La privatización de la Sanidad en Madrid, ante el Defensor del Pueblo

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha entregado a las 18.45 en la oficina de la Defensora del Pueblo un informe sobre la, a su juicio, inconstitucionalidad de la privatización de seis hospitales madrileños y 27 centros de salud puesta en marcha con ley de acompañamiento de los Presupuestos del Gobierno regional. El documento, que recoge aportaciones de sus miembros, analiza los aspectos sanitarios, económicos y jurídicos de la medida y concluye que vulnera las normas constitucionales básicas en materia de sanidad pública y seguridad social, al tiempo que es inviable económicamente. También esta tarde, AFEM estudia más movilizaciones contra el plan externalizador, incluida una posible nueva huelga.

Según ha explicado la portavoz de la asociación, Fátima Brañas, el documentado es "el resultado de un trabajo multidisciplinar realizado por un equipo técnico de AFEM y el bufete de abogados López Rodó y Cruz Ferrer, que ha valorado" todas las implicaciones de ley de Medidas Fiscales aprobada por la Asamblea de Madrid el 28 de diciembre. El Gobierno regional ha anunciado que "en breve" publicará los pliegos de condiciones para el concurso de los seis hospiales, mientras que se ha visto forzado a reducir a solo cuatro los centros de salud que externalizará debido a la falta de ofertas. 

"Hacemos una demostración del modo de trabajar de los médicos. Somos científicos y lo que hacemos lo basamos en la evidencia y en hechos demostrados, no como la Consejería de Sanidad, que todavía no ha presentado ningún dato que avale su plan de ahorro", ha explicado Brañas.

Al respecto, el presidente de AFEM, Pedro González, subraya que la Comunidad de Madrid se "va a lanzar a un proceso privatizador" de la Sanidad regional "sin tener ningún estudio" tanto sobre "el coste real como de la viabilidad de este modo de gestión". De hecho, según remarca, el informe apunta a la inviabilidad económica de esta medida. Con esta iniciativa AFEM quiere "aportar a la opinión pública, a las instituciones y a los grupos políticos datos contrastados y elementos de juicio para que puedan presentar un recurso inconstitucionalidad".

El informe argumenta que los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas "vulnera las normas constitucionales básicas sobre la seguridad social y sobre la sanidad pública", porque "rompe la unidad del régimen económico del aseguramiento de la prestación sanitaria". Otra de las razones que esgrime dicho estudio es que el plan "privatizador crea un modelo de apartheid sanitario que discrimina a los pacientes por zonas".

Los médicos insisten en que el informe pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid "no ha estudiado cómo optimizar sus propios recursos sanitarios, ni la necesidad real de privatizar, ni los costes reales que supondrían". Para AFEM, el Gobierno regional "tampoco dispone de los mecanismos de control para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria en los hospitales privatizados".

Por la mañana, unos 200 trabajadores de varios hospitales se han concentrado ante la Consejería de Sanidad para entregar una nueva remesa de 413.000 firmas contra las privatizaciones que, sumadas a las 911.000 entregadas en noviembre pasado, "suponen un total de 1.324.000", según la plataforma P.A.T.U.Salud.

Con la entrega de las últimas rúbricas recogidas hasta ayer mismo en todos los hospitales públicos de la región, además de centros de salud, se ha dado por finalizado el encierro de trabajadores que empezó ayer en el Doce de Octubre, convocado por esta plataforma. En respuesta, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha dicho que se han recogido "muchas" firmas "asustando a los ciudadanos", haciéndoles creer "algo que no es verdad" y por las mismas entidades que les privaron de asistencia médica "durante seis semanas de huelga".