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CASO DE LOS ERE

La juez Alaya envía a prisión a Lanzas y a un exdirectivo de Vitalia

La magistrada ya había imputado a Antonio Albarracín y al intermediario de los ERE

La instructora deja en libertad con cargos al exsubdirector de Mercasevilla Daniel Ponce

La juez Alaya ha seguido la senda iniciada con el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, y ha enviado a prisión al filo de las siete de la mañana al intermediario de los ERE Juan Lanzas y al exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín. La magistrada sitúa a ambos en plena connivencia con Guerrero para el desvío del dinero procedente de las sobrecomisiones abonadas a las consultoras. Lanzas trabajó como comercial a las órdenes de Albarracín. El primero, amigo de Guerrero, recibió de tres testaferros 2,8 millones y tres millones como comisiones del grupo Nueva Rumasa; el segundo, despachaba con el ex alto cargo y logró 3,7 millones en comisiones derivadas de las pólizas que tramitó Vitalia a través de su empresa Permar 21, avanzó Diario de Sevilla.

Mientras, la instructora ha dejado en libertad con cargos al exsubdirector de Mercasevilla Daniel Ponce, con la retirada del DNI y pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días como medida para evitar un intento de fuga.

De este modo, la pareja de amigos que viajó junto a sus esposas a China y Egipto, Guerrero y Lanzas, han sido los primeros imputados de la Operación Heracles en ingresar en prisión. Lanzas cobró sus servicios de múltiples formas y además de Vitalia también realizó gestiones para el bufete Estudios Jurídicos Villasís, trabajos por los que percibía sobrecomisiones que la Guardia Civil considera ilegales.

Los márgenes de beneficio que obtenía Lanzas por las comisiones de cada ERE eran de vértigo, y a lo largo de los años amasó una inmensa fortuna. Tras pasar por la sección Agroalimentaria de UGT, Lanzas comenzó a ejercer de intermediario en los ERE seduciendo a los sindicatos de las grandes empresas y a los empresarios, porque ofrecía la ejecución de un expediente que subvencionaba la Junta. De este modo, el empresario se desquitaba de una gran masa salarial, los empleados se iban a casa con un gran porcentaje de la paga y prejubilados, y la Junta pagaba con gran facilidad y sin poner numerosas pegas, dado que la decisión última dependía de Guerrero. En el centro de este negocio, Lanzas movía los hilos como nadie.

Solo entre 2003 y 2006 tres testaferros blanquearon para el exsindicalista 1,8 millones a través de tres empresas pantalla, según denunció la Guardia Civil en un informe. Lanzas nunca hizo ostentación de riqueza, pero en 2011 le confesó a un vecino: “Tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él”. Poco después el comentario se extendió por su pueblo natal, Albanchez de Mágina (Jaén, 1.200 habitantes).

Sin embargo, el exsindicalista de UGT imputado en el caso no actuaba solo, según los agentes. La consultora Vitalia, liderado por María Vaqué y Eduardo Pascual, ambos imputados en la Audiencia Nacional por el caso Eurobank, y el bufete Estudios Jurídicos Villasís participaron en esta operativa para canalizar las comisiones de los ERE.

En paralelo, la juez ha enviado a prisión incondicional también al ex director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción tras una intensa declaración de siete horas. Los agentes dan verosimilitud a las acusaciones vertidas por el chófer Juan Francisco Trujillo y el testaferro de Lanzas Juan Francisco Algarín, que culpan a Albarracín de la entrega de sobres con billetes de 200 y 500 euros destinados a Guerrero.

Albarracín perteneció a Vitalia desde 1995 a 2011, según su abogado, que ha asegurado que el cargo de su defendido era "abogado asesor jurídico en nómina". Albarracín se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan y ha definido el escándalo como un "enorme fraude propiciado por la Junta de Andalucía”.

La investigación sitúa a Albarracín, cuya mujer ha sido detenida, muy cerca del corazón de la corrupción instalada en la Dirección General de Trabajo por su trato habitual con Guerrero. Los agentes dan verosimilitud a las acusaciones vertidas por el chófer Juan Francisco Trujillo y el testaferro de Lanzas Juan Francisco Algarín, que culpan a Albarracín de la entrega de sobres con billetes de 200 y 500 euros. Al cierre de esta edición, la juez Mercedes Alaya estaba pendiente de decidir al respecto y redactar el auto de prisión o de libertad con cargos.

El abogado de Albarracín, Francisco Rubiales, denominó el escándalo como un “enorme fraude propiciado por la Junta de Andalucía”, a modo de descargo sobre la actuación de su cliente. Rubiales aseguró que Albarracín fue un abogado asesor jurídico en nómina de Vitalia entre 1995 y 2011. “La responsabilidad recae en los cargos políticos, que no se preocuparon de que las condiciones [de los ERE] fueran correctas”. “Fue un simple trabajador, sin ni un triste poder notarial para firmar un contrato (...) No era apoderado ni administrador de ninguna sociedad”, insistió el letrado.

El abogado explicó que su defendido seguía “las instrucciones” que recibía desde “la jefatura” de Vitalia en Barcelona, pero “no recibió instrucciones para cometer delito ni para hacer ningún tipo de trama con la Junta”. “La acusación es injustificada porque ha quedado acreditado que era asesor jurídico, empleado en nómina”, añadió.

Por la mañana, la juez Alaya dejó en libertad con cargos al exconsultor de Vitalia Jesús Bordallo. Tras cuatro horas de declaración el miércoles por la noche en las que Bordallo se afanó en exculparse, su defensa surtió efecto y la Fiscalía Anticorrupción no pidió la drástica medida de prisión incondicional. “Todas las directrices venían de arriba”, alegó su abogado.

Mientras, la situación de los detenidos era diversa ayer, ya que algunos habían sido puestos en libertad por su papel irrelevante respecto a la trama de desvío de fondos.

En los próximos días pasarán a disposición judicial los principales nuevos detenidos esta semana, aunque el Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla sufre cierto atasco, dado que algunas declaraciones han sido muy extensas con intensos interrogatorios. Entre ellos figuran los 11 detenidos vinculados a la consultora Vitalia, que esperan prestar declaración mañana ante Alaya. La cúpula de Vitalia deberá responder entre otras cuestiones a las inversiones en el ladrillo extranjero que realizaron en países como Rumanía o República Dominicana.

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