Radiografía de una autonomía quebrada

La Comunidad Valenciana está a un paso de convertirse en la Grecia española. La autonomía que el PP presentó como un modelo de gestión en los años de Gobierno socialista está hoy al borde del default.Los datos económicos referidos a las cuentas de 2012 han evidenciado que la Generalitat, que preside Alberto Fabra, será incapaz este año de cubrir el coste de servicios esenciales, como sanidad y educación, sin la aportación de fondos de rescate adicionales por parte del Gobierno que preside Mariano Rajoy.

El caso de la Comunidad Valenciana no es único, hay otras autonomías en situaciones similares, pero nunca antes había sido expuesto con tanta crudeza por parte del Gobierno valenciano. Su consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, no oculta su impotencia para sostener servicios básicos —solo el sostenimiento de la sanidad y la educación rondará los 9.000 millones de euros— con una financiación autonómica que este año rondará los 8.300 millones. “Hay que establecer una ruptura con el modelo de financiación existente basado en el statu quo y diseñar un nuevo modelo más simple y basado en criterios poblacionales”, señala Moragues.

Y es que los indicadores sobre la ejecución presupuestaria de 2012, han supuesto un mazazo para el presidente valenciano. Desde que sustituyó a Francisco Camps al frente de la Generalitat, en julio de 2011, Alberto Fabra ha vivido obsesionado por reducir la ingente deuda acumulada por su antecesor y por evitar que los cortes de luz en la Administración autonómica, la falta de calefacción en los colegios y las protestas por los impagos a discapacitados, farmacéuticos y colectivos de todo tipo se convirtiesen en la imagen diaria de la Comunidad Valenciana en los noticieros.

Sin embargo, pese a que el año pasado Fabra logró recortar distintas partidas de gasto, por un importe cercano a 2.000 millones de euros, el esfuerzo parece haber sido baldío. El ejercicio de 2012 se cerró con un déficit rayano en el 3,5%, más del doble del objetivo del 1,5% del PIB fijado por el Ministerio de Hacienda y el mayor de todas las autonomías españolas. El desfase entre ingresos y gastos no financieros superó el 40% y las perspectivas para este año no son mejores.

La burbuja inmobiliaria creó un espejismo y animó el despilfarro

Todo ello ha hecho que Standard & Poor's (S&P) rebajase la calificación de la Comunidad Valenciana a largo plazo hasta BB negativo. Se trata del segundo nivel de grado especulativo o bono basura, que está tan solo un escalón por encima de la calificación griega. "Las cifras de Valencia están por debajo de nuestro escenario más pesimista, lo que señala posibles dificultades para lograr una consolidación fiscal", afirma en su informe la agencia.

Algunos de los indicadores son para ponerse a temblar. Pese a los ajustes acometidos, entre 2008 y 2012, la Generalitat duplicó con creces la deuda acumulada desde la década de los ochenta. De 13.052 millones, que representaban el 12,1% del PIB hace cuatro años, se pasó a una deuda de 29.437 millones en 2012, según los últimos datos del Banco de España. Una cifra que representa el 29,3% del PIB regional y la mayor de todas las autonomías en términos relativos.

A pesar de ello, el 1 de enero de este año, la Generalitat tenía 4.600 millones de euros pendientes de pagar a sus proveedores y, a fecha de hoy, tan solo confía en poder transformar esta deuda comercial en deuda financiera a través de las líneas de crédito del Gobierno. El problema es de tal magnitud que, tras las consejerías de Sanidad y Educación, el departamento con mayor dotación presupuestaria en 2013 es el de servicio de la deuda, con 1.300 millones de euros destinados a pagar intereses. Una cantidad que permitiría construir solo en un año casi diez aeropuertos como el de Castellón.

La partida más grande, tras Sanidad y Educación, va a pagar los intereses

Las razones que han llevado al borde del precipicio la autonomía que preside Fabra hay que buscarlas, sin embargo, en otros puertos. La Comunidad Valenciana reúne tres indicadores que han sido letales en esta larga crisis económica: una renta per càpita un 12% inferior a la española, una balanza fiscal negativa y una financiación autonómica que siempre ha sido inferior a la media del conjunto de las autonomías de régimen común (211 euros menos por habitante en 2010, último año de referencia).

Durante los años de crecimiento económico, gestionados mayoritariamente por Camps, la mayor participación en los ingresos del Estado y, sobre todo, la recaudación generada por la burbuja inmobiliaria permitieron al PP valenciano compensar la deficiente financiación autonómica y desplegar una política de escaparate. Tan solo en 2006 —el año de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, las regatas previas de la Copa del América y las conversaciones con Bernie Ecclestone para conseguir el premio de Europa de fórmula 1— se recaudaron 2.421 millones de euros gracias a la economía del ladrillo.

Esos ingresos extraordinarios, que inyectaron ríos de dinero, sobre todo a orillas del Mediterráneo, permitieron impulsar grandes eventos; hitos arquitectónicos y espectaculares infraestructuras. Todo ello posibilitó que Francisco Camps —“un fenómeno”, como lo calificó Mariano Rajoy en 2007— levantase un espejismo de prosperidad por el que se colaron el despilfarro y la corrupción. El año pasado, los ingresos procedentes del sector inmobiliario no alcanzaron ni la cuarta parte de lo recaudado en la época dorada (630 millones) y hoy la mayor parte de las grandes infraestructuras tienen puesto el cartel de “se vende o se alquila” mientras los servicios básicos sufren una situación de deterioro paulatino.

Según un estudio encargado por la potente Asociación Valenciana de Empresarios, el gasto en grandes eventos explica el 12% de la deuda acumulada por la Generalitat, al que hay que añadir otro 8% procedente del sector público valenciano. El 80% restante tendría su origen en la deficiente financiación acumulada, según este estudio. "La única solución es que el Gobierno modifique el sistema para equiparar la financiación valenciana a la media estatal y que, mientras tanto, arbitre una solución de emergencia", admite el Gobierno valenciano.