La oficina antifraude de la UE indaga el desvío de fondos Feder en Reus

La lista de presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Reus (Baix Camp) durante los pasados mandatos se agranda. Inspectores de la Oficina Antifraude de la Unión Europea (Olaf) han desembarcado en la ciudad para investigar posibles ilegalidades en proyectos gestados en Innova, el conglomerado de empresas del Consistorio. Los inspectores de la Olaf viajaron desde Bruselas hasta el municipio hace unos días para recabar información y documentos, según admiten fuentes del Ayuntamiento. En concreto, se centraron en el Centro de Bioempresas de Reus, una instalación concebida como una incubadora de proyectos en torno a la salud y la nutrición. Para la construcción del complejo, la UE otorgó subvenciones a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La Olaf persigue en Reus el rastro de esas contribuciones comunitarias, tras denunciar la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Reus, a principios de 2012, un posible fraude en la gestión del dinero de la Unión Europea durante el anterior mandato municipal. En ese momento, Lluís Miquel Pérez (PSC) era el alcalde de la ciudad mientras que Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), dirigía Innova además de los Servicios Generales del Ayuntamiento. En la actualidad, el Consistorio —que arrastra una deuda de 389 millones de euros— está cercado por las investigaciones judiciales. Entre ellas la referida a Prat y Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).

Prat y Manté están imputados por seis delitos, como blanqueo, estafa y negociaciones prohibidas a funcionarios, por el pago de 720.000 euros desde Innova a una empresa de Manté. Hasta hace unos meses, este era presidente de Shirota Functional Foods, una sociedad de capital mixto dedicada a la investigación nutricional a la que la fiscalía de Reus mantiene bajo sospecha por ser la destinataria de un aval de tres millones de euros concedido por el Ayuntamiento de Reus. Por si fuera poco, por este asunto Pérez acudió a declarar hace tres semanas ante la Guardia Civil.

La Olaf ha irrumpido en este vendaval de investigaciones para rastrear el destino de un millón de euros en subvenciones europeas concedidas a Reus

La Olaf ha irrumpido en este vendaval de investigaciones para rastrear el destino de un millón de euros en subvenciones europeas concedidas a Reus. Los inspectores intentan esclarecer si el dinero, dado al Centro de Bioempresas y también a la rehabilitación de la Bòvila Sugranyes para espacio museístico, se utilizó debidamente. “Olaf está al tanto de ese asunto y ha abierto una investigación. Para proteger los derechos individuales y no interferir en la investigación, no puede hacer más comentarios”, afirma desde Bruselas la oficina europea de lucha contra el fraude.

La visita de los inspectores a Reus, que tuvo lugar hace 10 días, se sucede cuando este organismo ya lleva meses recibiendo información del juzgado de Reus sobre el estado de los fondos Feder, informan fuentes del caso.

Para restaurar la Bòvila Sugranyes, se destinaron 457.748 euros, según fuentes municipales. En esta obra, el Ayuntamiento de Reus no ha detectado incidencias, según refleja un informe de intervención emitido por el Consistorio en febrero de 2012. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso del centro de bioempresas, para el que la UE tenía previsto aportar más de 600.000 euros. Este fue un ambicioso proyecto en el que también está implicada la Universidad Rovira i Virgili. Su creación se remonta a 2008, cuando Reus soñaba con convertirse en ejemplo de ciudad tecnológica del futuro.

En septiembre de 2009, el entonces consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat, Jordi Ausàs, anunció la concesión de una subvención de 905.662 euros al Ayuntamiento de Reus para la construcción del centro de bioempresas, presupuestado en un total de dos millones de euros. El proyecto recibió finalmente 603.775 euros de los fondos Feder de la Unión Europea y 301.887 de una línea de ayuda complementaria aportada por la Diputación de Tarragona, informó el Consistorio. De hecho, según se pactó, los fondos Feder acabarían financiando el 50% del nuevo equipamiento.

En septiembre de 2008, el gobierno local había decidido, a propuesta de Pérez, encargar las obras y la puesta en marcha del centro a la sociedad Redessa, una empresa de capital público participada por diferentes Ayuntamientos de la comarca del Baix Camp, relata el documento del interventor. Sin embargo, el citado informe apunta ahora a un desequilibrio financiero en la construcción del centro. El desajuste en Redessa por este asunto está cifrado en 1,2 millones de euros. En lugar de utilizarse para la construcción de estas instalaciones, este dinero habría servido para pagar el edificio del Tecnoparc, donde se encuentra la Fira de Reus, según fuentes municipales.

“Estos recursos se dedicaron en ese momento a otras finalidades”, desveló ya el actual alcalde, Carles Pellicer (CiU), durante una conferencia en el Círcol de Reus el año pasado, elevando a 1,3 millones la cantidad de dinero desviado. El exalcalde Pérez dijo ayer que “quizás los números no cuadren con los del proyecto original; hubo una variación de destino, pero dentro del mismo eje de proyecto”.

Hace unos meses, tras la denuncia de la CUP, el Consistorio rebajó hasta casi la mitad el coste del Centro de Bioempresas para no perder las subvenciones y poder inaugurarlo.