La Justicia afronta su mayor malestar

“Un nivel tan generalizado de malestar en jueces, fiscales, abogados no lo había visto antes”. La frase de un miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior resume la convulsión que en los últimos meses vive la Administración de Justicia en Euskadi por un cúmulo de circunstancias que, según todos los consultados en diferentes estamentos, se resume en la conjunción, como en una tormenta perfecta, de dos hechos: la crisis y su impacto y, sobre todo, la sucesión de reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que han suscitado una alarma y un rechazo global “absolutamente nuevo”.

“Antes había disconformidades, pero la idea de que hablábamos el mismo lenguaje. Ahora creemos que el ministerio habla un idioma distinto”, razona un magistrado con más de 25 años en la carrera.

Ese serio malestar tiene una cifra: el 54% de los 187 magistrados titulares que trabajan en Euskadi (la comunidad autónoma suma 227 jueces y magistrados) secundaron el 20 de febrero la huelga convocada en toda España contra las reformas de Gallardón. “Es muchísimo para el País Vasco, normalmente menos guerrero”, reconoce el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija.

El seguimiento resultó muy parecido al registrado en donde el paro, tercero de jueces y fiscales en la democracia, tuvo mayor apoyo: la Primera Instancia y lugares con enorme carga de trabajo, como la cornisa mediterránea, Madrid y Barcelona.

Resulta “muy significativo”, dice el coordinador de Jueces para la Democracia (JpD) en Euskadi, Edmundo Rodríguez Achútegui. Y ello en una comunidad en situación objetivamente mejor que el resto, que fue avanzada en muchos aspectos en dotación de medios, aunque en cuestiones como la gestión informática sufre ya graves deficiencias, y cuyos resultados generales figuran entre los mejores de España. Por ejemplo, la tasa de congestión en el conjunto de jurisdicciones se situaba en el tercer trimestre del año pasado (últimos datos disponibles del Poder Judicial) en un 2,10, solo por detrás de Navarra, frente al 2,49 nacional.

¿Cuál es la crónica de este descontento? Fuentes judiciales coinciden en que arranca ya en 2011, cuando al final de la legislatura de Zapatero colapsa el pacto de Estado que PP y PSOE habían cerrado una década antes, con Aznar en La Moncloa, para modernizar la Justicia.

La viceconsejería recortará este año unos 6,3 millones en gasto corriente

Ya con Gallardón de ministro, no solo el proceso se para, sino que “parece que el objetivo ya no es modernizar, sino aplicar a la Justicia los recortes generales”, añaden esas fuentes. Con el acceso a la carrera absolutamente paralizado —de febrero de 2011 a enero pasado no se convocó ni una plaza en la Escuela Judicial—, el primer anuncio del cambio de parámetro llega cuando en julio pasado el recorte en sueldos y permisos a los funcionarios que decreta Rajoy se extiende de manera explícita a los jueces.

“El juez, integrante de un poder del Estado, pasa a ser considerado un funcionario ¿al servicio de quién? Porque los funcionarios, por definición, están al servicio de alguien”, razona un magistrado. Este desconcierto llega además cuando el Consejo del Poder Judicial vive su peor crisis por el escándalo del caso Dívar.

La siguiente suspicacia la genera la modificación de la ley de Tasas, una de las mayores polémicas de la legislatura, para elevarlas, que Gallardón anunció a mediados de febrero que cambiará de nuevo. Para arreglar la saturación de la justicia se opta por restringir la entrada de asuntos al circuito elevando las tasas. La impresión que cunde entre jueces, fiscales y abogados es que su fin es solo recaudatorio.

“Ahora mismo prestamos un buen servicio a los bancos, las aseguradoras, el propio Estado o la comunidad autónoma, los grandes litigantes en la mayoría de asuntos y, en cambio, al ciudadano que de vez en cuando ha de ir al juzgado con un problema se le han puesto muchísimas barreras económicas”, lamenta Rodríguez Achútegui.

“Exigir tasas en esas cuantías y con carácter universal está suponiendo ya un detrimento del derecho al servicio público de la justicia”, apostilla el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien cifra entre un 20% y un 30% la reducción de las demandas que llegan a los juzgados desde su entrada en vigor a mediados de diciembre.

Aunque aún es pronto para respaldarlo con datos, se está notando un aumento de denuncias en la jurisdicción penal, exenta de tasas, para evitar pagarlas donde han subido: la civil y la contencioso-administrativa. El retraimiento en estas dos últimas es evidente y menor en la social, en que la correspondiente Sala del Superior decidió que la condición de trabajador eximía de pago.

