Sanidad no aclara si recuperará a los 400 despedidos del Puerta de Hierro

El hospital Puerta de Hierro de Majadahonda funciona desde ayer con 400 empleados menos. De ellos, 220 trabajadores fijos no sanitarios han sido trasladados a otros centros hospitalarios. Y 180 interinos pierden su vinculación con la Comunidad de Madrid después de que una concesionaria asumiera estos servicios (celadores, administrativos...). La Consejería de Sanidad insiste desde hace días en que se mantendrá la calidad, aunque ni siquiera sabe aún cuántos de esos puestos se van a volver a cubrir.

“Hoy [por ayer] todo ha funcionado con normalidad”, aseguró ayer la gerente del hospital, María Codesido. Asegura que “algunos” de los 180 eventuales han vuelto a ser contratados por la concesionaria (una UTE formada por Iridium, Bovis Lend Lease y Sacyr). No precisó con cuántos trabajadores piensa la empresa sustituir a los que se han ido. “No le exigimos un número de personas, sino el cumplimiento del servicio, y con condiciones muy exigentes, con penalizaciones automáticas cada vez que se produce un incumplimiento”, dijo la gerente, que sustituye a Jorge Gómez Zamora, destituido por simultanear su cargo público con la secretaría de una mutua, según la versión oficial.

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) tiene abierto un expediente administrativo para reclamar a la concesionaria del Puerta de Hierro el dinero de los sueldos que ha estado pagando por los 400 empleados públicos que en realidad trabajaban para la empresa. Son al menos 7,9 millones entre finales de 2008 y 2011, a los que habría que sumar 2012 y los primeros meses de este año. Al tiempo que el Sermas pagaba los sueldos, abonaba a la empresa un canon por ocuparse de los servicios. Es decir, pagaba dos veces por lo mismo. Codesido aseguró ayer desconocer cómo marcha el expediente que “sigue su curso”, se limitó a decir un portavoz de Sanidad.

Los sindicatos denunciaron el “caos” por la pérdida de plantilla y la precariedad de los futuros empleados. “Los nuevos tendrán la misma función con la mitad de sueldo”, según Nacho Gómez, delegado de CC OO en el hospital. “Un auxiliar administrativo del Sermas ganaba unos 1.200 euros mensuales brutos, con 14 pagas. Ahora les han ofrecido 12.000 euros brutos al año”, afirma Raúl Soto, de CGT. Soto denuncia errores en la comunicación de los ceses, que provocaron, por ejemplo, que en la noche del domingo al lunes varios celadores se presentaran trabajar y el personal de seguridad les impidiera el paso. Soto asegura que la concesionaria solamente ha llamado a cinco ex trabajadores públicos para volver a incorporarse a los puestos que desempeñaban: cuatro secretarias y un empleado de mantenimiento.

El PSM considera que la reducción de personal del Puerta de Hierro es un “expolio”de la sanidad madrileña. El diputado Enrique Cascallana teme que “400 familias acaben en la calle” porque el traslado de los 220 fijos a otros hospitales supondrá que los interinos a los que sustituyen sean “expulsados” con más de 15 años de experiencia o 55 años de edad en algunos casos. “No van a tener la fortuna que tienen otros en la Comunidad, como la de Lourdes Cavero”, dijo el socialista en referencia a la mujer del presidente regional, Ignacio González, que recibió una indemnización de 700.000 euros tras permanecer 26 años en nómina de la patronal eléctrica Unesa.

“No es razonable defender que con 400 personas menos se funcione igual”, añade Enrique Normand (UPyD). Critica que el pago a los empleados no sanitarios se acordara con los sindicatos pero no se incluyera en los pliegos cuando el hospital se mudó de edificio. “Si se hubiera hecho por escrito, ahora no los podrían trasladar”, añade. IU se suma a la crítica por la pérdida de “recursos materiales y humanos” en los hospitales, según el diputado Rubén Bejarano, que lo achaca al proceso de “privatización” de la sanidad. Tanto IU como UPyD se sumaron ayer a la lucha judicial contra la privatización iniciada por el PSM y a varios colectivos profesionales sanitarios. IU instó ayer a la Defensora del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. UPyD presentó un recurso de amparo ante el Constitucional por el mismo motivo.