Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Alaya impone su criterio y asumirá la investigación de las grandes causas

El TSJA pidió a los tres magistrados un consenso que ha sido imposible

La magistrada Mercedes Alaya abandona los juzgados sevillanos. Ampliar foto
La magistrada Mercedes Alaya abandona los juzgados sevillanos.

La juez Mercedes Alaya ha impuesto su criterio. Salvo sorpresas de última hora, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) aprueba este martes que la magistrada acapare las cuatro causas por corrupción que investiga: el caso Betis,el delito societario y la venta de suelos en Mercasevilla, y los ERE. Alaya conserva las investigaciones después de seis meses de baja por enfermedad, pese a que el alto tribunal había asignado dos magistrados de refuerzo para agilizar los casos. Pero la titular ha rechazado la mano tendida, y entiende que se basta casi sola.

Alaya solo acepta la ayuda de uno de los dos jueces, porque entiende que un tercer magistrado sería innecesario, dado que dos de las cuatro causas están próximas a finalizar su instrucción. Y el juez que permanecería junto a ella en el juzgado estaría ajeno a las grandes causas.

El pasado viernes el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se reunió con los tres magistrados para pedirles que alcanzaran un consenso. Las caras largas tras el encuentro auguraban un fracaso, y así fue. Del Río explicó que los jueces hablarían entre sí el fin de semana, pero llegó el lunes y Alaya no varió su postura. Por la mañana remitió un breve escrito al presidente del alto tribunal en el que proponía conservar las grandes causas y contar con el apoyo de un juez de refuerzo “para la llevanza del resto del juzgado”, según fuentes del TSJA. Es decir, para que dicho magistrado se ocupe de los asuntos que entran a diario en el juzgado y así permitir que Alaya se centrara en las complejas investigaciones.

De este modo, tras mostrar la juez su rechazo a un reparto equitativo, los dos jueces de adscripción territorial, Rogelio Reyes y Ana Rosa Curra, que abogaban por esta división de las causas entre los tres instructores, han desistido de plantear batalla a Alaya, pese al principio de igualdad de jurisdicción. “La cuestión jurídica es que Alaya es la juez natural y predeterminada. El TSJA puede pedirle aclaraciones a su planteamiento, pero no tiene potestad para organizar el juzgado”, ilustran fuentes jurídicas. “Ambos magistrados son conscientes de que no son menos que ella, pero también de que ella es la titular”, añaden dichas fuentes.

Si se cumple el guion previsto, la Sala de Gobierno del alto tribunal aprobará este martes la tesis de Alaya, y es previsible que uno de los dos jueces de refuerzo abandone el juzgado para cualquiera de los múltiples órganos necesitados de agilizar los atascos que sufre la justicia andaluza.

El escenario que se abre ahora pasa probablemente por la salida de Curra, dado el escaso entendimiento que existe entre ella y Alaya. “Va a ser más fácil un mínimo entendimiento con Reyes”, apuntan otras fuentes del caso. Eso sí, el riesgo de que Alaya tenga una recaída, dada la gravedad de su enfermedad neuralgia del trigémino, es latente. Y si la juez se viera obligada a pedir otra baja por enfermedad, el TSJA otorgaría la instrucción a un magistrado diferente y que desde entonces permanecería adscrito a la investigación.

Tras los refuerzos impulsados por el TSJA para que el juzgado contara con hasta tres magistrados y transmitir la sensación de una gran apuesta por aclarar la corrupción descubierta, la apuesta se ha zanjado con un fracaso, dado el rechazo de Alaya a ceder parcelas de trabajo. Hace mes y medio, Del Río subrayó: “La justicia, o la hacemos ágil o no tiene sentido”. Días antes, el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, incidía: “Hay trabajo para tres jueces”. Alaya discrepa de la opinión de ambos, y antepone su terreno a la agilidad de las causas. “No se aplican los criterios de prudencia y racionalidad”, censuran ahora fuentes judiciales sobre la reacción de la juez.

Las dilaciones en estos procesos es una preocupación constante, con ejemplos tan graves como personas que llevan imputadas casi tres años (en el caso del delito societario de Mercasevilla) y aún no han sido llamadas a declarar. El problema es que la respuesta para comprobar si estos retrasos pasan factura y algún imputado sale beneficiado, se retrasará años, hasta que el juicio se celebre.

Si algo ha quedado claro con este último episodio, es que Alaya antepone las causas a cualquier riesgo de sufrir una recaída por la sobrecarga de trabajo.