"Ahora creemos que el ministerio habla un idioma distinto", dice un magistrado

Está por ver si esa reducción compensará el notabilísimo crecimiento del número de causas por la crisis y todas sus derivaciones, con un correlativo aumento de la carga de trabajo que en el País Vasco, por ejemplo, ha desbordado a los juzgados de lo Social.

En el conjunto de España se ha pasado de gestionar desde el inicio de la crisis unos ocho millones de asuntos al año a 10 millones. En Euskadi, la tasa de litigiosidad (asuntos ingresados por mil habitantes) creció un 3,5% del tercer trimestre de 2011 al del año pasado, aunque aún está 12 puntos por debajo de la media nacional.

La reforma del Código Penal y la modificación del tratamiento de las faltas, con gran incidencia en los Juzgados de Instrucción, también enciende las luces rojas, mientras se va agriando la relación del ministerio con todas las asociaciones profesionales.

El último elemento de desconcierto llega el 28 de diciembre pasado, cuando se aprueba la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Permisos y licencias se reducen y gravan y se equiparán a los del común de los funcionarios. “Sentimos que el ministerio y las Cortes no saben en qué consiste nuestro trabajo, que no es de dedicación sujeta a horarios, sino de resultados”, deplora un juez vizcaíno.

La reforma reduce a la mínima expresión el recurso a jueces sustitutos y magistrados suplentes, que en Euskadi resuelven más del 20% de los asuntos. La inmediatez y gravedad de los problemas organizativos que se avecinan lleva a la Sala de Gobierno del Superior a reunirse ese mismo día para decidir medidas.

Los planes de sustitución voluntaria (jueces que por un complemento retributivo asuman trabajo de otro juzgado) han sido un fracaso: solo se han apuntado dos de los 227 jueces y magistrados vascos. Las sustituciones ordinarias (cubrir por turno una ausencia inferior a 15 días) y las registradas por plazas vacantes, excedencias o comisión de servicios estaban salvadas. El problema llega con las bajas superiores a 15 días o los permisos de maternidad y estudios.

Y aquí el Superior ve cómo el ministerio reduce la partida para sustitutos de 1,1 millones a 400.000 euros y, además, comunica que hasta el 25 de enero ya se había gastado el 44% de esta última cifra. Esta misma semana, el ministerio ha reconocido, ante el recurso de alzada del Superior, que hizo mal las cuentas: aunque no modifica la cuantía total, asume que había imputado a este año gastos de noviembre y diciembre pasados. Ello permitirá contratar seis sustitutos más al mes.

“Los jueces nos sentimos con un mayor grado de presión y no sabemos hacia dónde se legisla. Hablas con todos los compañeros y coinciden: cada vez vamos a peor”, opina González Guija.

A ese escenario de fondo, que afecta también a fiscales y abogados, a un panorama de “recortes muy importantes de un servicio público que hasta ahora no funcionaba del todo mal”, según el coordinador de JpD, se ha sumado otro conflicto más centrado en Euskadi. La consejería de Justicia logró la pasada semana desactivar las protestas que habían convocado los Colegios de Abogados de Bizkaia y Gipuzkoa, que en el primer caso incluían el cierre indefinido del Servicio de Orientación Jurídica y el cese en las designaciones de letrados de guardia y del turno de oficio, al comprometerse a ampliar en los presupuestos de este año la financiación de la asistencia jurídica gratuita y a simplificar su concesión.

La consejería ha heredado este conflicto del Gobierno de Patxi López, cuyo decreto de justicia gratuita tiene recurrido ante el Superior el Colegio vizcaíno. Ese decreto tendrá que ser además modificado ahora al cambiar la legislación estatal en esta materia y la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, quiere abordar la cuestión con todas las partes afectadas.

“Confiamos que las negociaciones que se inician den los frutos deseados y no nos veamos obligados a retomar en el futuro medidas similares” de protesta, trasladaba el decano vizcaíno, Nazario de Oleaga, a los colegiados en este territorio el mismo día que la consejería hacía su anuncio.

“En general, creo que la Justicia en este país está muy sana”, pese a los problemas. sostiene Agirre. Del Gobierno vasco dependen los medios materiales de la Administración de Justicia, que ahora deberán afrontar un ajuste. El recorte en el presupuesto de la viceconsejería rondará los 6,3 millones de euros, sin contar con el capítulo de gastos de personal, donde “no va a haber recorte alguno”, garantiza su titular.

“Intentaremos controlar lo máximo posible el gasto corriente y el gasto de inversión, mirando hasta el último euro”, añade Agirre, además, de negociar las posibilidades que ofrece la vinculación de las nuevas tasas a la financiación de la asistencia jurídica gratuita. “Tenemos que procurar que los medios materiales y personales sean adecuados”, remata la viceconsejera.