La Guardia Civil ampara a Alaya ante las acusaciones de detenciones ilegales

La Guardia Civil asegura que las 22 detenciones realizadas durante la Operación Heracles por el caso de los ERE hace dos semanas, fueron policiales. Esta afirmación ampara la actuación de la juez Mercedes Alaya, puesta en entredicho por varios abogados que han presentado recursos para exigir la nulidad de las detenciones, ya que entienden que sus clientes superaron el plazo legal establecido de las 72 horas. Pero ahora la Unidad Central Operativa (UCO) confirma que este grupo lideró la operación policial, por lo que el plazo se había elevado hasta 144 horas en total.

Tanto los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué como el supuesto testaferro Ismael Sierra, cuñado de Juan Lanzas, consideraron que su detención había sido judicial, esto es de orden de la juez Alaya. Los tres fueron detenidos el miércoles 20 por la mañana e ingresaron en prisión el sábado 23 pasadas las 16.00 de la tarde. Es decir, 78 horas y 30 minutos de detención.

“Para hacer una detención no hace falta mandamiento judicial. En Barcelona \[donde se detuvo a los exdirectivos de Vitalia\] no se realizaron registros y las personas fueron detenidas sin intervención de la juez”, explicaron fuentes de la Guardia Civil. “Tomamos sus declaraciones policiales y luego a mediodía del viernes se les entrega a la juez. La juez muchas veces no ordena, sino supervisa”, subrayan estas fuentes del instituto armado.

El plazo legal desde que una persona es arrestada hasta que el juez toma una decisión al respecto, ponerle en libertad o enviarle a prisión, es de 72 horas. Pero si las detenciones fueron policiales, los investigadores disponían de 72 horas para tomarles declaración policial a los detenidos, y a continuación la juez disponía de otras 72 horas para tomarles declaración judicial y adoptar la decisión sobre si decretaba prisión o libertad con cargos para ellos.

“Se excedió el tiempo legal de detención (...) no existe ninguna razón de fondo que justifique la decisión de la juez Alaya”, censuró el letrado de Pascual, José María Calero. Cristóbal Martell, el otro abogado de Pascual, acusado cohecho y asociación ilícita entre otros cargos, añadió que la entidad de la operación policial justificaba la intervención de la juez Alaya. “Todo apunta a una detención judicial, ya que mal se explicaría un despliegue coordinado de 200 agentes si no es judicial. El auto dictado fuera de las 72 horas conduce a la libertad”, censuró Martell. Ahora la Guardia Civil zanja de momento las dudas al atribuirse la autoría y mandato de las detenciones.