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El Tribunal Supremo condena la opacidad del Consell con la oposición

El varapalo judicial da la razón a Compromís por unos contratos de Gürtel

Abre “una nueva vía” que, según Mònica Oltra, puede llegar al ámbito penal

La diputada de Compromís Mònica Oltra, este miércoles, en el pleno de las Cortes Valencianas.
La diputada de Compromís Mònica Oltra, este miércoles, en el pleno de las Cortes Valencianas.

“El Gobierno valenciano incumplió su obligación de facilitar la información que se le había pedido”, según una sentencia del Tribunal Supremo fechada el 25 de febrero. La resolución da la razón a la Coalició Compromís, al confirmar una sentencia de abril de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y supone un serio varapalo a la política de opacidad del PP. La diputada Mònica Oltra, que firmaba el recurso junto al portavoz de su grupo, Enric Morera, y ha sido también la letrada que ha llevado el caso, explicó este miércoles en las Cortes Valencianas, visiblemente satisfecha, que es la primera vez que una sentencia de este tipo afecta directamente al Ejecutivo autonómico y abre “una nueva vía jurídica” porque genera jurisprudencia en algo que antes se consideraba “una cuestión política”.

Compromís recurrió la negativa del Consell que presidía Francisco Camps a entregarle información sobre los contratos menores de la Generalitat firmó entre 2003 y 2008 con empresas de la trama Gürtel. Era el año 2009, poco después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón desvelase el escándalo de corrupción que afecta al PP. La respuesta del Consell fue negativa porque, según argumentó el entonces vicepresidente segundo y titular de Economía, Gerardo Camps, la información estaba bajo secreto de sumario.

Privar a los diputados de los datos “menoscaba su labor de control”

La sentencia del Supremo estima los argumentos de Compromís y recuerda el deber de la Administración valenciana de facilitar los “datos, informes y documentos administrativos” recabados por los diputados “a no ser que razones fundadas en Derecho se lo impidan”. Supuesto, este último, que fue alegado por la Generalitat en su recurso y que el Supremo desestima porque el secreto sumarial “no es razón que justifique la negativa a facilitar unos contratos administrativos que nada dicen del proceso penal pues son previos a él y, ciertamente, no tienen por sí mismos carácter secreto sino todo lo contrario”; porque la existencia de un proceso penal no es obstáculo “para que las asambleas legislativas controlen la acción del Gobierno”; porque no se sigue que “poner en conocimiento de los diputados solicitantes los datos que pedían propicie juicio paralelo alguno”, y porque “privarles de ellos sí que menoscaba su labor de control”.

La sentencia también desestima, contra lo que alegaba el Consell, que los diputados tengan obligatoriamente que agotar las posibilidades que ofrece el Reglamento de las Cortes (pregunta oral y proposición no de ley tras una solicitud de documentación no satisfecha) antes de poder recurrir a la vía contencioso-administrativa. “El de los diputados a recibir la información que solicitan del Gobierno es un derecho fundamental que merece protección constitucional”, concluye la sentencia en sus fundamentos de Derecho.

Las cinco sentencias anteriores del Constitucional afectan a las Cortes

No es la primera sentencia que gana Compromís por la vulneración de los derechos de sus diputados, como reconoció Mònica Oltra. Hasta cinco veces se ha pronunciado el Tribunal Constitucional a favor de recursos de amparo de la coalición. Pero esas sentencias se refieren a actuaciones de la Mesa de las Cortes Valencianas en las que el PP había hecho valer su mayoría para no tramitar iniciativas de la oposición. “Al ver lo que ocurría”, explicó la diputada, “cambiaron y las Cortes tramitaban lo que pedíamos pero el Consell decía que no lo entregaba”.

De ahí que Compromís orientara la batalla judicial hacia el Consell, por la vía ordinaria. “Conocidos juristas nos decían que era inviable”, recordó Oltra, quien citó lo ocurrido con los contenciosos planteados por el exdiputado socialista José Camarasa hace dos legislaturas para conocer los contratos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Compromís se ha centrado en “un Gobierno que no se deja controlar”

La sentencia del Supremo, en efecto, aborda, esa polémica y la decanta hacia las tesis de la diputada de Compromís al señalar que “los tribunales de lo contencioso-administrativo conocen de las cuestiones suscitadas en relación con la protección de los derechos fundamentales a propósito de los actos del Gobierno o de los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, cualquiera que sea la naturaleza de dichos actos”. Entre ellos los de informar o no a la oposición.

“Se nos ha preguntado por qué no nos hemos personado en casos tan importantes”, comentó Oltra en referencia a que Compromís no ejerce la acusación en ninguno de los sumarios de corrupción, como sí que hacen los socialistas o Esquerra Unida. La corrupción “es el síntoma”, indicó la parlamentaria, pero la “enfermedad es un Gobierno que no se deja controlar”. Compromís ha decidido atacar “directamente la enfermedad”.

Oltra apunta que acusará al Consell por desobediencia y prevaricación

¿Cómo lo conseguirá si los efectos de las sentencias que ha logrado a su favor son simbólicos, dado que, por ejemplo, los contratos de Gürtel que el Consell se negó a entregar ya hace tiempo que se conocen? Oltra señaló que Compromís quiere consolidar la jurisprudencia. Para ello tiene pendientes cuatro recursos ante el TSJ por la misma vía del que ha llegado al Supremo. Uno se refiere a la negativa del Consell a entregar el informe de la consultora que fundamentó el ERE en RTVV; otro a la negativa a entregar los estudios demoscópicos de la Generalitat; un tercero afecta a los documentos que justifican el pago del canon de la fórmula 1, y el cuarto alude al coste de la construcción de centros escolares.

“La sentencia es importante de cara al futuro”, comentó Oltra, que advirtió de que, si se reiteran las sentencias contra el Consell, Compromís emprenderá la vía penal y acusará a los responsables del Gobierno autonómico por desobediencia y prevaricación.

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