El juez de Emarsa ordena el embargo de dos empresas implicadas en la trama

El juzgado del caso Emarsa ha decretado sendos embargos de bienes sobre las empresas de los imputados Eva María Marsal y José Luis Sena para cubrir las fianzas de 100.000 y 2,7 millones de euros que se les impuso, respectivamente, por su implicación en el supuesto saqueo de la depuradora de Pinedo.

Según dicta en el auto correspondiente a Sena, este empresario no hizo frente a la citada fianza que se le impuso junto a su hermano Enrique y a Vicente Ros, también imputados como responsables de Notec, una de las principales sociedades del entramado de facturación falsa que presuntamente propició el desvío de fondos públicos.

La resolución recuerda que entre 2006 y 2007 Notec intervino de manera indirecta, a través de Adobs Organics, en esta supuesta malversación orquestada a través de trabajos falsos y precios muy superiores a los del coste real en la gestión y retirada de los lodos que generaba la instalación.

Sin embargo, en los dos años posteriores, esta empresa "aprendió perfectamente a facturar", y ya no necesitó de la mediación de otra firma, participando "de manera directa y consciente en la trama".

Entre 2008 y 2009, Notec facturó 2,7 millones de euros a Emarsa a través de "gastos ficticios", facilitando así un desvío de fondos públicos en beneficio de sus propietarios y de otros imputados.

Al no haber aportado la fianza que se le impuso, y tras haber sido declarado parcialmente solvente, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ordena que sea su empresa la que la afronte esta cantidad y que se le embarguen los bienes correspondientes para garantizar el pago.

Lo mismo sucede en el auto que ha dictado el instructor sobre Eva María Marsal, esposa del exdirector financiero de Emarsa Enrique Arnal -también imputado- y titular de la mercantil Managment de Azafatas y Servicios, que facturó 117.926 euros a la depuradora de Pinedo.

La imputada utilizó esta sociedad para "emitir facturas a Emarsa en las que se reflejaban entregas de bienes o prestación de servicios ficticios".

Marsal tampoco ha hecho frente a este pago, por lo que el juez, que investiga en exclusiva una causa que ya acumula 117 tomos de actuaciones y cerca de una treintena de imputados, ordena el embargo de bienes su empresa.