Educación busca cómo mantener las ayudas a colegios que segregan

Ni el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ni su conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, quisieron comprometerse ayer a ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula los conciertos públicos con cinco colegios ultracatólicos que segregan a sus alumnos por sexos. El Gobierno gallego se escudó en que está todavía estudiando el contenido del fallo judicial, pese a que su argumentación jurídica es clara y bien conocida desde el pasado julio, cuando el Tribunal Supremo dictaminó por primera vez que los convenios con ese tipo de centros vulneran la actual ley educativa y sentó la doctrina que ahora asume el TSXG. Con todo, la Consellería de Educación apuntó posibles fórmulas para esquivar el cumplimiento del fallo judicial.

 La Xunta puede recurrir la sentencia, una posibilidad que no descartó ayer Vázquez, aunque sería solo un medio de ganar tiempo, ya que esa iniciativa estaría condenada de antemano a un fracaso seguro. Desde que en el verano de 2012 el Supremo anuló los convenios con colegios que separan niñas y niños en Andalucía, una decena de fallos ha reiterado la misma doctrina. La maniobra dilatoria podría servir para esperar a la entrada en vigor de la nueva ley educativa en preparación por el ministro José Ignacio Wert, quien ya anticipó que blindará jurídicamente el patrocinio público de los colegios católicos segregacionistas. Pero esa norma todavía no ha sido aprobada por el Gobierno y, cuando lo sea, todavía tiene que someterse al largo trámite parlamentario. Con todo, la Xunta estudia además la posible aplicación al caso de una disposición de los Presupuestos Generales del Estado para este año, introducida tras una enmienda de Foro Asturias —en esa comunidad también el Supremo anuló este tipo de conciertos— y Unión del Pueblo Navarro, pactada posteriormente con el PP. En ella, se autoriza a financiar con dinero público los colegios de “educación diferenciada que escolarizan alumnos de un solo sexo”.

En Galicia hay cinco colegios con ese sistema y todos están bajo el paraguas del patrocinio público. Son Aloya, Las Acacias y Montecastelo en Vigo, y Peñarredonda y Montespiño en A Coruña. Salvo el primero, los otros cuatro pertenecen al grupo Fomento de Centros de Enseñanza, vinculado al Opus Dei. Un portavoz de esa empresa educativa anunció a Europa Press que recurrirá la sentencia ante el propio Tribunal Superior de Galicia. Sus argumentos jurídicos son precisamente la nueva ley que prepara Wert y la disposición introducida en los Presupuestos del Estado. Los conciertos educativos en Galicia se renuevan cada año, generalmente en el mes de agosto. El Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia (STEG), cuyo recurso provocó el pronunciamiento del TSXG, también puede reclamar la ejecución de la sentencia.

El fallo judicial no le ha podido llegar en peor momento a la Consellería de Educación. Mientras la Xunta insiste en pagar tres millones de euros al año a los colegios que segregan, el conselleiro Vázquez acaba de anunciar un nuevo recorte, que esta vez aumentará la factura que pagan los padres por los comedores escolares públicos, de nuevo con la necesidad del ahorro como justificación. Además, es el segundo revés judicial de importancia para Educación en pocos meses, tras otra sentencia del TSXG que declaró ilegal que los padres eligiesen el idioma escolar de sus hijos en educación infantil.

El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, celebró ayer el nuevo fallo judicial del Superior como “un triunfo de la igualdad sobre la ideología ultraconservadora”. Vázquez exigió que la Xunta no recurra la sentencia “para que no haga el ridículo que ya ha hecho”. Su partido, en cambio, va a estudiar “todas las vías legales” para intentar que no se aplique el copago en los comedores escolares. El líder socialista recordó que durante el debate de los Presupuestos de la Xunta para este año el PSdeG ya presentó una enmienda que proponía dedicar a los comedores el dinero de los conciertos con colegios segregacionistas.

“¿No va a dimitir nadie por esto?”, se preguntó retóricamente Pachi Vázquez. Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) se anduvo con menos rodeos y exigió la dimisión de Vázquez, a quien acusa de gobernar en “fraude democrático y en fraude de ley”. AGE defiende también que el dinero hasta ahora destinado a los centros ultracatólicos se desvíe a los comedores. Y la misma petición fue formulada por el el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Esta formación reclama además que los colegios afectados por la sentencia devuelvan el dinero cobrado por los conciertos en los últimos cuatro años. “Esos fondos provienen de una financiación ilegal”, denunció la diputada nacionalista Ana Pontón.