Agbar solicitaba suspender el contrato que está en vigor desde el pasado 1 de enero y que dota a Acciona del poder para gestionar ATLL. “No dan la razón a ninguna de las partes”, sostuvo ayer Homs.

Con esa interpretación, el Gobierno considera que las cosas deben quedarse tal y como están, con el contrato actual en marcha y esperando una sentencia firme del TSJC. No obstante, uno de los autos, el que respondía al recurso presentado por el Departamento de Territorio, era claro cuando sentenciaba: “No haber lugar a suspender la efectividad de la resolución impugnada del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales”, la misma que considera que Acciona no cumplió con el pliego de condiciones del concurso.

La Generalitat se suma así a la posición sobre el complejo proceso que se cierne sobre ATLL. La compañía de la familia Entrecanales también advirtió que recurrirá ante el TSJC y el Supremo los autos y que, en caso de que su oferta quede invalidada, tendrá que “examinarse también la regularidad de la oferta presentada por Agbar al citado concurso y los defectos que ésta presenta en relación con las condiciones establecidas por la legislación de competencia y las normas del procedimiento de licitación”. Un auténtico embrollo.

Acciona, que acudió al concurso junto al banco brasileño BTG Pactual y otros pequeños inversores, mantienen su apuesta por mantener viva la concesión, que aseguran que supone un ahorro para los ciudadanos de 900 millones de euros durante 50 años por las menores tarifas que está dispuesto —y ofreció— a cobrar el consorcio. El grupo alertó de forma velada sobre las consecuencias que podría tener la cancelación del contrato en “la comunidad inversora nacional e internacional” si no se respeta “la continuidad del servicio contratado”.