La fiscalía investiga si Mintegi cometió un delito de enaltecimiento del terrorismo

El fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, ha abierto una investigación para analizar si las declaraciones de la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, en el pleno del Parlamento autónomo del pasado jueves pudieron constituir un delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo.

Calparsoro solicitó el pasado martes a la Cámara las actas y las grabaciones del pleno, en el que la parlamentaria calificó los crímenes de ETA y en concreto el asesinato del socialista Fernando Buesa en 2000 como “muertes por causa política” que podían haber sido evitadas.

En concreto, el fiscal ha reclamado la documentación necesaria para analizar el “contexto” en el que se produjeron las declaraciones ya que las diligencias previas parten de las informaciones periodísticas tras el debate parlamentario. La Cámara ya ha remitido al fiscal el borrador de la transcripción del punto del pleno que ha motivado la actuación del Ministerio Público.

Calparsoro ha explicado a Radio Euskadi que las diligencias previas se han incoado “en coordinación con la Fiscalía General del Estado” y ha garantizado que la próxima semana habrá decidido si esta polémica “tiene recorrido o no” en el ámbito judicial. “No se demorará la decisión”, ha resaltado.

La presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, ha anunciado hoy a los portavoces de los grupos que ya ha remitido a Calparsoro su respuesta, en la que además de recordarle que las actas de los plenos son públicas y accesibles a través de la web de la institución, muestra su “malestar y preocupación por la gravedad de una decisión que menoscaba la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria”.

Calparsoro asegura que “no se demorará la decisión”

Tejeria critica en el escrito que la apertura de diligencias va contra la “autonomía de funcionamiento de la Cámara” y recuerda al fiscal que el Reglamento del Parlamento, en su artículo 14, regula la "inviolabilidad por las opiniones, actuaciones y votos emitidos" por los parlamentarios en el ejercicio de su cargo.

En su escrito, la presidenta recoge parte de una sentencia del Tribunal Supremo en la que se señala que el concepto de inviolabilidad parlamentaria es “un privilegio frente a la mera incoación de todo procedimiento, incluso civil, un verdadero límite a la jurisdicción que tiene carácter absoluto […] ni siquiera se puede entrar a examinar el contenido de esas opiniones al objeto de discernir si merecen o no la tutela de ese privilegio”.

Se trata de una referencia a lo ocurrido hace ahora 11 años, cuando la fiscalía vasca presentó, a petición de la Fiscalía General del Estado, una querella contra el entonces parlamentario de Sozialista Abertzaleak, el grupo de la ilegalizada Batasuna en la Cámara de Vitoria, Jon Salaberria por señalar desde la tribuna de la Cámara que "la lucha armada de ETA no responde a la voluntad de imponer ideas, sino a la defensa de los derechos legítimos del pueblo vasco”.

El Tribunal Superior vasco condenó a Salaberria en 2003 a un año de cárcel y a siete de inhabilitación absoluta, condena que el Supremo anuló al año siguiente.

A la investigación de Calparsoro se suma la queja planteada por el PP a la presidencia del Legislativo vasco contra el también parlamentario independentista Julen Arzuaga por calificar a los reclusos etarras como “presos políticos” en la misma sesión plenaria. Los populares han pedido que se sancione a Arzuaga, una petición que la Mesa del Parlamento derivó el pasado martes a la comisión correspondiente.