La justicia obliga a tres niños a dejar un colegio concertado a mitad de curso
Las familias habían denunciado a otros padres a los que acusaban de fraude en la escolarización
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a la Junta en su decisión de negar la plaza solicitada por tres niños en el colegio concertado San Felipe Neri, en Cádiz, por no contar con los puntos suficientes. Las familias de estos alumnos de infantil habían presentado un recurso contencioso-administrativo contra esta actuación, por lo que, como medida cautelar, los niños habían empezado el curso en el centro de su elección. Ahora la sentencia del TSJA obliga a que los tres escolares dejen su plaza tras las vacaciones de Semana Santa. Tendrán que ingresar en el colegio que les asigne la Delegación de Educación de Cádiz.
Los padres habían iniciado la vía judicial ante las sospechas de que al menos ocho de los niños que sí habían sido aceptados en el centro habían cometido fraude en su solicitud de escolarización. Para probarlo, las familias llegaron incluso a contratar los servicios privados de un investigador. Según el informe de este detective, existían “graves irregularidades” en las designaciones domiciliarias. Las familias habían denunciado la actitud de Educación que, según aseguraban, había desarrollado una “escasa actitud probatoria” porque se había limitado a solicitar algunas pesquisas a la Policía Local de Cádiz. Los padres pretendían que la Administración fuera más allá, con informes de la Seguridad Social o Hacienda que sirvieran para comprobar si los niños que habían logrado entrar en el centro vivían efectivamente en los domicilios que habían señalado como residencia habitual.
El TSJA, sin embargo, considera insuficiente esta alegación, por lo que los niños deberán dejar el centro cuando finalice el segundo trimestre.
Otras 14 familias se vieron obligadas a cambiar de centro a principios de curso después de haber sido admitidas en San Felipe Neri, uno de los centros con más demanda de Cádiz. En este caso, fue la Delegación de Educación la que determinó que estas familias habían cometido fraude documental durante el proceso de escolarización.
La mitad de estos alumnos habían obtenido plaza en el primer curso de infantil, mientras que los otros siete iban a ingresar en primero de primaria. Tras la resolución administrativa, todos ellos perdieron la totalidad de los puntos obtenidos en la baremación y fueron asignados a otros colegios gaditanos.
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