Profesores de la UPV apoyan a sus compañeros procesados

Una representación del equipo rectoral de la Universidad del País Vasco (UPV), encabezada por el rector de la institución, Iñaki Goirizelaia, y su predecesor en el cargo, Juan Ignacio Pérez, se ha trasladado hasta los juzgados de Buenos Aires, en Bilbao para acompañar a los dos profesores cuyo juicio está previsto esta mañana, acusados de un presunto delito de prevaricación por permitir los estudios en esta universidad de dos miembros de ETA deportados. Los profesores han entrado en el palacio de justicia en medio de una concentración de profesores de apoyo, que representan a un millar de firmantes de un manifiesto de apoyo. Los acusados son el exvicerrector de la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Enrique Antolín y el tutor de estudios universitarios para reclusos presos Xabier Aierdi.

Estos dos profesores están acusados por permitir estudiar en la Universidad a los miembros de ETA Ángel Lete Echaniz, deportado en Cabo Verde y ya fallecido, y a Belén González Peñalva, deportada entonces en la República Dominicana, en virtud de los mecanismos previstos para estudios de presos, cuando ninguno de ellos estaba encarcelado y no podían acogerse a esas medidas especiales.

El juicio ha comenzado a la hora prevista en medio de una polémica con los medios de comunicación, que no han podido acceder a la sala de vistas. El aforo está limitado a una veintena de personas, insuficiente para albergar a los periodistas que quieren cubrir la sesión. La presidenta de la sala ha optado por desalojar a quienes se encontraban de pie. Solo tres agencias de noticias siguen el desarrollo del juicio dentro de la sala.

La UPV y el centro de Bergara de la UNED firmaron en 1988 un convenio para que alumnos presos en España pudieran estudiar una carrera en la UPV, que se extendió después a los reclusos en Francia, fundamentalmente de ETA. A ese sistema fueron incorporados dos etarras deportados por Francia: Ángel María Lete, enviado en 1985 a Cabo Verde, donde murió en 2002, y Belén González Peñalva, deportada en República Dominicana entre 1989 y 1999 y quien hoy cumple prisión atenuada en España al padecer un cáncer. El fiscal considera que la incorporación y mantenimiento de ambos etarras en este sistema para que fuesen alumnos de la universidad pública resultaba “arbitraria” y se hizo “sin cobertura jurídica alguna y sin recabar la autorización” de quienes fueron sucesivamente rectores de la UPV en ese tiempo: Pello Salaburu y Manuel Montero.